En rueda de prensa, en la que fijaron su postura frente a las agresiones del domingo pasado por parte de elementos de la PF en Chilpancingo, los padres de familia y sus representantes legales exigieron a la PGR abrir una línea de investigación sobre la participación de las fuerzas federales en los hechos ocurridos en Iguala, como lo denunciaron en su momento los sobrevivientes y ahora la revista Proceso con un reportaje en el que aporta evidencias documentales y testimoniales que le dan un giro a la versión oficial.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, recordó que desde que tuvieron contacto con el procurador Jesús Murillo Karam y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los afectados solicitaron que se “abriera una línea directa de investigación”, luego de que testimonios rendidos por estudiantes señalaron que elementos del 27 Batallón de Infantería los desalojaron de un hospital privado, donde llevaron a uno de sus compañeros herido de bala por disparos de la policía.
Después de deplorar la “insensibilidad” del presidente Enrique Peña Nieto, “que ni siquiera llamó al papá de Alexander Mora para darle el pésame porque identificaron a su hijo”, De la Cruz advirtió que los padres de los desaparecidos no quieren que con este caso pase como con Tlatlaya, donde “ya nadie habla de esa masacre”.
Y es lo que pretenden las autoridades, “que pase el tiempo y se olvide como muchos crímenes cometidos por el Estado (…) pero en este caso, el Ejército, la Policía Federal, la policía de Iguala, el exgobernador (Ángel) Aguirre y el mismo presidente tienen que dar cuentas claras de lo ocurrido en Iguala”, advirtió el portavoz.
Mario González, otro de los padres agraviados, acusó que el gobierno federal “está protegiendo” a los elementos de las fuerzas federales que participaron en los ataques armados en Iguala.
“Tenemos pruebas y exigimos que se abra una investigación contra el Ejército y los elementos que les quitaron los celulares a los muchachos; no sé por qué en vez de investigar, los están protegiendo”, alertó.
David Flores Maldonado, representante de los estudiantes de Ayotzinapa, puntualizó que “desde el principio” denunciaron la “participación directa e indirecta” de policías federales y militares en los hechos, y que incluso se pidió al Senado su colaboración para que la PGR abriera una línea de investigación por ello, y “no sólo porque instalaron retenes en Iguala, también por su negligencia, al impedir que se atendiera médicamente al compañero Edgar Andrés, cuyo estado de salud era grave”.
Al señalar que las mesas de diálogo con el gobierno federal se encuentran suspendidas luego de las agresiones de policías federales en Chilpancingo, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que, de investigarse a los militares, se abriría la posibilidad de ampliar la búsqueda de los 42 jóvenes en instalaciones castrenses.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), resaltó que además de la vertiente sobre la participación directa del Ejército la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, la PGR está obligada a indagar sobre “la información que tenía de la manera en que el ayuntamiento de Iguala empezó a vincularse con esquemas de la delincuencia organizada, que es una línea de investigación no agotada”.
Incluso, advirtió que “pretender que los vínculos de los Guerreros Unidos y el Estado se agotan en el municipio de Iguala y la familia de Abarca y de su esposa es demasiada ingenuidad; sin duda que se trata de redes de complicidad mucho más extendidas, más allá del municipio de Iguala y que involucran a autoridades del Ejecutivo y del Legislativo estatales y que, sin dudas, tienen ramificaciones hacia el gobierno federal”.
Sobre las agresiones sufridas el domingo a manos de policías federales, Rosales señaló que esta situación fue notificada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que otorgó medidas cautelares para los desaparecidos y sus familiares, así como para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Felipe de la Cruz y Mario González reprocharon al gobierno de Peña Nieto que recurra a la fuerza y a la descalificación en un intento por acallar el movimiento por la búsqueda de los 42 jóvenes desaparecidos.
Desde Tixtla, Guerrero, donde se encuentran las instalaciones de la Normal Rural, unos 50 familiares y estudiantes acudieron a la Ciudad de México para fijar su postura frente a las agresiones que dejaron 14 normalistas heridos, entre ellos un estudiante de la UNAM, Ernesto Cruz Flores, lesionado en el rostro por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno.
Familiares y abogados exigieron al gobierno de Peña Nieto frenar la estrategia de “mano dura”, expresada no sólo en los hechos del domingo 14, sino en “las declaraciones del secretario de la Marina, Vidal Soberón, quien el Día Internacional de los Derechos Humanos (miércoles 10) dijo que los padres de familia eran manipulados”, recordó Rosales.
La “mano dura” también se expresa en los reportes del Cisen filtrados a la prensa y que vinculan a Abel Barrera, director de Tlachinollan, con grupos guerrilleros, con lo que “se ha tratado de descalificar a los abogados que ni siquiera nos cobran”, acusó Mario González.
Abogados, padres de familia y estudiantes exigieron el cese de esta política y advirtieron que proseguirán con las movilizaciones hasta la presentación con vida de los normalistas hasta ahora no localizados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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