En un comunicado, la dependencia informó que, a través de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas ordenó el traslado de los estudiantes como probables responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir.
No obstante, detalló que como se trata de delitos considerados no graves, los detenidos cuentan con beneficios de ley para seguir el proceso en libertad.
La consignación se realizó alrededor de las 02:40 horas de este miércoles.
Demián Reyes Lara, de 18 años, y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Óscar Espinoza Trigueros, de 18, y alumno del CCH Oriente, y Ariel Flores Pérez, de 18, y de la Vocacional 9, del IPN, fueron llevados al área de Ingresos del penal.
Miguel Méndez, abogado de los acusados, informó que hoy por la madrugada la autoridad les fijó una fianza de 18 mil 600 pesos a cada uno para poder enfrentar el juicio en libertad.
No obstante, hacia las nueve de la mañana, cuando empezaba a realizar los trámites para el pago, se enteró de que los jóvenes fueron llevados al reclusorio minutos después de fijada la fianza.
Según el abogado, este hecho es “ilegal”, pues aún no se cumplían las 48 horas para determinar la situación legal de sus clientes, sino hasta las 23:00 horas de este miércoles.
Hacia las 21:00 horas, el juez 23 de Delitos No Graves fijó una fianza de 106 mil 476 pesos a cada uno de los jóvenes acusados para enfrentar el proceso en libertad.
Sus familiares y abogados informaron que solicitarían el apoyo de una afianzadora para cubrir 15% del total de la fianza y, con ello, lograr la salida de los jóvenes en las próximas horas.
Piden granaderos identificados
Sobre los hechos violentos del lunes pasado, el portal Change.org publicó una solicitud de firmas para que los granaderos que resguarden la seguridad en las manifestaciones “porten un número de identificación único e intransferible, legible a simple vista y a la distancia, en la parte delantera y posterior del uniforme, en el casco, en ambas botas, en el escudo y en el tolete, con el objetivo de facilitar su identificación”.
El argumento de dicha petición es que en las recientes marchas en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ha habido un gran número de policías, pero que no hay manera alguna de identificarlos individualmente”.
Tal situación, dice el texto, “esto es muy peligroso puesto que les permite cometer abusos con impunidad al refugiarse en el anonimato”.
La crítica continúa: “Hemos visto a policías granaderos y antimotines agredir con lujo de violencia y con total impunidad a grupos de personas que se manifiestan pacíficamente incluyendo a familias y menores de edad. A pesar de los múltiples videos y testimonios que evidencian el empleo injustificado y desmedido de fuerza por parte de la policía en manifestaciones pacíficas, no existen sanción ni penal ni administrativa para éstos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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