MÉXICO, D.F: El relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para México, James Cavallaro, sostuvo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha demostrado tener la capacidad para responder eficientemente en situaciones de desapariciones forzadas e impunidad.
La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, advirtió, deberá marcar un “parteaguas” en la obligación del Estado mexicano para evitar que hechos como ese se repitan en el futuro.
Luego de oficializar en la sede de la Cancillería el acuerdo a través del cual la CIDH brindará asistencia técnica en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 jóvenes, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, coincidió en la necesidad de que México debe reforzar su capacidad de prevención y respuesta a casos de desaparición forzada.
El grupo interdisciplinario que designará la CIDH llegará pronto a México para ofrecer su asistencia técnica en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y para supervisar las investigaciones que realizó y sigue llevando a cabo el gobierno mexicano para esclarecer los hechos.
Así quedó plasmado en un adendum que firmaron hoy Álvarez Icaza, los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas en el caso de Ayotzinapa a través del representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, y representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), así como de la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior, en medio de “momentos de grave angustia, zozobra e impotencia” por la que están atravesando los padres y familiares de los normalistas víctimas de desaparición forzada, sostuvo Cavallaro al precisar que, a casi dos meses de la tragedia, “aún no se conoce el paradero de los 43 estudiantes”.
El adendum firmado hoy formaliza el acuerdo sobre la asistencia técnica del grupo interdisciplinario que firmaron los representantes de las mismas entidades y organismos el miércoles 12. Sin embargo, según integrantes del Centro Prodh consultados hoy por Apro, los expertos todavía no han sido designados y tampoco existe una fecha para que el grupo inicie su trabajo.
Durante seis meses –la duración de su mandato, que podrá ampliarse–, los expertos tendrán acceso a los expedientes de las investigaciones realizadas hasta la fecha, así como a las instalaciones “necesarias para realizar su trabajo”.
El grupo elaborará planes de búsqueda conformes a “los más altos estándares internacionales” y analizará si la PGR realizó todas las acciones y empleó toda la tecnología necesaria para localizar a los desaparecidos.
Asimismo, el grupo revisará la investigación penal que lleva a cabo la PGR para verificar que las autoridades agoten las líneas de investigación y sancionen a los responsables de la desaparición forzada.
Cavallaro urgió al Estado mexicano a aplicar las recomendaciones que formulará el grupo. “Es decir, se espera que estas recomendaciones tengan un efecto en los procesos, políticas y prácticas de investigación en todos los casos de desaparición forzada a nivel nacional para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
El acuerdo plantea que el grupo se enfocará “particularmente” sobre los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales. Además, otorga a los expertos la capacidad de coadyuvar en las indagaciones y de presentar denuncias penales.
El grupo interdisciplinario dará seguimiento a la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 3 de octubre a los estudiantes desaparecidos, así como a los normalistas heridos durante la agresión que sufrieron en la noche del 26 de septiembre.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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