Casi 100 días han pasado desde que la reportera fue atacada por tres sujetos cuando se encontraba laborando al interior de la redacción del periódico El Heraldo en Silao.
Mientras uno de estos tres individuos golpeaba a Karla Silva le repetía que debía ‘bajarle de huevos a sus notas’.
No obstante, luego de ser capturados, a ninguno de ellos se le acusó de cometer un delito en contra de la libertad de expresión.
Los cargos en su contra fueron únicamente robo y lesiones. En el estado de Guanajuato no se han tipificado este tipo de delitos.
Sin embargo, éstos sí se hallan al interior del Código Penal Federal.
Cabe destacar que la única instancia que ha realizado un señalamiento al respecto es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), instancia que estableció que Karla fue víctima del ataque debido a su labor periodística.
Sin embargo, dicho organismo carece de facultades para investigar y perseguir delitos.
Lentitud federal
A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) posee la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos en contra la libertad de expresión (Feadle), ésta no ha mostrado tener avances respecto al caso a poco más de tres meses de sucedido.
A decir de Karla Silva poco después del atentado del que fue víctima, declaró ante autoridades federales.
La periodista sostiene que la Feadle le ha informado que se encuentra investigando el caso.
Sin importar tal afirmación, la comunicadora señala que no le han informado respecto al estado actual de la investigación.
“Continúo a la espera de conocer los avances que en cuanto a la investigación por parte de la Feadle competen. Estoy en el entendido de que se está investigando, sin embargo desconozco los pormenores”, indicó Karla Silva al respecto de la investigación que la Feadle.
Además, hay un nuevo elemento que demuestra el conocimiento pleno del caso en instancias federales.
En una comunicación establecida entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Estado mexicano le informó de las medidas cautelares que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato ha tomado para proteger la integridad de la periodista Karla Janet Silva.
Al respecto, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que a través de distintos medios de comunicación el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el “Mecanismo”) tuvo conocimiento de los hechos sucedidos el 4 de septiembre de 2014.
Por lo anterior, funcionarios de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo se pusieron en contacto con directivos del periódico “El Heraldo” con el objeto de conocer los hechos ocurridos y manifestar la disposición del Mecanismo para atender el caso.
Incluso le reportó el avance de la investigación, así como estatus jurídico en el que se encontraba el caso, sin hacer mención del proceso que en instancias federales se habría de llevar a cabo para juzgar la agresión como delito contra la libertad de expresión, toda vez que el marco jurídico estatal no lo tipifica actualmente como delito específico.
…la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato informó que luego de haber recibido la denuncia de los hechos abrió la carpeta de investigación 25799/2014, dentro de la cual se reunieron los elementos suficientes para consignar a los señores Joaquín Oswaldo Valero Garnica, Luis Gerardo Hernández Valdenegro, Jorge Alfredo Fonseca Durán y José Samuel Ornelas Martínez por el delito de lesiones y robo calificado en perjuicio de la reportera Karla Silva y su asistente el 4 de septiembre de 2014, personas que actualmente se encuentran detenidas en prisión preventiva enfrentando el proceso penal al que se encuentran sujetos.
Dicha respuesta forma parte del informe que el Estado mexicano dio al organismo internacional por la solicitud de protección para Karla Silva realizada por el abogado Roberto Saucedo Pimentel pocos días después del atentado.
En el informe, el Estado sugiere no implementar nuevas medidas de protección, dado que la reportera ya cuenta con ellas.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/ ZONA FRANCA.
AUTOR: Denisse Hernández.
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