En un comunicado, la CMDPDH precisó que en el marco del 13 Periodo de Sesiones de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, expuso que a partir del sexenio de Felipe Calderón los abusos contra la población civil se intensificaron por el impulso de la “guerra contra el narcotráfico”, lo que se tradujo en la aplicación de “una política de seguridad militarizada”.
Al señalar que la violencia que vive el país es la más grave de los últimos 100 años, sostuvo que aunque “se tienen registradas más de 22 mil desapariciones forzadas, más de 70 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 160 mil desplazados internos por la violencia y miles de casos de tortura, las autoridades niegan la existencia de un conflicto armado, quitando la gravedad de estos hechos en el país y dejando estas graves violaciones de derechos humanos como ‘hechos aislados’”.
De igual manera, condenó que ese panorama se agudice “al no existir sentencias contra autores materiales, ya sean de grupos de delincuencia organizada o, en su caso, altos responsables de la estructura del Estado mexicano”, arrastrando un nivel de impunidad de 98%, además de que “sólo 1.5% de las denuncias llega ante un juez”.
En septiembre pasado la CMDPDH, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, presentaron un documento ante la CPI denunciando las constantes violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, tomando como caso paradigmático el estado de Baja California (Proceso 1977).
En su comunicado, la organización recordó que en el documento entregado por las tres organizaciones ante la Fiscalía de la CPI, “se mostró la práctica sistemática de la tortura perpetrada por fuerzas federales contra la población civil en Baja California entre los años 2009 y 2011”.
De acuerdo con los expedientes presentados ante los órganos internacionales, “las personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas por algunos días y torturadas brutalmente en instalaciones militares, lo que se enmarca como crímenes de lesa humanidad”.
Luego de aclarar que en la mayoría de los casos documentados “las víctimas fueron procesadas y encontradas inocentes”, la CMDPDH consideró que la CPI cuenta con elementos sólidos para intervenir en México y “brindar apoyo a instituciones, y sobre todo a las víctimas para investigar, llevar a cabo un debido proceso y castigar a los responsables, ya sean personas en las altas esferas del poder del Estado o grupos del crimen organizado”.
Lo anterior es posible, apuntó la organización, toda vez que México ratificó el Estatuto de Roma en noviembre de 2005, mismo que entró en vigor en enero de 2006, por lo que “la CPI puede juzgar crímenes cometidos en México”.
Según la CMDPDH, los casos presentados en su documento de septiembre entran dentro de las facultades de la CPI, que “tiene competencia para juzgar penalmente a individuos presuntamente responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.
La organización recordó que la CPI está formada por jueces internacionales independientes y “juzga a personas física en procesos penales con respeto a las garantías de un juicio justo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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