En menos de dos meses, Peña Nieto ensayó tres respuestas frente a la crisis por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de seis, la trágica noche del 26 de septiembre:
Primero minimizó el problema. Era un asunto de Guerrero y de presuntos jóvenes “revoltosos”. Tardó diez días en asumir una primera posición pública frente a lo que ya se consideraba una de las peores tragedias ocurridas en México. Reaccionó hasta el hallazgo de 28 cuerpos en narcofosas y la airada cobertura de los medios internacionales. Su primer diagnóstico lo impidió visitar, hasta ahora, Iguala.
Después, quiso ser empático con los padres de familia y con las manifestaciones que comenzaron a proliferar por todo el país y por el mundo. La #AcciónGlobalPorAyotzinapa se convirtió en el emblema de una pesadilla para el gobierno peñista. Su desencuentro en Los Pinos con los familiares de las víctimas demostró la impostura de sus gestos. Ni la renuncia de Ángel Aguirre, ni la detención del narcoalcade José Luis Abarca, ni la evidente complicidad de la dirigencia del PRD en el caso evitaron que en las calles y en las redes sociales proliferaran las consignas: “Fue el Estado” y “Fuera Peña”.
Tras su regreso de su gira por China y Australia, Peña Nieto dio un “golpe de mando” en su línea discursiva. El fracaso de la conferencia de Jesús Murillo Karam (reflejado en 13 días continuos de la frase #YaMeCansé como Trending Topic), el escándalo de la propiedad no declarada de la Casa Blanca de Las Lomas de Chapultepec con un valor de 7 millones de dólares, y las presiones discursivas del secretario de la Defensa que se quejó por las “insidias” y “rumores” contra el Ejército, provocaron la peor respuesta frente a la crisis: intimidar con el uso de la “fuerza legítima” y aplicarla en la manifestación del 20 de noviembre.
El discurso contra “los violentos” no se orientó contra los narcoalcaldes, los agentes policiacos y ministeriales, gobernadores y funcionarios involucrados con el crimen organizado y corresponsables de la proliferación de las narcofosas, sino contra un puñado de 26 jóvenes arrestados tras una manifestación masiva, indignada y pacífica del 20 de noviembre. De los 26, la Procuraduría General de la República (PGR) formuló cargos contra 11, incluyendo a un joven chileno estudiante del posgrado en Letras.
El nuevo expediente de violencia física contra los 11 consignados ha encendido de nuevo la indignación social. Se les acusa de delitos tales como “motín” y “tentativa de homicidio”, y fueron trasladados a penales de alta seguridad de Veracruz y Nayarit. Se les mantuvo incomunicados, se les negó el derecho a elegir a sus abogados, se les maltrató verbal y físicamente.
Las evidencias contra estos 11 jóvenes son endebles porque no se trató de detener a los auténticos provocadores –muchos sospechosamente protegidos por los propios granaderos y cuerpos de seguridad–, sino de una puesta en escena represiva para responder a la nueva línea discursiva del presidente: “No a los violentos”.
Ojalá y se tratara, efectivamente, de frenar a los violentos. Si así fuera, muchos gobernantes, jefes de policía, generales, tenientes y soldados involucrados con la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales que han proliferado en todo el país desde 2007 a la fecha, estarían detenidos, juzgados y sancionados y no serían premiados.
Los “violentos”, desde que Peña Nieto asumió el poder el 1 de diciembre, siempre han respondido a un perfil: jóvenes, estudiantes, manifestantes, críticos, pensantes, menores de 30 años.
¿Por qué Peña Nieto odia a los jóvenes? Aquí algunas respuestas que no ha sido capaz de debatir el gobierno federal y el PRI:
Porque esos jóvenes críticos desde la campaña de 2012 le reprocharon su talante violento frente al conflicto de Atenco.
Porque esos jóvenes no creen en la construcción del tele presidente que costó cientos de millones de pesos del erario ni respetan el reality show armado desde la impostura.
Porque esos jóvenes reclaman un cambio en la política y no un retorno al espíritu de Gustavo Díaz Ordaz o, peor aún, al de una “dictadura benigna” al estilo de Porfirio Díaz, tan admirado por Peña Nieto desde su tesis de licenciatura de la Universidad Panamericana.
Porque esos jóvenes están hartos de la corrupción, de la persecución en su contra, del fuego cruzado que ejercen los sicarios del narco y los cuerpos policiacos contra ellos.
Porque muchos de esos jóvenes son como los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y porque muchos más son como los 11 detenidos el 20 de noviembre.
Porque Peña Nieto y su equipo de “jóvenes mirreyes” no entienden que existan otros jóvenes que se atrevan a utilizar las redes sociales, el internet, y a no creer en su “narrativa” de éxito. Son jóvenes, como los del 68, el 85, el 88 y el 2000, que quisieron abrir las compuertas del sistema y se encuentran con un nuevo Estado autoritario y paramilitar.
Si el odio de Peña Nieto no se modifica, sus dos primeros años de gobierno serán el ejercicio de una nueva rebelión generacional que, al mismo tiempo, es una conmoción moral.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).
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