Y ya se sabe: En la turbiedad prospera la corrupción y toda suerte de complicidades.
Emblemático de esta trama de intereses, opacidad y excesos es Arturo Montiel Rojas, cuyo enriquecimiento fue solapado por su sucesor en el gobierno del Estado de México, su sobrino Enrique Peña Nieto, cuya fortuna, a su vez, sigue siendo también muy turbia.
No sólo auspició Peña una duda razonable sobre el origen de sus bienes cuando asentó, en su declaración patrimonial, que seis de las nueve propiedades inmobiliarias que posee –el 65%– le fueron “donadas” y al no declarar montos de sus cuentas, sino que incumplió con el mandato legal de incluir los bienes de su cónyuge, Angélica Rivera Huerta.
¿Cuántas propiedades posee la esposa del presidente de la República? No se sabe, porque Peña decidió no declararlas y lo conocido es sólo lo que ella ha dicho públicamente: Que posee una casa en Miami y otra en Palmas 1325, justo a un lado de la ubicada en Sierra Gorda 150, la que descubrió el equipo de Carmen Aristegui como propiedad de la pareja presidencial que no está declarada y que custodia el Estado Mayor Presidencial (EMP).
“Esta casa (de Palmas 1325) como la de Miami me las he comprado con el fruto de todos mis años de trabajo”, le contó Angélica Rivera al reportero Alberto Tavira, en 2009, pero en realidad esa propiedad –con un valor de 27 millones 651 mil 744 pesos– se la transfirió Televisa el 14 de diciembre de 2010, a sólo 17 días de que se casó con Peña, siendo gobernador del Estado de México.
No sólo eso: El equipo de Aristegui Noticias comprobó que justo ese mismo día, el 14 de diciembre de 2010, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro compró la casa con el predio de Sierra Gorda 160, a fin de continuar la construcción de la residencia de Sierra Gorda 150, cuyo avalúo asciende a 86 millones de pesos.
Tantos millones manejados por una actriz de Televisa, casada con un exgobernador y presidente de la República, llaman la atención.
Y aquí es donde entra la otra parte de la trama: Ingeniería Inmobiliaria del Centro, a la que “La Gaviota” supuestamente le compró la mansión presidencial de Sierra Gorda 50, es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, cuyo grupo empresarial Higa es uno de los favoritos de Peña desde que fue gobernador y ahora en el gobierno de la República.
Tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal, Hinojosa Cantú hizo multimillonarios negocios en el sexenio de Peña: Entre 2006 y 2011 obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por el reportero de Proceso Arturo Rodríguez.
Los 36 mil millones de pesos son el mismo presupuesto que ejerció la UNAM este año.
A otra de las empresas del grupo de Hinojosa Cantú, Constructora Teya, le fue asignada, en julio, la obra de ampliación del hangar presidencial, por un monto de mil millones de pesos para alojar –por apenas tres años– el nuevo avión de Peña que costará 7 mil 500 millones de pesos.
Y hay que recordarlo: Teya Construcciones forma parte del consorcio que obtuvo la asignación (fue el único participante) para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos, pero que, por decisión de Peña, fue cancelada intempestivamente la noche del jueves 6, en vísperas de que se reveló la mansión presidencial.
En ese consorcio, encabezado por la empresa China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, participó también el Grupo GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas, padrino político de Peña Nieto.
Si la del tren había sido una licitación impecable, ¿por qué Peña tomó la decisión de cancelarla, si además nos costará a los mexicanos una indemnización millonaria? Y si es impecable también la casita de Las Lomas, ¿por qué no hacen público el costo y las condiciones de compra de la señora Rivera a la empresa de Hinojosa Cantú?
Por eso, en este episodio, es tan importante el vendedor como el monto y las condiciones de la operación, como la tasa de interés, el monto de cada pagaré mensual que paga la señora Rivera, sobre todo si, por lo menos desde diciembre de 2012, no tiene ingresos por ostentar un cargo honorario.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber si la mansión de 86 millones de pesos es una “donación” a la pareja presidencial por parte del empresario favorito de Peña.
El tema da para más porque la turbiedad es el sello de la casa…
Apuntes
Llama la atención que en la página de los espacios noticiosos de MVS, su página de Internet y su cuenta de Twitter no haya una sola referencia al trabajo del equipo de Aristegui. Ojalá que el gobierno de Peña no tenga la misma tentación de Felipe Calderón, que ordenó a los Vargas, dueños de MVS, el despido de Aristegui y que debió reinstalar tras una vigorosa movilización ciudadana. La empresa es de los Vargas, pero el espectro radioeléctrico es de los mexicanos y Peña sólo está de paso…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
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