Así lo considera el presidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que integra a 54 mil abogados, José de Jesús Naveja Macías.
Los casos más urgentes donde debería frenarse la implementación son Guerrero y Michoacán. Allí debe funcionar el nuevo sistema en febrero y junio de 2016, respectivamente, indica.
Las nuevas medidas para una política de seguridad, que serían anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto mañana, pasan por la eliminación de las policías municipales y el fortalecimiento de un sistema penal.
Pero este no puede implementarse en un clima falto de paz social.
“En muchos de los estados donde se vive un colapso social puede haber una complicación en la implementación del sistema.
“Una transición en un momento social de crisis la hace más complicada. Sí pensaría yo que se reculara un poco hasta en tanto se estabilice socialmente cada uno de estos estados”, dice el maestro en derecho constitucional y amparo por la Universidad de Guadalajara.
El litigante considera que los conflictos se han extendido en el país por falta de justicia social.
“Debe ponerse especial énfasis en ello antes de implementar un sistema que puede tener beneficios, pero si no blindamos moralmente a cada uno de los operadores no se va a avanzar, porque el ciudadano tiene nula credibilidad al sistema”, asegura en entrevista desde Guadalajara.
Confusión social
José de Jesús Naveja Macías fue electo el año pasado para dirigir la Confederación más grande de abogados del país, compuesta por 359 colegios, barras y asociaciones.
Considera que existe una confusión social en que el nuevo sistema disminuirá la impunidad y la delincuencia.
Entre las acciones urgentes antes de la implementación está el congelamiento del presupuesto para impartición de justicia, que no sea volátil de un año a otro.
El litigante considera que sin prevención y rehabilitación del tejido social, “la contención no nos va a servir de nada. No vamos a cambiar un estado constitucional por un estado de policía”.
Otro elemento fundamental es la independencia del poder judicial, la especialización de los magistrados y que éstos sean electos “sin manejo de compadrazgos”.
Estas medidas “pueden desenmarañar todo este tipo de conflictos que estamos viviendo”.
Insiste en que “es importante que se traslade de un sistema a otro, pero ahora en muchos estados las complicaciones sociales lo hacen imposible”.
Antes de ese cambio la mayoría de los operadores deben estar formados.
Operadores inexpertos
La implementación del sistema penal acusatorio se dio inicialmente en los estados.
“Esto trajo muchos conflictos, incluso mucha prostitución en la enseñanza del sistema, con un manejo muy diferente y en muchos lugares con un nulo entendimiento del mismo”, detalla José de Jesús Naveja Macías.
A partir de esta necesidad, se gestó el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en marzo de este año. Estuvo inspirado esencialmente en los códigos de Chile y Colombia, estados constituidos de forma unitaria, no con entidades federativas, como México.
El sistema anterior, dice el experto, estaba “anquilosado y aletargado”, lo que hacía imposible que se cumpliera la norma constitucional de que los ciudadanos reciban una justicia pronta, expedida y completa.
Pero el Código aprobado en marzo “presenta muchas deficiencias”. Una de las principales es que los operadores comienzan a probarse sobre la marcha.
“Si bien hay un proceso de capacitación de tiempo atrás, los capacitadores jamás han estado presentes en un juicio oral, no tienen la experiencia ni la vivencia en el tema, lo que puede implicar que muchos que lleven a cabo la defensa privada puedan incluso ser sacados de audiencias y el derecho de defensa y de asistencia de letrados pueden ser violados”, explica el socio fundador de la Asociación.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
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