En la marcha del sábado en esta ciudad conmemorarán los 100 años de la toma de la capital por los ejércitos rebeldes de Emiliano Zapata y Francisco Villa.
Representantes de organizaciones campesinas, magisteriales, derechos humanos y trabajadores repudiaron también la “Ley de movilidad” aprobada la víspera por los diputados federales, al considerar que, como ocurrió con otras reformas constitucionales, las leyes secundarias podrían ir en sentido contrario a garantizar los derechos a la libertad de manifestación y de expresión.
En rueda de prensa, Martín Velásquez, del movimiento Sin Maíz no hay País, anunció que más de 100 agrupaciones participarán en las movilizaciones como parte de las Jornadas Nacionales por el Trabajo, la Tierra, el Agua y la Vida, en rechazo de la política económica seguida por el gobierno de Peña Nieto de promover los megaproyectos en detrimento de comunidades indígenas y pueblos originarios.
Los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala son resultado, dijo, de la política generalizada de combate a los movimientos sociales, y advirtió que la propuesta presidencial de impulsar el desarrollo económico de Oaxaca, Chiapas y Guerrero no tiene otro objetivo más que “resucitar el Plan Puebla-Panamá que no pudo imponer Vicente Fox por las movilizaciones sociales”.
Además, anunció que como parte de las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los normalistas y la renuncia de Peña Nieto el sábado 6, organizaciones de Chihuahua, Baja California y Chiapas cerrarán las fronteras norte y sur del país, para culminar la jornada con una marcha monumental del Ángel de la Independencia al Zócalo.
Humberto Montes de Oca, de la Dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), resaltó que en la movilización su organización celebrará además sus 100 años de existencia, pero tomando en cuenta que “la reivindicación principal es por los 43 normalistas”.
El dirigente puntualizó que para el SME lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa y la reacción de Peña Nieto ante la exigencia ciudadana son un reflejo de la “incapacidad del gobierno por resolver los conflictos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la pretensión de arrebatar recursos a pueblos originarios”.
Clemente García, del Frente de la Diversidad Sexual por Ayotzinapa, declaró que sus integrantes se vieron “reflejados en los normalistas desaparecidos, pues también nosotros somos discriminados y excluidos; nos unimos también porque exigimos que se esclarezcan los 887 asesinatos por homofobia registrados desde1995”.
Gonzalo Martínez Villagrán, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que de Oaxaca salió una caravana motorizada encabezada por maestros de la CNTE y familiares de los normalistas desaparecidos, y estimó que al menos 25 mil agremiados participarán en la marcha del próximo sábado.
Martínez Villagrán alertó sobre la práctica generalizada de los diferentes niveles de gobierno para “reprimir las movilizaciones sociales”, por lo que pidió el monitoreo de organismos públicos de derechos humanos.
Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, convocó a la ciudadanía a “perder el miedo que nos tratan de inculcar para paralizar a los ciudadanos”, y anunció operativos de seguridad que serán aplicados por las mismas organizaciones que participarán y estarán coordinadas con la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Ignacio del Valle, del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT), manifestó su repudio a las reformas estructurales que pretenden imponerse a través de “leyes encaminadas a regular las marchas y la protesta ciudadana y de crear un ambiente de terror para evitar que los ciudadanos ejerzan su derecho a manifestarse, sin tomar en cuenta que ante el hartazgo no tenemos de otra”.
Enrique Soto, del Frente Popular de la Ciudad de México, rechazó que su organización esté vinculada a personas encapuchadas que han cometido desmanes, y también demandó la libertad de los presos políticos y castigo a los culpables de las detenciones arbitrarias.
Soto expresó también el “rechazo a la infiltración de las movilizaciones para provocar actos violentos, como ocurrió en las manifestaciones del 20 de noviembre y el primero de diciembre; “reiteramos que las movilizaciones serán de carácter pacífico y llamamos a estar alerta ante posibles provocadores”.
De acuerdo con el programa de las jornadas, el jueves 4 organizaciones campesinas “derramarán maíz en el Zócalo de la Ciudad de México”, formando el número 43 y exigiendo la presentación con vida de los jóvenes y “en protesta por los bajos precios que reciben los productores”.
Ese mismo día se tiene programada una marcha y cabalgata desde la Rotonda de los Hombres Ilustres de Xochimilco a San Lucas Xochimanca, y un mitin en el último punto para conmemorar los 100 años del encuentro de Villa y Zapata en Xochimilco.
El viernes 5, El Barzón realizará una “marcha de 43 tractores”, uno por cada normalista desaparecido, del Ángel de la Independencia al Zócalo, y de ahí se dirigirán a la Secretaría de Gobernación.
Ese mismo día se realizará la Convención del Agua y la Energía en el Auditorio del SME.
Las jornadas culminarán el sábado a las 16:00 con la marcha que saldrá del Ángel al Zócalo y que será encabezada por familiares de los normalistas desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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