“Superemos esta etapa, demos un paso hacia adelante”, fue este día a decir a Guerrero, epicentro del reclamo y la indignación ante la evidencia contundente, a ojos de todo el mundo, del Estado mafioso que se está construyendo en México desde hace lustros.
Como jefe de Estado es ahora el primer responsable. No lo entendió así cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes y, para desgracia del país, sigue sin entenderlo. Cada día demuestra que no está a la altura del apremio que tiene la nación.
Los operativos regionales de seguridad, la entrega de la seguridad pública a los militares, los incentivos económicos a la inversión, el rescate de empresas en riesgo de quiebra, la promoción turística de Acapulco, el descuento de las casetas de la Autopista de Sol y cuanto ha propuesto para Guerrero no son más que resultado de la improvisación.
Ni @EPN ni su gabinete entienden que eso no basta. A la exigencia de la aparición con vida de los normalistas, ofrece un despliegue temporal de fuerza y planes de desarrollo. La exigencia social es otra, es en contra de la impunidad y la simulación ante tantos agravios acumulados.
La aparición de los normalistas es la primerísima exigencia, pero también el castigo a los responsables. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice que el exalcalde de Igual, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, no quieren hablar. Qué silencio tan cómodo. Ambos están en el centro de una estructura política, policial, económica y social que el gobierno de @EPN se resiste a enfrentar, no sólo en Guerrero, sino en todo el país.
El presidente dijo primero que la desaparición de los normalistas era un asunto local. Luego, ante el crecimiento de las protestas en México y el mundo, habló de intentos de desestabilizar su “proyecto de nación”. Más tarde habló de “unidad, ley y orden” y creció la arremetida policial contra las manifestaciones. Después, de “mejorar el estado de derecho” con la creación de más leyes y reformas constitucionales, como la que busca la desaparición de las policías municipales, y ahora pide que lo “superemos”.
El Congreso ha comenzado a respaldarlo. El pasado martes 2, la Cámara de Diputados le echó ya una mano y aprobó reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución para que el derecho de los ciudadanos a la “movilidad universal” quede sometido a la justicia penal, civil y administrativa y que el Congreso fije criterios de concurrencia de los tres niveles de gobierno respecto a la limitación de esa garantía.
Grave también es la limitación que ha empezado a tomar forma en las redes sociales. El miércoles, en un ciberataque, un ejército de bots (cuentas automáticas, ficticias) atacó y saturó hasta desaparecer la etiqueta #YameCanse, creada en Twitter a propósito de los dichos del procurador Jesús Murillo Karam a los familiares de los normalistas de que ya se cansó de que le dijeran que no ha hecho nada para encontrarlos y de su expresión al final de la conferencia del 7 de noviembre pasado para dar la versión oficial de la desaparición de los 43 normalistas.
Sostenida durante un mes como la principal tendencia en México en Twitter, con 4 millones 162 mil menciones desde su creación ese 7 de noviembre, la etiqueta fue rápidamente sustituida por #YameCanse2.
Si hay más ataques se llegará a #YameCanse43, como se advierte en la nueva etiqueta. Ese no es el problema, sino las respuestas del gobierno a la protesta social en las calles y en las redes sociales.
Si @EPN ya se cansó, la desesperación es el camino seguro al autoritarismo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)
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