Entre los asesinados mencionaron al dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, junto a dos activistas de la misma organización; el líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y su pareja, en 2013; y cuatro integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), en noviembre.
Recordaron que Olivares estuvo en la protesta del 12 de diciembre con otros militantes de su organización, y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, antes de que se conformara la Policía Comunitaria en Tixtla en diciembre de 2012, y ahora está preso en un penal federal de máxima seguridad en Almoloya, en el Estado de México.
Los jóvenes, que entonces eran de primer grado, indicaron que una noche antes del desalojo se acordó el bloqueo a la Autopista del Sol al sur de Chilpancingo para ejercer suficiente presión al gobierno estatal entonces encabezado por Ángel Aguirre Rivero, quien se negaba a resolver su pliego de demandas, pues estaban a unos días de las vacaciones de fin de año y aún no habían autorizado la matrícula escolar del siguiente año, que debía considerarse en el presupuesto de 2012.
Después de la asamblea donde se tomó la decisión de protestar, el testigo indicó que llamaron a los representantes de algunas organizaciones sociales, como respaldo, y Olivares llegó a Chilpancingo con otros activistas, adultos y niños que huyeron con los normalistas cuando fueron perseguidos por los policías en los cerros y en la carretera, después de la agresión a balazos.
Pero aclaró que los luchadores sociales no dirigen a los estudiantes, para desmentir las recurrentes versiones de que hay “intereses oscuros” detrás de la Normal.
Expuso que Ayotzinapa tiene identidad y una cultura de organización desde la conformación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) en la década de 1930.
Un joven sobreviviente del ataque de policías federales y ministeriales del estado en la autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011, precisó que las decisiones se toman en asambleas estudiantiles en función de las experiencias de lucha que han tenido en Ayotzinapa y otras normales del país.
De ese día, uno de los jóvenes recordó la primera confrontación con los policías federales, cuando los uniformados intentaron quitarle las llaves al chofer de un autobús del servicio público que los llevó a ese lugar, frente al hotel El Parador del Marqués.
Afirmó que los estudiantes encararon a los uniformados e impidieron que tomaran las llaves del vehículo, y en ese momento los federales y policías estatales que viajaban en dos camionetas se instalaron frente a la manifestación de estudiantes, sobre la vía rápida del bulevar Vicente Guerrero, donde cayó muerto Gabriel Echeverría de Jesús. Reconoció que en ese momento no imaginó siquiera que les iban a disparar a matar.
Luego de la represión a balazos para dispersar a los manifestantes de la carretera, donde quedaron los cuerpos de Gabriel y Jorge Alexis Herrera Pino, recordó que Luis Olivares dijo que iba a recoger la evidencia, lo mismo hizo el estudiante Gerardo Torres, quien fue incriminado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General) en el homicidio de sus compañeros, porque llevaba dos cascajos percutidos en el pantalón.
En la coyuntura del movimiento por justicia para los dos normalistas asesinados, señaló que muchas organizaciones encabezadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) conformaron el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), donde dejaron de participar las organizaciones más pequeñas que aceptaron beneficios de programas sociales, financiamientos de proyectos productivos y empleo temporal en obra pública que comenzó a promover el gobierno del estado.
De las organizaciones que se mantuvieron junto a ellos, los estudiantrs recordaron a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), con la que tuvieron un desacuerdo que se ventiló en la prensa y terminó su relación.
También resistieron los cinco pueblos de Tecoanapa organizados por un conflicto de agua contra la cabecera municipal, que encabezaban dos líderes, uno de ellos José Félix Rosas, quien aún participa en los movimientos sociales que son hostigados por el Ejército.
Además, indicó que el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra se exilió del país por una amenaza de muerte por su labor como representante legal de los normalistas en 2012.
Indicó que la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el líder del Cecop, Marco Antonio Suástegui se pronunciaron públicamente por justicia y castigo a los culpables la ejecución de los dos estudiantes de Ayotzinapa, y los dos están en prisiones federales de Tepic Nayarit.
De la generación de cuarto grado que tendría que concluir la carrera en este ciclo escolar, dijo que oficialmente hay 124 alumnos registrados, de los 140 que ingresaron en agosto de 2011.
Expresaron que la prioridad de la comunidad escolar es encontrar a sus 42 compañeros de primer año detenidos-desaparecidos por policías municipales de Iguala y de Cocula el 26 de septiembre en Iguala, donde también fueron asesinados tres estudiantes y 20 resultaron heridos. Sin embargo, dijo que aún están analizando en grupo si rescatan o no el ciclo escolar.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/Lourdes Chávez.
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