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A poco más seis meses de los hechos, en una manifestación frente a la sede del gobierno capitalino, informaron que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, les notificó la resolución de un amparo en contra del auto de formal prisión a los detenidos.
El pasado 21 de mayo, alrededor de dos mil granaderos realizaron un operativo en el pueblo de San Bartolo Ameyalco para resguardar la construcción de una obra hidráulica impulsada por la delegación que gobierna el perredista Leonel Luna, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
La oposición vecinal acusó que no fue consultada e intentó parar la maquinaria; entonces, se generó un zafarrancho entre pobladores y policías, con varios lesionados. La policía detuvo a cinco personas, entre ellas a Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares y Eduardo Nava Mejía.
La defensa acusó a la policía de violar los derechos humanos de los detenidos, así como el debido proceso legal. Aún así, el Juzgado 56 de lo Penal en el Reclusorio Preventivo Oriente dictó auto de formal prisión el 29 de mayo. Los delitos: ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad y, en uno de los casos, lesiones contra agentes de la autoridad.
Enseguida los abogados solicitaron un amparo contra la orden del juez. Este jueves, el Comité Cerezo informó que la Justicia de la Unión resolvió “amparar a los presos por motivos políticos de San Bartolo Ameyalco en ‘virtud de que el juez (que dictó) el auto de formal prisión no hizo una debida valoración de pruebas al no haber razonado de manera fundada ni motivada con qué medio de convicción se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de lesiones’”.
Lo que procede, explicó, es “conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, respecto del delito consistente en ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad, y con plenitud de jurisdicción emita otra resolución, en la que funde y motive su decisión, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en uno diverso, pero purgando los vicios formales de que adolecía el reclamado”.
En el documento se informó que, si bien el Juzgado Séptimo “debió ordenar la completa y absoluta libertad de los detenidos… el hecho de que resuelva que no está debidamente motivado ni fundado el auto de formal prisión comprueba lo que los familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos hemos denunciado: la violación al debido proceso y la presunción de inocencia”.
Bajo este argumento, familiares de los presos, pobladores y organizaciones derechos humanos realizaron un mitin frente a la oficina del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien le exigieron la liberación de los detenidos y el desistimiento de la acción penal en su contra, “dadas las irregularidades jurídicas y las violaciones a los derechos humanos”.
La “injusta reclusión” de los presos de San Bartolo Ameyalco, acusaron, “se da en el marco de una política de detenciones arbitrarias en el DF que tiene como objetivo el inhibir el derecho humano a la protesta social y la criminalización de la inconformidad social”.
No se trata de “un hecho aislado”, agregaron, por lo que “su libertad tendría que ser un acto mínimo de justicia por parte de las autoridades del DF”.
Entre los firmantes del comunicado participan el Comité de apoyo por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco, el Comité Cerezo México, Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Radio Estudiantil Libertaria, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Ajusco Radio, Cine Club Che Guevara y la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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