En promedio, cada uno de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos (con cifras del Inegi al 2010) invertimos este año 125.9 pesos para financiar la operación de los congresos locales.
Esta cantidad se suma al gasto de 93.5 pesos que los mexicanos realizamos por el funcionamiento del Congreso de la Unión federal, representado por la Cámara de Diputados y el Senado.
Mantener a la Cámara de Diputados costó a los mexicanos 60.4 pesos; al Senado, 33.1 pesos, en el 2014.
Es decir, cada ciudadano invirtió este año un total de 219.4 pesos para el funcionamiento del Poder Legislativo.
En contraste, sostener las labores de la Presidencia de la República, por ejemplo, costó a los mexicanos 19.5 pesos.
En México, existen un total de mil 137 diputados locales en los congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De acuerdo con el presupuesto de cada uno de los congresos locales, tomando en cuenta el número de ciudadanos que viven en esa entidad, la asamblea más cara es la de Quintana Roo, con un gasto promedio por habitante de 337.8 pesos. Un 160 por ciento más que la media nacional.
Le sigue Sonora, donde su congreso local costó 300.4 pesos a cada habitante.
En tercer lugar se encuentra Baja California Sur, donde el Congreso estatal costó a sus ciudadanos 275 pesos por persona.
En contraste, los tres congresos locales menos onerosos para sus ciudadanos fueron los de Veracruz, con una inversión de 75.5 pesos por ciudadano; Hidalgo, con 59.4 pesos; y Puebla, con 52.8 pesos por cada habitante.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ocupa el lugar nueve, con una inversión por habitante de 172.6 pesos.
El Congreso de Nuevo León ocupa el escalón 21, con un gasto de 104.9 pesos por cada uno de sus pobladores.
El costo de los congresos locales no es indicativo del trabajo legislativo que realizan, pues la frecuencia de los trabajos es variable en cada caso.
Según la revista Este País, dirigida por Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, la mayoría de los congresos locales realiza dos periodos ordinarios de sesiones al año.
En promedio, los congresos locales en México tienen 212 días de trabajo en periodos ordinarios.
El mayor número de sesiones al mes las realiza el Congreso de Nuevo León. Su Ley Orgánica le obliga a sesionar al menos tres veces por semana.
En contraste, los congresos de Baja California, Michoacán, Morelos y Querétaro solo están obligados por Ley a tener dos sesiones al mes.
Fallan en transparencia
A pesar de que este gasto incluye todas las actividades que se desarrollan en cada uno de los congresos locales, una parte de esos recursos se destinan a las prerrogativas de cada una de las bancadas con representación en las asambleas.
Al igual que como ocurre en el Congreso de la Unión, las bancadas no tienen obligación de transparentar sus gastos ni exhibir comprobantes de en qué invierten su dinero.
Esto convierte al Poder Legislativo, a nivel nacional y estatal, en uno de los órganos más opacos del país.
De acuerdo con la consultoría Integralia, los congresos locales tienen “un grave problema” de transparencia y acceso a la información, no solo por el gasto otorgado a las bancadas, sino la comprobación de los presupuestos en sí mismos.
En su estudio “Reporte Legislativo número cinco”, Integralia sostiene que los informes de la cuenta pública estatal y los diarios oficiales que contienen los presupuestos anuales de egresos de las entidades son los mecanismos más confiables para acceder a alguna información sobre el ejercicio de los recursos.
Integralia señala que ni siquiera la información del ejercicio de gasto proporcionada por los congresos locales es un mecanismo confiable de rendición de cuentas.
“En general, los órganos legislativos locales no entienden el acceso a la información de manera proactiva. Muchos congresos cumplen con los requisitos legales mínimos: hacer disponible la información que la ley clasifique como de ‘carácter público obligatorio’ sin tener criterios de calidad y de fácil consulta”, critica la consultoría en su análisis.
La opacidad en el manejo de los recursos no es privativo del Poder Legislativo de los congresos estatales. A nivel federal tampoco existe obligación alguna de transparencia.
Tratando de solucionar esta falta, Carlos Castaños, diputado federal del PAN, presentó hace un año una iniciativa para que el Poder Legislativo Federal tenga la obligación de hacer públicos todos los comprobantes de gasto de sus recursos, excepto aquellos que tengan carácter de confidencial.
Dichos comprobantes, según la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberían estar disponibles en línea para consulta de los ciudadanos.
Esta iniciativa, sin embargo, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuyo análisis continúa pendiente desde el 11 de diciembre del 2013.
El PRI, mayoría en 21 de 32 congresos
No todos los congresos de los estados son uniformes en el número de partidos políticos nacionales o locales, que tienen representación en ellos.
En Yucatán, por ejemplo, solo cuatro partidos tienen representación en el congreso local.
Las asambleas con más partidos políticos son las de Baja California, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, con nueve bancadas.
Según datos de Integralia, el PRI tiene el mayor número de legisladores en 21 de los 32 congresos locales, sin alcanzar la mayoría para obtener una votación definitoria.
En tricolor tiene mayoría absoluta –la mitad más uno de los votos- en 12 de los 32 congresos locales. Esto ocurre en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
“De los congresos en los que el PRI tiene mayoría absoluta, en cinco también podría tener mayoría calificada si se considera la conformación de un bloque con el PVEM y Nueva Alianza.
“De igual forma, en Chiapas, al contar con los legisladores locales de dichos partidos, el PRI adquiere la mayoría calificada”, expone la consultoría en su estudio.
Estas cinco entidades donde hay mayoría calificada con sus aliados –las dos terceras partes de los votos- son Chiapas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz.
Esta mayoría del PRI en los congresos locales ha sido determinante para que las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo hayan pasado de forma casi inmediata en las entidades.
De cambiar la correlación de fuerzas a favor del PAN –que tiene mayoría simple en los congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Sonora- o del PRD –con mayoría simple en Guerrero y absoluta en Tabasco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, la aprobación de reformas constitucionales podría tener un tránsito más lento en los estados.
A estos tres partidos mayoritarios se sumará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, que entrará a la escena electoral en el proceso del 2015.
Reelección, el nuevo panorama
Sin modificar el marco legal para obligarles a rendir cuentas y obligarlos a ser transparentes, los legisladores locales que sean electos a partir de este 2015 podrán ser reelectos, según lo aprobado este año en la reforma político electoral.
Este principio no aplicará al Congreso federal, donde los diputados y senadores que puedan reelegirse serán aquellos que lleguen al Senado o la Cámara de Diputados en la elección del 2018.
En el proceso electoral del próximo 7 de junio del 2015, se elegirá a los nuevos miembros de los congresos locales de 17 entidades.
Los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Morelos, Colima, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal elegirán a 661 diputados locales.
Según el artículo 116 de la Constitución, los legisladores que sean electos en el proceso electoral del 2015 podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos; es decir, podrían durar en el cargo hasta el 2027.
Su postulación podría ocurrir por el mismo partido que lo llevó hasta el congreso local o por cualquiera que haya conformado una coalición con la que ganó. El derecho se pierde si el legislador renuncia a su militancia partidista y se convierta en diputado independiente.
Los partidos políticos comenzaron ya a fijar las reglas para las postulaciones rumbo a la elección del 2015.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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