El dictamen se sacó de la “congeladora” legislativa justo un día después de la manifestación del 1 de diciembre, donde miles de personas exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la renuncia de Enrique Peña Nieto.
Tras ello, el PRD emitió un pronunciamiento en el que expresó “su absoluto rechazo a cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en el país y consideró que las modificaciones a los artículos 11 y 73 de la Constitución Mexicana podrían abrir esa ruta.
Destacó que el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza pretenden facilitar la censura y la represión hacia cualquier manifestación en las calles, un derecho que los mexicanos han conquistado a lo largo de años de lucha por el respeto a las libertades de tránsito y de expresión y por un país más democrático.
“El PRD considera que dicho dictamen es social y políticamente irresponsable, e incluso peligroso para la convivencia democrática, pues sus promotores pretenden convertirlo en un atentado contra las libertades políticas, como se evidencia en la potestad que se le daría al Estado para buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación, y para regularlas mediante una ley general”, subrayó.
Contrario a ello, propuso respeto absoluto para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan con seguridad su derecho a la libre expresión, reunión y manifestación, “para lo cual pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acompañe todas las manifestaciones públicas para constatar in situ el libre ejercicio de ese derecho constitucional”.
Además, pidió adelantar el nombramiento del fiscal general de la República por parte del Congreso de la Unión para que se haga cargo de las investigaciones, y que se priorice la búsqueda con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
También que la Cámara de Senadores frene la intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación, pues de no hacerlo, apuntó, “estará contribuyendo a que la República entre en un nuevo ciclo autoritario de represión contra las libertades, de incalculables consecuencias”.
Agregó: “Hemos dicho que la inconformidad actual de amplios grupos sociales, en especial el juvenil, no se resolverá con mano dura. Este método puede poner al país en su conjunto en una vorágine de crecientes protestas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
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