En el marco de la presentación del reporte “Análisis de la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en la República Mexicana”, Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), destacó que el caso Ayotzinapa “puso más al descubierto la situación de represión de las defensoras y las periodistas al momento de realizar su trabajo”.
García Quintanilla puntualizó que además del aumento de las agresiones, la administración de Peña Nieto se distingue por “obstaculizar las investigaciones de los casos registrados con anterioridad, pues se criminaliza con mayor énfasis a las mujeres, no se atienden como se debería las recomendaciones de protección ni las medidas provisionales o cautelares, dejando a las activistas y periodistas en la indefensión”.
Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos-México (RNDDHM), sostuvo que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el panista Felipe Calderón, puso en mayor riesgo a las mujeres que se encargan de defender a víctimas de abusos.
“El incremento de la violencia es tal magnitud, que es la explicación por la que surge la Red, lo cual no significa que las agresiones no hayan existido antes, pero ahora la labor de las defensoras no es sólo de acompañamiento a las víctimas, sino que también somos objeto de agresión sobre todo de agentes del Estado”.
Ávila destacó que los casos de mayor violencia contra las mujeres que trabajan con víctimas y en defensa de las comunidades se registran en Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Veracruz y, recientemente, en el Distrito Federal, donde “hay preocupación por la agresiones y la criminalización de la protesta social”.
Paloma Estrada Muñoz, de la CIDHM, detalló que el informe de la violencia que sufren las mujeres defensoras incluye casos registrados en los últimos 14 años, en los que se reportaron 34 feminicidios, de los que ocho ocurrieron en Guerrero, siete en Chihuahua y cinco en la Ciudad de México.
Escobar Muñoz apuntó que, según encuestas aplicadas a defensoras en 13 estados del país, la principal fuente de agresión “la identifican como el Estado mexicano, seguido de cacicazgos, narcotráfico y paramilitarismo”.
Luego de señalar que las mujeres defensoras desarrollan su trabajo en ambientes de violencia en la comunidad e intrafamiliar, la activista apuntó que de las 66 acciones cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a personas en 16 entidades del país, “29 de las medidas son la protección de 87 mujeres”, 40 de ellas radicadas en Chihuahua, 14 en Chiapas y 10 en Oaxaca.
La investigadora señaló que 49% de las defensoras encuestadas admitió haber sufrido algún tipo de violencia, con 39.4% violencia psicológica; 27.5% difamación, 23.3% hostigamiento y 22.1% amenazas.
En el caso de las activistas que declararon haber sufrido intimidación gubernamental, en 16.3% registró persecución; 12.8% intimidación caciquil, 7% identificó a poderes fácticos, 5.8% a grupos de poder económico y 4.7% hostigamiento laboral.
Cabe destacar que 1.2% denunció el secuestro, tortura, desaparición forzada y desaparición forzada de un familiar.
El reporte presenta 17 recomendaciones, tres de ellas dirigidas a organizaciones, a la sociedad y a medios de comunicación, y el resto al Estado mexicano, destacando la primera en la que se exige a éste “agotar las investigaciones de las agresiones contra defensoras, que se mantienen en la impunidad”.
El informe, explicó la defensora, contó con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y el respaldo del Fondo Noruego de Derechos Humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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