De darse el aval por parte de los legisladores, se consentirían urbanizaciones y desarrollo que llevarían a la depredación desmesurada de la zona de montaña en San Pedro.
La iniciativa del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León, presentada el 11 de diciembre del 2013, propone que se elimine la prohibición a construir en pendientes mayores de 45 grados.
Jorge Dewey Castilla, miembro de Pro Montaña, advirtió que esto implica que se podría desarrollar, fraccionar o construir sin limitantes en el área de las montañas del municipio de San Pedro.
“En otras palabras, se pretende desarrollar, urbanizar y construir en toda la Zona de Montaña de la Sierra Madre, área verde, reserva ecológica, bosque urbano y parque nacional, privilegio natural de San Pedro Garza García.
“Con la consecuente deforestación y destrucción del hábitat de la Zona de Montaña de la Sierra Madre”, describe un documento que la agrupación ciudadana entregó el pasado 31 de octubre al Congreso de Nuevo León, dirigido al diputado Julio César Álvarez González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Enrique Burguete Fernández, también integrante de Pro Montaña, explicó que la agrupación está integrada por aproximadamente 800 vecinos, de los sectores de San Ángel y Colinas de San Ángel.
Propuesta Pro Montaña
> Que no se modifique la Ley de Desarrollo Urbano vigente, que en el Artículo 121, considera como áreas no urbanizables aquellas que tienen una pendiente mayor al 45 por ciento.
> También, que no se modifique el Artículo 195, que se refiere a las reservas naturales de suelo de San Pedro Garza García, el cual prohibe que un particular done o intercambie con el Municipio, terrenos para reservas naturales en el área de montaña con más de 45 por ciento de pendiente.
> Que no se modifique el Artículo 196, que establece que queda prohibido cualquier tipo de desarrollo urbano en terrenos con una pendiente natural mayor al 45 por ciento.
> Se pide que no se modifique el Artículo 212, que regula los fraccionamientos campestres, porque impide desarrollar en terrenos no urbanizables por causas de preservación ecológica y de prevención de riesgos, únicamente destinados para la construcción de vivienda unifamiliar y con una densidad máxima de vivienda en lotes con pendientes naturales mayor a 30 por ciento y menor a 45 por ciento, en los cuales sólo se permite un lote por hectárea bruta.
> Proponen se legisle y se incluya en la Ley de Desarrollo Urbano un impuesto al Impacto Urbano Específico, originado por los desarrollos urbanos, y que sea proporcional al valor de la inversión total del proyecto, y relativo al equipamiento e infraestructura urbana específica necesaria, como remediación al impacto urbano y al ecosistema derivado del desarrollo urbano.
Hay 100 lotes marcados como multifamiliares
Dewey Castilla denunció que en el fraccionamiento Valle San Ángel, originalmente catalogado como espacio campestre, hay 100 lotes marcados para uso multifamiliar y autorizados desde hace 40 años, que serán desarrollados.
“Son 100 lotes autorizados para multifamiliar, que eventualmente van a tener que autorizar la construcción, el Cabildo o la Secretaría de Desarrollo Urbano”.
El fraccionamiento ya tiene el permiso de uso de suelo, que se otorgó junto a la autorización del fraccionamiento, por el Gobierno del Estado desde los años 70`s.
“Al aplicar el criterio que quieren cambiar, a 45 grados que es una fórmula matemática en la que prácticamente se permite construir en una pendiente de 100 por ciento.
“Entonces eso trae origen y dedicatoria, para desarrollar las áreas de montaña, en donde sea”, afirmó Jorge Dewey.
Obviamente las construcciones en las pendientes de esta magnitud son posibles gracias a las técnicas de ingeniería que emplean los expertos, pero el problema es la afectación al hábitat, denunciaron los integrantes de Pro Montaña.
En pocas palabras, quienes hicieron la iniciativa pretenden modificar la ley, para poder construir prácticamente en una pared y abrir al desarrollo las áreas naturales de reserva.
“Es donde nosotros pedimos a la Comisión (de Desarrollo Urbano) y al Congreso del Estado de Nuevo León, que reconsidere antes de autorizar esa modificación a la ley.
“Por el desequilibrio que eso provocaría en el área de preservación y reserva natural del área montañosa de San Pedro; hacemos un llamado”, declaró Jorge Dewey.
Ambos coincidieron en que Pro Montaña no pretende frenar el desarrollo del municipio ni el de particulares, pero sí busca que se dé un equilibrio.
“Lo que nosotros buscamos es que haya un equilibrio, entre la preservación, del área natural de la montaña, y el desarrollo de los multifamiliares, de las colonias y fraccionamientos”.
Las principales afectaciones son las áreas de absorción y la deforestación que se hace a la sierra, que representa alrededor de 400 arboles por año.
Además de ponderar los derechos humanos sobre la preservación ecológica, las autoridades deben tomar en cuenta el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, que fue publicado en el Periódico Oficial el 22 de marzo de 2013.
Según la descripción oficial, el Atlas de Riesgo identifica las zonas susceptibles de recibir daños por los embates de los fenómenos naturales, e incluye un anexo que enumera las medidas de mitigación previas a la ocurrencia de una catástrofe, las cuales sirven para evitar los daños y minimizarlos o resistirlos en mejores condiciones.
En San Pedro aún no ha sido adoptado, por lo que los representantes de la agrupación demandaron al munícipe, Ugo Ruíz, acelerar dicho proceso.
“En el municipio de San Pedro es urgente que se dé y que se tome como un instrumento de decisión fundamental a la hora de dar las licencias de construcción, una decisión fundamental, más que por un aspecto complementario”, precisó Burguete Fernández.
Afirmaron no estar contra el desarrollo económico de las empresas dedicadas al ramo del desarrollo y la construcción, mientras operen de manera ordenada y generosa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
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