Los consumidores estadounidenses obtienen toda la salsa, calabazas y melones que puedan comer a precios asequibles. Y las grandes tiendas de EU como, Wal-Mart, Whole Foods, Subway y Safeway, entre muchas otras se benefician de los productos de los que ahora dependen.
Estas corporaciones dicen que sus distribuidores mexicanos se comprometen a dar un trato decente y condiciones de vida para los trabajadores, pero una investigación del Los Angeles Times encontró que miles de trabajadores agrícolas al sur de la frontera –el auge en las exportaciones– viven una historia de explotación y extrema pobreza.
Muchos trabajadores agrícolas se quedan esencialmente atrapados por meses en campamentos infestados de ratas, muchas veces sin contar con camas y en ocasiones sin escusados funcionales o un confiable suministro de agua.
Algunos patrones en las fincas les retienen ilegalmente los salarios para prevenir que los trabajadores se vayan durante los periodos de la pisca.
Los trabajadores por lo regular se endeudan demasiado al tener que pagar precios inflados por víveres necesarios que tienen que comprar en las “tiendas de raya”. Algunos se ven en la necesidad de buscar comida entre los desechos cuando les cortan el crédito, informa el diario. “Es común para los trabajadores el llegar a casa sin dinero al final de la cosecha”, agrega.
Según el medio estadunidense, aquellos que intentan escapar a sus deudas y condiciones de vida miserables tienen que vérselas con los guardias, cercos con alambre de púas y sufren amenazas de violencia de parte de los supervisores.
“Las grandes compañías de Estados Unidos han hecho muy poco para imponer lineamientos de responsabilidad social que estipulan protecciones básicas para el trabajador, tales como una vivienda digna y prácticas justas de pago”, apunta en un reportaje Los Angeles Times.
Los trabajadores agrícolas son por lo regular indígenas provenientes de las regiones más pobres de México. Viajan en autobús por cientos de kilómetros hasta los complejos agrícolas, donde trabajan por jornadas de seis días a la semana para ganar entre 8 y 12 dólares al día.
El periódico asegura que existe un contraste entre en trato que los empresarios tienen con el producto y el que tienen con sus empleados.
“En los inmaculados invernaderos, a los trabajadores se les ordena que utilicen desinfectantes para las manos y son capacitados en cómo deben manejar los productos. Se les exige que mantengan sus uñas cuidadosamente cortadas para que la fruta arribe sin magulladuras a los supermercados de Estados Unidos”, dice.
“Ellos quieren que cuidemos muy bien los tomates, pero no nos cuidan a nosotros”, asegura Japolina Jaimez, una empleada agrícola de Rene Produce, una cultivadora de tomates, chiles y pepinos en el estado de Sinaloa. “Miren cómo vivimos”, denuncia la mujer señalando a sus compañeros de trabajo y a sus hijos, quienes se bañaban en un canal debido a que las regaderas no tenían agua.
En las mega-productoras que suministran a las grandes tiendas estadounidenses, el trabajo infantil ha sido en gran parte erradicado, pero en muchas productoras pequeñas y medianas, los niños aún trabajan en los campos.
Alrededor de 100 mil niños menores de 14 años piscan las cosechas por un salario, de acuerdo con cifras oficiales.
Durante la investigación de 18 meses de Los Angeles Times, un reportero y un fotógrafo viajaron por nueve estados mexicanos, observando las condiciones de los campamentos agrícolas y entrevistando a cientos de trabajadores.
En la mitad de las 30 granjas que se visitaron, a los trabajadores se les impedía irse debido a que sus salarios estaban siendo retenidos o debían dinero a la empresa que los empleó.
“Algunos de los peores campamentos estaban vinculados a compañías que han sido elogiadas por el gobierno y grupos industriales. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, galardonó a dos de estas nombrándolas ‘exportadores del año’”, narra el rotario.
El diario LA Times rastreó los productos en su recorrido desde los campos agrícolas hasta los supermercados en Estados Unidos utilizando datos de exportación del gobierno mexicano, reportes de seguridad de alimentos de auditores independientes, sondeos de pesticidas en California que identifican la procedencia de los productos importados, y numerosas entrevistas con funcionarios de las compañías y expertos de la industria.
“La práctica de la retención de salarios, aunque prohibida por la ley mexicana, aún persiste, especialmente para los trabajadores que son reclutados en las regiones indígenas, de acuerdo a funcionarios del gobierno y a un reporte del 2010 de parte de la Secretaría federal de Desarrollo Social. Estos trabajadores trabajan típicamente bajo contratos de tres meses y no se les paga hasta el final. La ley dice que se les debe pagar de manera semanal”, refiere el diario.
Los patrones en una de las más grandes productoras de México, Bioparques de Occidente, en el estado de Jalisco, no sólo les retenían los salarios, sino que también tenían secuestrados a cientos de trabajadores en un campamento laboral y “a algunos los golpeaban por intentar escapar, de acuerdo a los trabajadores y autoridades mexicanas”.
Cuando se le preguntó sobre sus vínculos con Bioparques y otras productoras donde los trabajadores eran explotados, Wal-Mart emitió el siguiente comunicado:
“Nosotros nos preocupamos por los hombres y mujeres en nuestra cadena de suministros, y reconocemos que aún hay muchas dificultades en esta industria. Sabemos que el mundo es enorme. Mientras que nuestros estándares y auditorías hacen que las cosas sean mejores alrededor del mundo, no podemos estar al tanto de cada instancia en la que las personas hacen cosas que no están bien”.
En Rene Produce, en Sinaloa, LA Times vio a “trabajadores con hambre buscando sobras de comida debido a que no podían costearse la comida que se vendía en la ‘tienda de raya’”.
Esa productora exportó 55 millones de dólares en tomates en el 2014, surte a supermercados en todo Estados Unidos, incluyendo las tiendas Whole Foods, compañía que recientemente publicó anuncios de una plana completa de periódico haciendo promoción de su compromiso con la responsabilidad social.
Cuando se le preguntó que diera un comentario, Whole Foods dijo que no esperaba volver a comprar productos “directamente de Rene”, productora que es descrita como un distribuidor menor.
“Nosotros tomamos estos hallazgos que ustedes comparten de manera muy seria, especialmente desde que Rene firmó nuestro acuerdo de compromiso social”, según dijo Edmund LaMacchia, vicepresidente global de adquisición de Whole Foods, en un comunicado.
Rene Produce fue nombrada en México como una de las exportadoras del año el pasado mes de septiembre.
Los ejecutivos de Triple H, en Sinaloa, otro exportador del año y distribuidor de grandes supermercados en Estados Unidos, dijeron que estaban sorprendidos de escuchar sobre estas abusivas prácticas laborales en las productoras, incluyendo una de sus propios distribuidores, Agrícola San Emilio.
“Violan por completo nuestros principios”, dijo Heriberto Vlaminck, director general de Triple H.
Su hijo, Heriberto Vlamink Jr., director comercial de la compañía, agregó: “encuentro increíble que hay personas que trabajen en estas condiciones”.
La mitad de los tomates que se consumen en Estados Unidos, provienen de México, la mayoría del área cercana a Culiacán, la capital de Sinaloa. Muchas productoras usan técnicas de cultivo de Europa. Paredes de enredaderas de tomate crecen hasta 3 metros de altura y son piscados por trabajadores en zancos.
Agrícola san Emilio cultiva sus cosechas sobre 370 acres de campos abiertos e invernaderos, 32 kilómetros al oeste de Culiacán. En una bodega de paquetería con techo de lámina, los tomates, pimientos morrones y pepinos son metidos en cajas para su viaje hacia el norte con los distribuidores de Wal-Mart, Olive Garden, Safeway, Subway y otros minoristas.
En el 2014, la compañía exportó más de 80 millones de libras de tomates, de acuerdo con cifras oficiales.
Cada invierno, mil trabajadores arriban a San Emilio en autobús con mochilas y cobijas, con la esperanza de ganar suficiente dinero para mantener a sus familias. Algunos simplemente quieren llegar a un lugar donde puedan ser alimentados.
Detrás de la bodega de paquetería, se encuentra el campamento principal de la compañía, un conglomerado de edificios construidos de bloque o metal corrugado, donde viven unos 500 trabajadores.
Las estructuras de tipo cobertizo están divididas en pequeñas habitaciones que albergan a unas cuatro o seis personas a la vez. Los pisos son de concreto. No hay camas u otros muebles, ni ventanas.
El día de trabajo comienza a las 3 de la mañana cuando un tren de carga conocido como “La Bestia” pasa por el polvoriento campamento, despertando a los que ahí habitan. “Toman café, un pan y unas cuantas tortillas antes de salir a los campos”, relata.
Cuando los periodistas del LA Times visitaron el campamento en marzo, Juan Ramírez, de 22 años, quien tiene a un hijo pequeño en su natal Veracruz, había estado trabajando en San Emilio por seis semanas y aún no le pagaban.
Él y otros trabajadores pasaron los días piscando, empaquetando y podando, o espulgando las plantas en busca de gorgojos. El menú de sus comidas: un plato de lentejas para la comida y un plato de lentejas para la cena.
Ramírez, vistiendo en camiseta blanca, platicaba con dos jóvenes que acaban de llegar. Se quejaban de que tenían hambre y de constantes dolores de cabeza. Ramírez sabía lo que sentían. Había perdido 20 libras de peso desde que empezó a trabajar en la productora.
“Llegamos aquí gordos y nos vamos todos flacos”, dijo.
Ramírez y varios cientos de otros trabajadores reclutados por el mismo contratista laboral ganaban 8 dólares al día y debían hasta 300 dólares cada uno. Dijeron que no les iban a pagar hasta que terminaran sus contratos de tres meses. Eso sería dentro de seis o más semanas.
Los trabajadores dijeron que se les habían prometido 8 dólares de dinero para gastar cada dos semanas, pero sólo lo recibían en esporádicas ocasiones.
Si se iban ahora, perderían los salarios que habían ganado. La reja de alambre de púas que circundaba el campamento fungía como un disuasivo. Los propietarios de la productora dicen que las barreras son para mantener alejados a los ladrones y narcotraficantes. Pero también tienen otro propósito, disuadir a los trabajadores de querer irse antes de que se pisque la cosecha y que paguen sus deudas en la tienda de raya.
“Incluso si los trabajadores en San Emilio brincaran la cerca, tal como algunos lo han hecho, no podrían costearse el transporte de regreso a Culiacán, no el boleto de 100 dólares del autobús para regresar a casa”, detalla el medio.
Juan Hernández, padre de cinco hijos proveniente de Veracruz, estaba preocupado por su esposa, quien había resultado lesionada en un accidente. “Quiero irme”, dijo. “Pero si me voy lo pierdo todo”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-12-2014/1187488.
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