Al amanecer de lo que pretendía ser la última mesa de negociación antes de levantar el paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los estudiantes fijaron su posición en un comunicado:
“Ayer, en el marco de la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuerza pública agredió físicamente a nuestros integrantes y detuvo arbitrariamente a tres de nuestros compañeros. Como ha pasado desde el 1 de diciembre de 2012, el pueblo mexicano vive un estado de terror entre los que salimos a protestar.
“Este clima de intolerancia y de repudio hacia los jóvenes no podemos permitirlo. Hoy más que nunca es necesario salir a las calles, con organización y demandando nuestro derecho a la libre manifestación.
“Nuestro país pasa por un grave periodo de crisis. La ola de violencia que actualmente aqueja a la nación, producto de un estado fallido, incapaz de garantizar la paz social, ha despertado al pueblo que dormía mansamente. Es por ello que los estudiantes del IPN exigimos: alto a la criminalización de la protesta social, la liberación inmediata y absolución de cualquier cargo a Demián Reyes Lara (Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM), Oscar Espinoza Trigueros (CCH Oriente) y Ariel Flores Pérez (Vocacional 9 del IPN)”, acusados de ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública y portación de objetos aptos para agredir.
Continuó el comunicado: “La comunidad politécnica se pronuncia en contra de continuar el diálogo hasta que se cumpla lo dicho anteriormente. No continuaremos con los trabajos hasta que nuestros compañeros estén presentes en el auditorio.
“Manifestamos nuestro rechazo a la política represiva del Estado y a la violencia generada por los cuerpos policiacos y militares en el territorio nacional”, leyó el estudiante Octavio Juárez.
Atónitos los representantes del gobierno federal, el subsecretario de educación superior, Fernando Serrano, intentó establecer el orden del día.
César López, politécnico, tomó la palabra: “Si en algún momento ustedes dijeron que era triste ver una escuela con las aulas vacías, es más triste ver estudiantes tras las rejas, a menores de edad golpeados, y por tal motivo queremos que ustedes se pronuncien a favor de la liberación de nuestros compañeros, sin cargos. Aprovechamos la interlocución directa con la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se giren instrucciones”, pidió, asegurando que los estudiantes permanecerían en sesión permanente hasta que sus compañeros fueran liberados.
Intervino Alejandro Osuna, representante de Segob en la mesa de diálogo, para aclarar: “El caso de los tres compañeros detenidos corresponde al fuero común, no al fuero federal. Estaríamos en la mejor disposición de facilitar al grupo de abogados de la SEP y la Segob para ver el asunto jurídico, pero yo no puedo comprometerme a algo que no estoy jurídicamente facultado a hacer. La Policía Federal no participó de los acontecimientos de ayer”, puntualizó el funcionario.
Los jóvenes solicitaron a su nuevo director, Enrique Fernández Fassnacht, que se pronunciara, y éste lo hizo.
“Estamos para atender las necesidades de estos alumnos, pero yo no tendría facultades para simplemente decir que liberen a estos compañeros. Podemos acompañarlos y ver que se respeten sus derechos. Y en caso de que puedan adquirir su libertad, que la adquieran. Esa es la posición del IPN a través de la dirección general”, dijo Fernández Fassnacht, desatando la inconformidad entre la AGP.
Pedro Cruz reprochó al director: “No han tocado a tres, nos han tocado a todos. Usted tiene que estar del lado de la comunidad. ¡Que se vaya el director si no puede con el cargo! Ustedes rompieron el acuerdo de no represión. No es delito ser estudiantes”. Las palabras de Cruz desataron la efervescencia en el auditorio Alejo Peralta.
Alejandro Osuna le contestó: “Esta es una mesa de diálogo, no un evento político. La Segob va a servir de interlocutor. Hemos girado instrucciones para que en este mismo momento se traslade el cuerpo jurídico a la agencia del Ministerio Público para analizar a detalle esta situación. Pero habría que reflexionar: cuando hablamos de no represalias no hablamos de inmunidad. De una vez que quede claro: el hecho de ser alumno de cualquier institución, como el hecho de ser servidor público, no lo hace inmune de no violentar la ley”, replicó el funcionario, quien aseguró que “muchas veces” los detenidos dicen ser estudiantes sin estar realmente matriculados.
Ante los señalamientos, Fernández Fassnacht volvió a pedir la palabra: “Hemos hecho el compromiso de que no habría represalias por parte de las autoridades del IPN hacia el movimiento y eso es algo que vamos a cubrir cabalmente. Yo les puedo garantizar que va a prevalecer el estado de derecho en el IPN, pero lo que no se puede, de ninguna manera, es que ustedes me planteen que porque estamos hablando de estudiantes del Politécnico, fuera del instituto, tengo que creer ciegamente en lo que ustedes u otros dicen. Eso no puede ser. Eso suena un poco autoritario. Yo veré que se respeten el debido proceso y los derechos humanos de estos compañeros, que salgan libres si así procede. A eso me comprometo. Para bien o para mal tiene que prevalecer el estado de derecho. Estarán los abogados del Politécnico pendientes de ellos”, dijo el director del IPN.
Samantha López reiteró que sería imposible celebrar el triunfo del IPN mientras sus compañeros estén presos: “El IPN no sólo está preocupado. Estamos indignados. Son funcionarios públicos y se deben a la comunidad. Es triste ver que en México manifestarse es un delito, no un derecho humano. No podemos festejar ni continuar nada si no estamos todos”.
La decisión de los jóvenes llevó a los funcionarios a pedir un receso para valorar la situación de los detenidos. Cerca de las seis de la tarde, sin previo aviso a sus interlocutores, dejaron las instalaciones del IPN para dirigirse a la Segob, donde consultarían el caso.
Más tarde, en un comunicado de prensa, la SEP calificó a la AGP de “intransigente” al condicionar la continuación del diálogo a la liberación de los tres estudiantes, y los acusó de romper las reglas de “no hacer manifestaciones o pronunciamientos políticos contrarios a la civilidad del diálogo (…). Se han apartado de las condiciones de orden y seguridad que habían garantizado”, concluye el documento.
Mientras tanto, los representantes de la AGP esperan sentados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
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