“Lo que vemos –dice– es una muestra, una válvula de escape que se tiene a través de una activa participación y movilización social, que se dejan ver ante estos dos acontecimientos gravísimos, donde paradójicamente el único soporte que tiene Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República son las Fuerzas Armadas”.
En entrevista, el militar retirado indica que según el Observatorio Geopolítico de los Grupos Armados en América Latina existen en México 42 grupos de este tipo.
“El gobierno debe ser muy cuidadoso porque puede provocar una guerra civil en el país: lo estamos viendo en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero; hay 16 entidades federativas con presencia de grupos de autodefensa”, refiere.
Estos grupos, añade, surgieron no para pedirle la renuncia a Peña Nieto o con el propósito de destituir y suplantar al gobierno, sino porque “no hay gobierno, no hay instituciones y existe un vacío de poder que se ha creado porque tenemos autoridades de origen ilegítimo, que han llegado a través de fraudes electorales”.
Gallardo Rodríguez, quien durante casi nueve años estuvo recluido en una prisión militar por haber propuesto la creación de un ombudsman al interior del Ejército, señala que actualmente en México hay un pacto de impunidad que tiende a romper las estructuras políticas, jurídicas y sociales.
“Esto ya no lo puede soportar el gobierno; necesita, no sé… que renuncie Enrique Peña Nieto, que se convoque a elecciones libres, que no se meta nadie a comprar votos y que la gente vote libremente para que lleguen autoridades auténticas, autoridades representantes de la sociedad”, dice.
A juicio de Gallardo, “el gobierno es muy astuto, calcula los daños colaterales, pero aquí lo que está pasando es que la situación ya se le salió de las manos”. Ante el actual estado de las cosas en México, agrega, las autoridades están analizando “como un laboratorio” lo que ocurre en Guerrero, donde la represión provocó una movilización muy importante de una parte de la sociedad que está abandonada, como son los jóvenes.
Y revela una decisión que le comunicaron algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa:
“Me había reservado, pero te lo voy a decir porque es un hecho y quiero que lo sepa el gobierno: a mí me dijeron los padres de familia ‘si nuestros hijos no aparecen, nos vamos a levantar en armas’, eso me dijeron ellos. ‘Nos vamos a levantar en armas, general, porque esto no se vale, nosotros no somos criminales, nosotros queremos que aparezcan nuestros hijos’. Yo me acerqué y les dije ‘cómo les puedo ayudar’. Y me dijeron ‘que aparezcan nuestros hijos, general. No queremos dádivas del gobierno, no queremos que nos regalen nada, queremos a nuestros hijos’. ¿Te das cuenta? ¿Entonces a qué le tira el gobierno?”.
El general Gallardo considera que el gobierno federal se está preparando para reprimir a la población. Ubica la quema de las puertas del Palacio Nacional y la destrucción de una unidad del Metrobús en Ciudad Universitaria como acciones de “provocadores que el mismo gobierno incita”, al grado de que este último hecho propició que la policía ingresara a la Universidad y violara su autonomía.
A la vez, el presupuesto para el gasto de defensa “ha aumentado escandalosamente: en la época de Felipe Calderón creció 600% para policías, Ejército y Marina, y ahorita acaba de aumentar otra vez, de qué se trata, cuando todos esos recursos se deberían utilizar en salud, educación, carreteras, etcétera”.
Lo anterior, abunda el militar, muestra que México está viviendo una situación de Estado de facto, que es un rompimiento de las estructuras sociales, aunque hay entidades de la república que mantienen cierto equilibrio.
Gallardo Rodríguez está convencido de que el único responsable de los hechos sangrientos de Tlatlaya e Iguala es el presidente Enrique Peña Nieto porque según la Constitución es jefe de Estado, jefe de Gobierno, jefe de la administración pública federal, jefe de la seguridad pública y comandante supremo de las fuerzas armadas.
“Además, en un Estado como el mexicano, donde hay una estructura vertical, donde no se mueve una hoja si no lo ordena el presidente, ¿quién es el responsable? El presidente de la república, nada más”.
Recuerda que jurídicamente hay una tesis por la cual se ha investigado a los Estados o a los gobiernos criminales, que se llama “dominio del hecho”.
“¿Qué dijo Enrique Peña Nieto cuando llegó a la presidencia: ‘el Ejército va a continuar en las calles’. Esa es una política de dominio del hecho, porque él está permitiendo que militares actúen en contra de la población civil a través de una política de seguridad pública”, cuestiona.
No obstante, José Francisco Gallardo considera imposible que en las actuales circunstancias se le instaure un juicio político a Enrique Peña Nieto, porque hay muchos intereses y lo encubre la clase política.
Sostiene que la única forma de que se solucione el problema de la violencia en México es que ésta llegue hasta las cúpulas y “ya está llegando”.
Asimismo, se requiere que la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones de ese nivel hagan una revisión de la política de seguridad que se está implementado en México, tal como se ha solicitado desde el gobierno de Calderón y ahora en la actual administración.
“Es muy necesario que intervengan porque si no va a seguir habiendo matanzas como las que acabamos de presenciar en Guerrero y Tlatlaya”, concluye Gallardo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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