La recomendación, de 386 fojas y 46 anexos documenta 47 casos de tortura con 95 víctimas, y está dirigido a las siguientes dependencias capitalinas: Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), a la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF), a la Consejería Jurídica capitalina y a la Secretaría de Gobierno, de la que depende la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Como autoridad colaboradora se señala al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Los derechos vulnerados en estos casos registrados entre 2007 y 2013 son: a la integridad personal, a la libertad personal, en particular a no ser detenido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación.
También se violó el derecho al debido proceso como a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia y asistencia consular; el derecho de acceso a la justicia para que se investigue eficaz y oportunamente y se repare el daño a las víctimas. En el caso de las mujeres, fue coartada la garantía de una vida libre de violencia y derechos del niño frente a procesos de procuración de justicia.
Alma Mata, titular de la Cuarta Visitaduría que realizó la investigación, informó en entrevista posterior a la presentación de Gómez que las torturas incluyeron golpes, asfixia y amenazas sicológicas con contenido sexual.
Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF, sostuvo que la recomendación incluye el análisis de 65 expedientes de queja acumulados en 47 casos y condenó los actos de tortura, que continúan a pesar de las acciones emprendidas por las instituciones y demandó una estrategia integral para combatir esa práctica.
Gómez anunció que la CDHDF presentará una propuesta para que se cree un mecanismo interinstitucional de prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.
Gómez Gallardo aseguró que la impunidad y su correlativa falta de sanción fungen como factor que perpetúa e incentiva esa práctica y que en un Estado de derecho las conductas de ese tipo no pueden ser toleradas.
Subrayó que las autoridades a las que se dirige la recomendación tienen un plazo de 15 días hábiles, a partir de esta fecha, para responder.
Las recomendaciones
La nueva recomendación de la CDHDF pidió a las autoridades indemnizar a las víctimas e iniciar procedimientos de responsabilidad penal y administrativa en contra de los servidores públicos responsables., entre otras cosas.
A la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública se recomendó iniciar procedimientos de responsabilidad penal y administrativa contra los responsables, indemnización por daño inmaterial a las víctimas y mecanismos para prevenir y erradicar la tortura.
A la Secretaría de Gobierno se le requirió iniciar procedimientos de responsabilidad penal y administrativa contra los servidores públicos responsables de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la indemnización por daño inmaterial a las víctimas y políticas para prevenir la tortura.
La titular de la CDHDF señaló que a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal se le recomendó fincar responsabilidad penal y administrativa contra los servidores públicos involucrados, y diseñar un mecanismo interinstitucional de prevención, sanción y erradicación de la tortura.
Recomendación íntegra de la CDHDF:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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