Los inconformes cerraron las puertas del inmueble con cadenas y lo cercaron con pancartas.
La protesta se da a cuatro días de que se cumplan cuatro meses del derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados y sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.
A pesar de que las autoridades federales ya levantaron la emergencia, a la fecha continúan las deficiencias en el abasto de agua potable, la población no ha recibido apoyos económicos y sigue sin reactivarse con éxito la economía regional.
Es más, los habitantes de esa comunidad se niegan a consumir agua de los 34 pozos supuestamente rehabilitados por temor a sufrir los efectos de la contaminación al estar ubicados a 500 metros de los márgenes de la cuenca sonorense.
El alcalde Pedro Armando Lugo informó que el cierre de la sede municipal obligó a su gabinete a continuar con sus actividades diarias sobre las banquetas y calles aledañas al edificio.
“De cierta manera los entiendo y los apoyo porque desde que se presentó la contingencia la entrega de apoyos no ha sido equitativa, situación que no entienden los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora”, puntualizó el edil ribereño.
Las demandas de los residentes de Aconchi son similares a las que expusieron los alcaldes de los siete municipios en una carta enviada el 11 de noviembre al presidente Enrique Peña Nieto, misma que no ha sido contestada.
Al inicio de esta semana, Grupo México lanzó una campaña de amplia cobertura en radios estatales para convencer a los sonorenses que los ríos expuestos a los desechos mineros se encuentran limpios, no obstante que el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo, aseguró la remediación de ambas cuencas tardaría al menos 10 años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALIA (PROCESO.)
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