La búsqueda loca de la PGR

A ciencia cierta, el procurador Jesús Murillo Karam no sabe cómo o dónde buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sus peritos van por ahí, dando bandazos en la incertidumbre, tropezándose con los agentes de la procuraduría guerrerense y  con el equipo de forenses argentinos y, al mismo tiempo, tratando de remediar las pifias de las autoridades locales y montando espectáculos fallidos para los medios. No saben si buscar más fosas, si revisar cuevas, cárceles o bodegas. Y ante el airado reclamo de los familiares de los estudiantes, el discurso cambió: los buscaban muertos y ahora los buscan vivos, pero con los mismos resultados.

MÉXICO, D.F: Quienes lo han visto en estos días describen al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como un hombre preocupado, con los ojos rojos por las horas robadas al sueño, que maneja casi de memoria los datos clave de las declaraciones de los detenidos – a quienes en ocasiones él mismo ha interrogado– relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Tiene en la pared de su oficina diagramas y mapas para darle sentido a la información.

La búsqueda de los estudiantes guerrerenses detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes los entregaron a criminales y –según han declarado– éstos a su vez a otros y éstos a otros, tiene a Murillo, a su equipo de trabajo y al gobierno de Enrique Peña Nieto contra las cuerdas y bajo el escrutinio internacional.

Pese a que “toda la fuerza del Estado mexicano” está dedicada a la búsqueda –6 mil 800 soldados, 900 marinos, 110 peritos, 300 investigadores, mil 870 agentes de fuerzas federales y 50 ministerios públicos federales– a cinco semanas de la desaparición ninguno de los estudiantes ha sido hallado.

La numeralia gubernamental es que hubo mil recorridos y 142 vuelos de rastreo, la revisión de 110 lugares, 13 cateos, la detención de 54 personas, 26 órdenes de aprehensión, 20 mil volantes repartidos y la oferta de un millón de pesos de recompensa para informantes (de una bolsa de 64 millones).

Se sabe que revisaron el paraje de Pueblo Viejo y Lomas de Zapatero, el batallón de infantería y la zona militar, los separos de la policía y la cárcel municipal (en Iguala). Los operativos, según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se han hecho en Mayanalán (“donde había movimiento de gente”), cuevas y minas antiguas de Huitzuco y Taxco; ríos, casas, una iglesia en Cocula; una presa en el Alto Balsas…

Desesperadas ante la ineficiencia gubernamental, las familias manifestaron que si sus hijos están muertos únicamente aceptarían los resultados de las identificaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. Rechazaron a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –la cual presume más de 900 diligencias en Ayotzinapa–, instancias de las cuales desconfían.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.