Según el diputado perredista, Fernando Belaunzarán, las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, en materia de derecho a la movilidad universal -aprobados el martes en San Lázaro, con 292 votos a favor, 100 en contra y una abstención-, “alguien (los) pudiera interpretar o sobreinterpretar”.
“Imagínense que estando el país como está, con la gente en las calles, se pudiera entender que esta reforma puede limitar el derecho a la manifestación. Eso es echarle leña a la hoguera, echarle leña al fuego… la propuesta que les quiero hacer es que lo digamos explícitamente, que establezca que esto es sin menoscabo del derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión…
“Hay quien dice: es que ya está en la Constitución. Bueno, cuál es el problema de hacerlo de manera más explícita, para evitar, insisto, malos entendidos en un momento por demás delicado.No mandemos señales equívocas, sería una forma –me parece– irresponsable de actuar en este momento, poder mandar una señal equivocada.
“Si nadie quiere dar ningún pretexto para que se coarte la libertad de manifestación, pues establezcamos y quitemos. Si alguien dice: es que éstos son fantasmas que se están creando. Conjuremos los fantasmas y pongámoslo explícitamente… No queremos ahondarla crisis y si se quiere ahondar la crisis es mandar un mensaje equivocado y que se empiece a difundir que lo que se quiere es coartar la libertad de manifestación y entonces sí, que arda Troya”, expuso en tribuna el perredista.
Quien propuso las reformas, el panista Marcos Aguilar, rechazó que éstas se contrapongan a la libre manifestación.
“Debo señalar que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación. La movilidad no pugna con el ejercicio de estos derechos, pues quienes viven y transitan en zonas rurales y en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público.
“No se puede sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación que llegará a expedirse, deberá regular la actuación de la autoridad para permitir su ejercicio armónico, implementando planes y procedimientos operativos adecuados, para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal”, argumentó el diputado del PAN.
¿Qué dice el texto?
La reforma reconoce en el Artículo 11 de la Constitución el derecho a la “movilidad universal”, atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
En el Artículo 73 se indica que el Congreso deberá expedir una ley secundaria sobre movilidad universal, y en artículos transitorios se prevé que ésta deberá estar lista en 180 días.
En tanto, las legislaturas de los congresos locales tendrán un plazo de 60 días para adecuar sus leyes de acuerdo a la reforma constitucional y a la ley general, a partir de que ésta entre en vigor.
“Quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación, por tanto el Estado buscará mecanismos alternativos para el disfrute de dicha garantía”, dice el dictamen aprobado y enviado al Senado.
¿Ley antimarchas, sí o no?
En este momento, no hay legislación alguna que prohíba la libre manifestación o una marcha en el país.
Al contrario, el artículo sexto constitucional indica: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público (…)”.
Sin embargo, en los últimos años han existido intentos legislativos por regular marchas, alegando que la libertad de tránsito -también en la Constitución- constituye una especie de límite al ejercicio del derecho a manifestarse Esto último, cuando la libertad de tránsito se afecta con las manifestaciones que obstruyen la vía pública (los bloqueos y plantones, por ejemplo).
Más sobre el debate ayer en Cámara de Diputados
El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) destacó que la reforma reviste una gran importancia ya que pretende plasmar en nuestra Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tenemos todas las personas a la movilidad universal.
Este derecho, dijo, implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes, a su adecuado desplazamiento de un lugar a otro.
Afirmó que la inmovilidad puede traer consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras.
Por su parte, las diputadas Aleida Alavez Ruiz (PRD) y Zuleyma Huidobro González (MC) presentaron, por separado, una moción suspensiva bajo el argumento de que la actual situación que vive el país no es conveniente para discutir esta reforma en el Congreso.
Aleida Alavez mencionó que la adición y reforma al artículo 11 y 73 constitucionales vulneran el artículo 1o constitucional en materia de protección a garantías individuales y derechos humanos.
La reforma al artículo 11, dijo, permitirá al Estado controlar, en una ley general, el derecho a la movilidad, es decir, “a las manifestaciones a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos”.
En el caso del artículo 73, opinó, permitiría al Congreso de la Unión a tener facultades para expedir una ley que permita el control de las marchas y por ende el libre tránsito.
“No es el momento político para aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado, seamos responsables y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles”, concluyó.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) advirtió que bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de ella derivarían, podrían ser utilizadas para inhibir el derecho de la libre manifestación de los ciudadanos.
“Quienes nos hemos formado en la lucha social a lo largo de muchos años, sabemos que en ocasiones las manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero de no ejercer nuestros derechos constitucionales, los actos reclamados podrían quedar opacados y en la impunidad”, consideró.
Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que esta ley, “en apariencia progresista e innovadora” en la coyuntura político-social que vive el país, puede utilizarse “como una coartada para la represión. Como una coartada para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la Constitución Política”.
Añadió que el dictamen es “políticamente inoportuno” por la situación del país, el cual vive “intensas movilizaciones sociales, de enojo frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica”.
Opinó que si la preocupación es la movilidad urbana, nada impide que los congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales en materia de transporte, procurar la utilización ecológica del transporte público, se realicen campañas para desincentivar el uso del automóvil y se privilegie el transporte público.
El PRI no fijó una postura oficial sobre estas reformas.
El dictamen fue enviado al Senado de la República y ahí será discutido nuevamente.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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