Además explicaron que las organizaciones Naciones Unidas (ONU) y la de Estados Americanos (OEA) están involucrados en el amparo que se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en Justicia Administrativa pues en esas instancias se ha especificado que el agua es un recurso que no puede ser mercantilizado ni privatizado.
“No se nos otorgó el derecho de audiencia para poder decidir al respecto al proyecto, violentando con ello la convención sobre el acceso a la información y a la participación del público en la toma de decisiones de acceso a la justicia en asuntos ambientales [...]. No supimos cuándo se inició y cuándo se desahogaron todos los procesos que debía tener este concepto regional e internacional”, denunció en conferencia de prensa el día de ayer Cosijoopii Montero, presidente de la organización Reforestación Extrema.
Montero explicó que el amparo tiene como objetivo la solicitud de audiencia para consultar sobre el proyecto del acueducto Monterrey VI a las comunidades de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.
“El proyecto está basado con una concesión de Conagua que no es válida, originalmente era para la boca toma del Río Tampaón, pero el distrito de Riego del Pujal Coy se inconformó, y tuvieron que cambiar la boca toma de San Luis Potosí a Veracruz”, refirió.
El presidente de Reforestación Extrema a Agua y Drenaje de Monterrey que restituyan todo el proceso, “porque se incurre en un acto de falsear información, los permisos de la Semarnat no tienen validez porque se habla de otro proyecto”.
Dijo que la dependencia estatal le mintió a la Comisión Ecológica Fronteriza “porque en ningún momento les notificaron del cambio de la boca toma”.
Por su parte, Mariano Núñez González, presidente del Colegio de Abogados, explicó que en el amparo se involucra a las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y a la de Estados Americanos (OEA), pues en estas instancias se ha especificado, en leyes modelo, que el agua es un recurso que no puede ser mercantilizado ni privatizado.
“Están como terceros perjudicados. ¿De qué sirve que ellos establezcan leyes modelos en materia ambiental para que en los países que suscriben los tratados las violenten?, ellos son responsables y van a tener que acudir a juicio aquí en México”, dijo Núñez González.
El gobierno de Nuevo León, encabezado por el priista Rodrigo Medina de la Cruz, otorgó en septiembre pasado a Grupo Higa la licitación para construir el acueducto Monterrey VI, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años.
Emilio Rangel Woodyard, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, informó el pasado 8 de septiembre que una vez entregada la obra, la paraestatal pagará mensualmente 124 millones 99 mil 167 pesos, sin IVA, por un periodo de 27 años a una tasa fija de 6.25 por ciento. La obra se financiará con recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el estado de Nuevo León.
El proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro, con origen en San Luis Potosí, que atraviesa territorios de Veracruz y Tamaulipas y llega al municipio de Linares, Nuevo León, para extraer agua del Río Pánuco y que se interconectará con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey, a fin de conducir el agua hasta la planta Potabilizadora San Roque y distribuirla a la zona conurbada regiomontana a través de los dos anillos de transferencia ya existentes.
La construcción de Monterrey VI fue una de las promesas que Peña Nieto hizo el pasado 22 de abril de 2012 en el marco de su campaña presidencial. Ese día, el mexiquense dijo que había requerido al notario público 129 de Nuevo León, Manuel García, para que diera fe de tres compromisos: concretar el proyecto acuífero Monterrey VI, reforzar con elementos federales a los cuerpos policíacos de la entidad y construir las líneas 3 y 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo Metro.
Dos años después, y meses antes de que la licitación del acueducto fuera ganada por Concretos y Obras Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, Peña Nieto, ya como Presidente, regresó a la entidad donde dijo: “Apoyamos la construcción del acueducto Monterrey VI, una obra esencial para la viabilidad de esta región que asegurará el suministro de agua en las próximas décadas [...] puedo recordar de aquel entonces, siendo candidato y habiendo suscrito este compromiso de una obra que significa construir el acueducto más grande, quizá, que haya en el país, del orden de 400 kilómetros.”
Grupo Higa pertenece a Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario vinculado al Presidente Enrique Peña Nieto. La empresa edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su Gobernador, también alquiló aeronaves al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus.
Armando Hinojosa fue parte del consorcio al que inicialmente el Gobierno federal adjudicó la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro, con valor de 50 mil 820 millones de pesos. La obra fue cancelada de forma por el gobierno de Peña Nieto el 6 de noviembre.
Una investigación realizada por el sitio Aristegui Noticias detalló aún más la relación entre el priista Peña Nieto y Grupo Higa al dar a conocer que una casa localizada en Lomas de Chapultepec, y en donde vivió la familia presidencial, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa.
El mismo medio reveló que mientras la “casa blanca” era edificada por Grupo Higa, Peña Nieto utilizó como oficina durante su campaña presidencial y el periodo de transición otro inmueble localizado también en Lomas de Chapultepec, la cual es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
En Nuevo León la construcción del acueducto Monterrey VI ha provocado denuncias por parte de la sociedad civil. Organismos sociales y ciudadanos solicitaron al gobierno de Medina realizar una mesa de diálogo para que se informen sobre los detalles jurídicos y económicos del proyecto Monterrey VI. Además dijeron que el hecho de que haya resultado beneficiada la empresa del Grupo Higa levanta dudas de “favoritismo y posible corrupción”.
Rescatemos Nuevo León y Reforestación extrema, entre otros grupos civiles, denunciaron a principios de este mes que existe un conflicto de intereses en Monterrey VI. Explicaron que además de la relación del Presidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, a través Concretos y Obra Civil del Pacífico, hay otra empresa participante, Pyecsa, que está relacionada con el Gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz.
Dijeron que ademas está involucrada la constructora Recsa, de Humberto Armenta, quien, afirmaron fue expulsado de la Cámara Mexicana de la Construcción por supuestos malos manejos. Por ello manifestaron que seguirán con los procedimientos legales en curso y un posible amparo contra el proyecto, cuestionado también por caro e innecesario.
Tras analizar de los documentos públicos y escuchar especialistas y académicos, dijeron que encontraron “nuevos indicios de que el proyecto Monterrey VI es una obra no pertinente, innecesaria y sumamente costosa”.
Los organismos civiles han exigido al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz la destitución inmediata de Emilio Rangel, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) por mentir a la ciudadanía, falseando información para justificar la obra y negar información sobre el proyecto.
Asimismo han presentado ante el Congreso de Nuevo León la solicitud de cancelación de proyecto hidráulico Monterrey VI con el argumento de “la patente opacidad, falta de control e irregularidades (financieras, ecológicas y legales) de las que está plagado el proyecto en cuestión”.
Han denunciado que el proyecto tiene “anomalías que llegan a absurdos tales como que no se ha podido dar siquiera una respuesta clara respecto del precio que pagaremos los nuevoleoneses por el acueducto, pues primero se dijo que eran catorce mil, luego cuarenta y siete mil, después cincuenta y siete mil millones de pesos y ahora, ninguna de las anteriores; ni se han compartido los estudios de factibilidad ecológica que justifiquen la viabilidad del proyecto, en los ecosistemas que pretende trastocar”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-12-2014/1196135
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