A pesar de que ambos hechos han merecido el seguimiento en la prensa internacional y pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, el general Cienfuegos aseguró que los hechos en Iguala, registrados en septiembre pasado, “conmovieron la conciencia del país” por “inconcebibles”.
La detención y desaparición de los 43 normalistas a manos de policías municipales y entregados al parecer a la delincuencia organizada, “han hecho reflexionar a la sociedad generando inquietudes que exigen el castigo para los responsables”.
En medio de las incesantes manifestaciones sociales en el país en protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el general secretario aseguró que ante esos hechos, “la mentira, el reproche, la criticada infundada, la violencia y la intolerancia poco abonan”.
Durante un encuentro con la prensa con motivo del fin de año, reiteró el llamado a la unidad que hizo el pasado 20 de noviembre durante el CIV aniversario del inicio de la Revolución Mexicana: “Sólo el esfuerzo convergente de todos los mexicanos, de la sociedad, permitirán un México en paz y seguro”.
Como en esa ocasión, insistió también en que la violencia en el país y la delincuencia organizada son problemas de Estado y no sólo una responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad.
En septiembre pasado, cuando la policía municipal de Iguala desapareció a los estudiantes, el Ejército mexicano estaba bajo la atención en México y el extranjero por las revelaciones periodísticas de que soldados del 102 Batallón, con sede en el Estado de México, ejecutaron de forma sumaria a 21 presuntos delincuentes, en el municipio de Tlatlaya.
La Procuraduría General de la República encausó penalmente a seis efectivos como probables responsables del homicidio de ocho personas, aunque para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron 15 los ejecutados extrajudicialmente por el Ejército.
El general Cienfuegos evitó referirse directamente a Tlatlaya: “Cada soldado en el cumplimiento de su deber, cada líder de tropas en el ejercicio de mando de sus tropas debe tomar decisiones firmes pero razonadas, debe ser garante de la ley y del respeto irrestricto a los derechos humanos de la población”.
Con el argumento de que el respeto a los derechos humanos “es la guía” de los soldados y marinos en el país, aseguró: “Cada vez que un militar se aleja del precepto legal es juzgado conforme a derecho por la autoridad competente porque ante ella y sólo ante ella debe responder por su proceder”.
Aseguró que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han reducido significativamente las quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos: “Del total de quejas que se han presentado en la actual administración, sólo el 0.3 por ciento han terminado en recomendaciones de la CNDH”.
Una de ellas fue por la ejecución sumaria en Tlatlaya.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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