Con la revisión que hace el Gobierno Federal a los manejos financieros recientes se avizora un escándalo mayúsculo.
Solo en el ejercicio 2013, del último año completo de la gestión priista de Fausto Vallejo-Jesús Reyna, la administración pública estatal de Michoacán sufrió un quebranto por más de 10 mil millones de pesos.
Los recursos fueros sustraídos del presupuesto de obras que ni siquiera se iniciaron, reconoce el diputado Reginaldo Sandoval Flores.
Entre las irregularidades que se han detectado, una vez que la Auditoría Superior de Michoacán ha hecho una revisión minuciosa a la cuenta pública, al ser entregada al Congreso Local para su aprobación, destacan observación de desvío de recursos en por lo menos 15 secretarías del gobierno estatal.
Las áreas que mayores observaciones tienen son la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, Coordinación de Comunicación Social, Secretaría de Finanzas y el mismo Despacho del gobernador a través de las dependencias a su cargo.
Las primeras observaciones que se realizaron al gasto general del gobierno estatal del año pasado señalan la posibilidad de desvíos de recursos.
“Son miles de millones de pesos los que no se han ubicado en su origen, por lo que esta legislatura tendrá que ser responsable, a fin de instruir al órgano fiscalizador que haga su trabajo y finque las responsabilidades penales a quienes saquearon el estado”, dijo el diputado Sandoval.
La hipótesis general del Gobierno de la República, desde que asumió a través del comisionado Alfredo Castillo el mando administrativo y de seguridad de Michoacán, apunta a que gran parte de los fondos públicos estatales estaban siendo destinados a células del crimen organizado, los que pactaron acuerdos de financiamiento con algunos funcionarios.
En base a lo anterior, existen indagatorias en la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE) que apuntan a la posibilidad de que gran parte de esos fondos económicos faltantes en la cuenta del 2013 fueron distribuidos entre algunos funcionarios de primer nivel, incluidos algunos alcaldes, para ser entregados a los jefes de plaza del cartel de Los Caballeros Templarios, que dominaron en su momento todo el territorio estatal.
Los alcaldes en la mira
Tras revisar la cuenta pública ejercida durante el año pasado, funcionarios de la Auditoría Superior de Michoacán han encontrado desvíos de recursos económicos en por lo menos el 90 por ciento de las obras proyectadas para todo el estado, muchas de las cuales ni siquiera se comenzaron, otras tienen un retraso de más de tres años.
El saqueo del que fue objeto la administración pública de Michoacán durante el año pasado no solo es inherente a funcionarios del ámbito estatal, también hay alcaldes que podrían ser llamados a cuentas por los desvíos de recursos detectados.
En 99 de los 113 municipios de la entidad las cuentas no están claras.
Las principales irregularidades detectadas en la cuenta de los municipios, de acuerdo a la Auditoría Superior de Michoacán, tienen que ver con discordancias en montos de inversión de las obras terminadas, falta de comprobación de gastos, presupuestos inflados, falta de licitación de obras o intervención de empresas de los alcaldes en la construcción de obras municipales.
El monto de desvíos de recursos en los municipios de Michoacán, sólo en el año 2013, podría ascender a casi 700 millones de pesos, lo que podría fincarse en responsabilidades para al menos la mitad de los presidentes municipales de la entidad.
Esta es la primera ocasión en más de 20 años en que al menos el 50 por ciento de los ediles podrían ser responsabilizados por malos manejos administrativos.
La cuenta a revisión
Los diputados estatales deberán aprobar o no los gastos realizados por los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, los que no se han comprobado en más de 3 mil millones de pesos.
La Comisión Inspectora ya conoció de viva voz los desvíos encontrados, los que se fundamentan en 2 mil 206 observaciones, que involucran a por lo menos 22 funcionarios de primer nivel de la gestión Vallejo-Reyna.
La cuenta pública entregada al Congreso Local deberá aprobarse o rechazarse por el pleno del Congreso antes del 31 de diciembre de este año. Si se avala, no habrá forma de fincar responsabilidad a ninguno de los funcionarios que presentaron irregularidades en el manejo de los recursos.
Un gobierno con ‘experiencia’
De negarse la aprobación de esta cuenta pública, no sería la primera vez que eso sucede en la legislatura estatal.
La cuenta de gastos del 2011, la del último año de gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, no fue aprobada por el pleno. Tampoco se aprobó la cuenta del primer año de Fausto Vallejo, la del 2012.
Tras rechazar la cuenta pública del último año de Godoy, la actual legislatura instruyó a la Auditoría Superior de Michoacán para que fincara responsabilidades a los servidores que desviaron fondos.
Por lo que respecta a la cuenta pública del 2012, que no le fue aprobada a Vallejo, la Auditoría ubicó malos manejos en por lo menos 8 dependencias de primer nivel de la administración estatal, que derivó en la investigación penal contra 6 funcionarios de primer orden.
Ayer jueves fueron detenidos la que fuera secretaria de Finanzas en la administración de Godoy, la contadora Mireya Guzmán Rosas, acusada de peculado, y el exdirector de Patrimonio estatal, Francisco Márquez.
No es delito grave
A la fecha, el desvío de recursos cuantificable en los últimos tres años de gobierno en Michoacán ya llega a los 20 mil millones de pesos.
No hay nadie preso por ese delito. Solo tres exfuncionarios –dos secretarios estatales y un alcalde- están procesados, pero se encuentran en libertad tras el pago de una finanza.
El delito de peculado en Michoacán es grave, pero no tanto. El Código Penal local establece en el Artículo 176 que se impondrán de seis meses a nueve años de prisión al funcionario o empleado del Estado, o de un municipio, que en provecho propio o ajeno distraigan de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado.
Ese ordenamiento se suaviza con el Artículo 177 del mismo código, que dice que la sanción será de uno a seis meses de prisión y multa de diez a cien días de salario, si dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se descubrió el delito, devuelve lo sustraído. Bajo ese argumento se encuentran en libertad los exfuncionarios que robaron al estado.
Algunos diputados reconocen que las fracciones del PRD, PAN y PRI se niegan a reformar el Código Penal del estado a fin de aplicar sanciones más severas a quienes saquen los fondos del Gobierno Estatal de Michoacán.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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