Fuentes cercanas a la negociación señalaron que es “casi imposible” que la iniciativa presidencial sea aprobada en lo que resta del año, pues se requiere hacerle cambios de fondo a todo el esquema que propone.
Así, lo que comenzó como una propuesta rápida del Ejecutivo para solucionar la crisis luego de los hechos de Iguala, se transformó en uno de los temas más polémicos de la agenda en el Legislativo para intentar crear una contrapropuesta.
Aunque en un principio los coordinadores parlamentarios afirmaron que la reforma constitucional pasaría sin sobresaltos en el Congreso de la Unión, ya después de pensarlo dos veces, tanto a bancada del albiazul como la del partido del sol azteca ya no les parece tan buena idea quitar tantas facultades a los gobiernos locales.
Este lunes, después de una reunión en la que participaron los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, el pronunciamiento fue que estudiarán “a fondo” la propuesta presidencial para garantizar que sea aprobada con el mayor consenso posible.
No existe una fecha previsible de cuándo pueda ser esa aprobación.
El presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional para modificar varios artículos, en los que destaca la desaparición de las policías municipales y su sustitución por cuerpos estatales, además de la posibilidad de disolver los ayuntamientos ante la sospecha de infiltración del crimen organizado.
Luis Miguel Barbosa, presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD en la Cámara alta, aseguró que la iniciativa presidencial no pasará tal como fue enviada por el Ejecutivo.
“Sí tendrá que haber modificaciones desde la posición que los grupos parlamentarios del Poder Legislativo determinen y siempre salvaguardando los principios de federalismo, municipio libre, pero siempre también aportando, en la nueva estrategia que tiene que haber en esta materia, para dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias”, sostuvo Barbosa.
Un cheque en blanco
En la reunión de los coordinadores parlamentarios, que se llevó a cabo en la antigua sede del Senado, tanto el PAN como el PRD expresaron al PRI su inconformidad con la desaparición de las policías locales para la creación de un Mando Único.
Los legisladores de oposición expusieron, además, que la disolución de los ayuntamientos puede prestarse a un control político contra los opositores al Gobierno, por lo que advirtieron que no permitirán dar un cheque en blanco a las autoridades federales contra los gobiernos locales.
La otra preocupación de la oposición es que los municipios puedan quedarse sin un cuerpo de policía municipal que auxilie directamente a la población en tareas de prevención, disuasión y ayuda a la ciudadanía.
Miguel Alonso Raya, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara Baja, señaló que la iniciativa presidencial es intransitable si se mantiene como fue enviada.
“En los términos en que está planteado, (de aprobarse) indiscutiblemente lo que haremos simplemente es cometer o sentar bases para que se puedan cometer arbitrariedades en lo general con los municipios sin que se combata de fondo el asunto que se pretende con la iniciativa”, advirtió Alonso Raya.
Busca el PRI consenso
Además de la necesidad de contar con los votos de la oposición para aprobar la reforma constitucional -pues se requieren dos terceras partes de los votos que el PRI no reúne con sus aliados del PVEM y Nueva Alianza-, el tricolor busca que esta reforma pase con el mayor consenso posible.
Así, tendría garantizado su paso por los Congresos estatales y aquellos gobiernos municipales que se opongan podrán ser “controlados” desde la cúpula de sus partidos.
La reunión entre los coordinadores parlamentarios fue muy dura. Por un lado, los priistas intentando salvar con esta aprobación fast track al presidente Enrique Peña Nieto de su crisis política y de imagen que vive a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida hace más de dos meses.
Por otro, los opositores haciendo ver a los priistas que esta negociación no se trata de un “toma y daca”, de intercambiar posiciones políticas o beneficios a cambio de modificar el esquema federalista con que se rige el país.
“Debo decirles que fue una reunión muy positiva. Las reuniones positivas no tienen que ser fáciles, ¿eh? Son positivas porque se llega a condiciones finales, no piensen que es un asunto de sobaditas y alabanzas, ‘¿Quiere tomar una tacita de café?; No, pase usted; Después de usted’. No, no”, afirmó el propio Barbosa.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que existe una preocupación de las bancadas en el Congreso por dar instrumentos jurídicos para evitar que haya infiltración del crimen organizado en todos los niveles de Gobierno.
Sin embargo, dijo, también está presente la otra preocupación de que debe existir el respeto a la competencia de cada uno de los ámbitos de los tres niveles de Gobierno, y es eso lo que está frenando el avance de la iniciativa presidencial en el Senado.
“Llegar, o intentar llegar, a lo que puede ser una combinación de las dos de las preocupaciones tanto por la infiltración de la delincuencia organizada en algunos ayuntamientos, como el de la consolidación de los ayuntamientos, amerita un trabajo legislativo profundo sobre el cual tenemos compromiso de llevarlo a cabo”, adelantó Beltrones.
Van sin prisas
José Isabel Trejo, coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, aseguró que en este tema no se impondrán las prisas, pues se trata de un paquete de reformas que tendrán un impacto importante en el sistema político del país.
“La reflexión tiene que ser profunda, rigurosa. Nosotros nos sentimos con la posibilidad de hacer algunas aportaciones a la iniciativa del Presidente, y en eso no queremos realmente precipitarnos, pero sí trabajar estos días. Ojalá y lo logremos en periodo ordinario; si no, tendríamos que buscar un extraordinario, pero estaríamos trabajando de manera profesional y muy enfática”, advirtió Trejo.
Así, mientras hace una semana se anunciaba con bombo y platillo la realización de un periodo extraordinario en este mes de diciembre para aprobar esta reforma, ahora no hay una fecha aproximada para que esto pueda ocurrir, pues la reforma presidencial entrará a quirófano para someterse a una cirugía mayor.
“Decidimos no decir allá adentro (sobre la posible fecha del periodo extraordinario). Decidimos que no fuera ya para crear una expectativa, ¿sí? Pero, si es necesario que sea en este año, será en este año (…) así fue la forma como acordamos decirlo para no crear un escenario que después no tenga todos los amarres necesarios”, reiteró Barbosa.
Aunque la iniciativa fue enviada al Senado como Cámara de origen, en los grupos de trabajo que se han organizado para su análisis participarán también algunos diputados para que trabajen en conjunto y, si existe el consenso, pueda transitar a la brevedad.
Los legisladores adelantarán la instalación de la Comisión Permanente para este jueves 11 de diciembre –aunque el periodo ordinario concluye el 15 de diciembre-, para que ésta pueda citar a la realización de un periodo extraordinario si fuera necesario.
Lo que sí acordaron
Diputados y senadores, empero, sí se pusieron de acuerdo en otras materias. Saldrán adelante la iniciativa de desvinculación de los salarios mínimos enviada por el Ejecutivo, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República, la creación de una Comisión bicameral para la revisión de la deuda de estados y municipios, la Ley de Obra Pública, la Ley de Juegos y Sorteos, así como el nombramiento de los nuevos Fiscales anticorrupción y contra delitos electorales.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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