Se argumentó que la Cámara de Diputados no podía investigar a particulares, pero el priista logró el apoyo de todas las fracciones opositoras al gobierno panista, y la Auditoría Superior de la Federación indagó pero, curiosamente, nada encontró durante ese año.
En 2005, Vicente Fox llegó a su penúltimo año de gobierno y el escándalo ya había pasado de la esposa a sus hijastros, sobre todo Manuel Bribiesca Sahagún. Se le acusaba de tráfico de influencias, de gestionar contratos de obra a empresas particulares a cambio de jugosas comisiones o “moches”.
La Cámara de Diputados se resistía a indagar con el argumento de que la ley le impide hurgar en la vida y negocios de particulares. Pero hábiles, los priistas finalmente encontraron la fórmula para hacerlo sin violentar la ley. Eso ocurrió en 2005, curiosamente en la bancada encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El resquicio legal encontrado fue el artículo 93 de la Constitución, que permite a los diputados crear comisiones investigadoras para indagar el “funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.
Para crearla esas instancias de revisión, la Carta Magna exige un mínimo de 125 firmas que la respalden. El PRI logró las firmas y el 21 de junio de 2005 se creó el ente con un título kilométrico: “Comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas SA de CV”.
Hoy, la oposición al PRI juega con sus mismas armas. Luego de varios rechazos a crear una comisión especial para indagar el escándalo de la “Casa Blanca”, el PT se escudó en el mismo artículo 93 constitucional y pidió una “comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con la misma”.
La “Casa Blanca” de Sierra Leona en las Lomas de Chapultepec, de Angélica Rivera, tuvo un costo aproximado de 86 millones de pesos, pero no lo pagó con crédito bancario, pues para ello pidió un crédito al amigo de su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.
El amigo y empresario consentido del régimen priista, Hinojosa Cantú, accedió con gusto, le vendió el terreno a “La Gaviota” y ahí la primera dama construyó su mansión.
El escándalo lo detonó la revelación que hizo del caso el portal Aristegui Noticias, pero en San Lázaro los priistas se mantuvieron inamovibles en su rechazo a crear una “comisión especial”.
Y justo el mismo día en que el PT, a través del diputado Manuel Huerta, decidió jugar con las mismas armas del PRI de 2005 y pidió una “comisión investigadora”, el diario estadunidense The Wall Street Journal hizo otra revelación: el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también le compró otra casita al constructor y amigo favorito del priista Peña Nieto.
En lugar del Distrito Federal, Videgaray escogió el bello municipio mexiquense de Malinalco. Ahí le compró a Hinojosa Cantú una casa de 7.5 millones de pesos en octubre de 2012, pagadera a ocho años pero liquidada en enero del año que está por terminar.
El modus operandi empleado por Luis Videgaray fue el mismo que el de Angélica Rivera: comprarle a Hinojosa Cantú la casa y pedirle al mismo tiempo un crédito en lugar de financiarse a través de la banca privada.
El escándalo parece imparable. El descontento de la gente en las calles se acrecienta y los partidos de oposición, en especial el PAN, ven en la decisión del diputado petista Manuel Huerta la oportunidad de cobrarle al PRI la afrenta de investigar al alguien de la familia presidencial en tiempos del foxismo. Por ello, el PAN le dio a Huerta 60 firmas para que sumara las 195 requeridas para la creación de la comisión especial.
Hoy la Cámara de Diputados, sobre todo el PRI y sus satélites del PVEM y Panal, no tienen forma de escabullirse, y por ello deberán crear la comisión investigadora; el problema será si los organismos descentralizados entregan la información, que por ley deberán dar a los legisladores.
Y mientras la comisión investigadora se echa a andar, los lectores esperan que otro medio de información ofrezca nuevos datos como, por ejemplo, que otro u otros miembros del gabinete peñista hayan “aprendido el caminito” y acudiesen al benévolo Hinojosa Cantú para que les financie una casita en cómodas mensualidades.
No olvidemos que Hinojosa Cantú siempre ha buscado hacer más llevadera la vida a los peñistas como, por ejemplo, la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que nace en el aeropuerto de Toluca y pasa por la casita de Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, en el Estado de México. Una carretera que por cierto viola derechos agrarios de los propietarios de los terrenos por donde pasará esa vía.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS)
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