De acuerdo con Artículo 19, el Mecanismo de Protección a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha cumplido con sus obligaciones de dar seguimiento a las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y por ello, subrayó, es necesaria que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH tome cartas en el asunto.
En un comunicado, consideró que el encarcelamiento del periodista y activista maya se basa en la fabricación de pruebas y en represalia a las críticas que hizo contra el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en un video grabado el pasado 26 de agosto, cuatro días antes de su aprehensión.
Canché, añadió, es víctima de un montaje judicial al servicio del gobernador, ya que no existen pruebas que demuestren su culpabilidad en el delito de sabotaje, e incluso señaló que las autoridades han violado su derecho a un proceso justo.
Dentro de las violaciones al debido proceso, Artículo 19 destacó que el perito responsable de integrar la investigación se presentó en el lugar de los hechos un día antes de que iniciara la apertura de la averiguación previa contra Canché.
Además, según los policías judiciales, bastaron siete horas para recabar e integrar pruebas, sin contar que la investigación se armó en 48 horas y está basada solamente en testimonios de integrantes de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que ubicaron al periodista en el plantón iniciado el 11 de agosto contra el aumento a las tarifas del servicio de agua en el municipio.
No obstante, refirió, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) desestimó que el comunicador estuvo en la manifestación para documentar el desalojo violento ocurrido el 13 de agosto.
La organización también denunció a Lino Magos, titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial del estado, quien desde su cuenta de Twitter acusó a Canché, entre otras cosas, de ser un “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”.
“Es decir, quien supuestamente tendría que defender a la sociedad es el mismo que acusa y descalifica a las voces críticas del gobierno de Quintana Roo”, explicó Artículo 19.
De igual manera, acusó a los organismos de derechos humanos de servir de cómplices en los ataques contra las voces disidentes en la entidad.
“Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha mostrado débil ante la negativa de informar sobre la investigación y el estatus jurídico del comunicador, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo se ha negado a investigar a las autoridades locales por posibles violaciones de derechos humanos”, subrayó en su comunicado.
Por separado, el periodista Pedro Canché aseguró que su encarcelamiento se debe a la labor periodística que desempeña, y responsabilizó al gobernador Roberto Borge de su aprehensión.
“Estoy encarcelado por ejercer el periodismo… en México, habremos muchas víctimas, yo soy víctima de la justicia que está al servicio del gobernador”, afirmó el activista, quien desde hace 80 días permanece en prisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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