En caso de que las autoridades ministeriales no imputen otros delitos al ex alcalde y a su esposa, ambos serán trasladados a un penal de máxima seguridad para quedar a disposición del juzgado primero de distrito de Tamaulipas, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. La PGR no imputó a Abarca ni a su esposa el delito de desaparición forzada de personas.
Esta semana varios abogados penalistas, además de los miembros de la comisión legislativa que investiga el caso Ayotzinapa, informaron que en el caso de los estudiantes hubo desaparición forzada y grave violación a sus derechos humanos.
De su lado, fuentes del Poder Judicial Federal dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) pidió el pasado lunes a un juzgado especializado en medidas cautelares una autorización de cateo para poder ingresar a una casa ubicada en la calle Jalisco número 27, en el pueblo de Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, donde fue detenida la pareja de esposos.
Por otra parte, según consta en la causa penal 100/2014, abierta por el juzgado primero de distrito, Abarca y Pineda ordenaron a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos , que ejecutara a los estudiantes y se deshiciera de los cuerpos.
Del contenido de ese expediente, al que tuvo acceso La Jornada, se desprende que la Procuraduría General de la República (PGR) aún no tenía claro -al menos hasta antes de la detención del ex alcalde de Iguala y de su esposa- el móvil que llevó a los miembros de Guerreros Unidos a desaparecer a los estudiantes.
La orden de captura se sustentó en los dichos de Casarrubias, de agentes de la policía municipal de Iguala y de otros integrantes de Guerreros Unidos, ya detenidos, quienes declararon en la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido) que la esposa de Abarca fue quien directamente dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Uno de los detenidos, apodado El Mente, sostuvo ante fiscales de Seido que la mujer dio esa órden en represalia por el hecho de que algunos directivos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa han permitido que miembros de la banda criminal Los Rojos (antagónica de los Guerreros Unidos) se infiltren durante las protestas y campañas de boteo que realizan comúnmente los normalistas.
Otro detenido, apodado El Chino, sostuvo que aunque no participó durante la agresión de los normalistas ni estuvo presente cuando los policías de Iguala y de Cocula dejaron a los estudiantes secuestrados en manos de sicarios de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias ordenó mediante su celular “que nos deshiciéramos de los estudiantes, porque la alcaldesa (María de los Angeles Pineda) quería darle una lección a los hijos de la chingada de Los Rojos por haberse infiltrado entre los de Ayotizinapa”, según consta en la causa penal 100/2014.
Sobre el paradero de los normalistas tampoco existe certeza aún en la PGR.
Del expediente al que tuvo acceso este diario se puede saber que luego de haber sido detenido Casarrubias, aseguró ante la Seido que los muchachos fueron quemados y sus cenizas arrojadas a un río.
Sin embargo, otros cuatro detenidos, entre ellos El Chino y El Mente, dijeron que después de asesinar a los estudiantes los enterraron en una fosa clandestina que se ubica en un monte entre Iguala y Cocula.
Del 4 de octubre a la fecha la PGR ha localizado 38 cuerpos en 10 fosas ubicadas en Guerrero, pero hasta ahora ninguno de los cadáveres corresponde a alguno de los 43 normalistas desaparecidos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
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