Cualquier autoridad que tenga conocimiento de prácticas de tortura o malos tratos debe investigar, enjuiciar y castigar, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cualquier autoridad del Estado que tenga conocimiento de prácticas de tortura o malos tratos está obligada a investigar, enjuiciar y castigar, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, durante la presentación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en Asuntos que Involucren Hechos Constitutivos de Tortura o Malos Tratos.
Silva Meza se pronunció por erradicar estas prácticas en México y advirtió que de no investigar y castigar los malos tratos, las autoridades se convierten en cómplices o responsables, pues “la tortura y los malos tratos son prácticas impropias de un Estado de derecho”.
“Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades. Estoy seguro que es el interés de todos colaborar en este esfuerzo”, consideró.
Explicó que México vive dos realidades en el campo de los derechos humanos: una que incluye todo el marco jurídico, en la que se han presentado grandes avances en la materia, y otra, la real, en la que la tortura es muy utilizada, de acuerdo con organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
“Es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso: una realidad”, expresó.
El protocolo presentado este martes 9 de diciembre se pondrá a disposición de mil 250 jueces y magistrados federales, de 800 defensores públicos, puesto que incluye reglas de actuación dirigidas principalmente a jueces de procesos penales en casos de tortura y delitos conexos que lleguen a su conocimiento, afirmó Silva Meza.
El Protocolo de Actuación es el séptimo que emite la Corte con el objetivo de guiar a los jueces en casos que involucren temas de derechos humanos o grupos vulnerables.
Durante el evento, Miguel Sarre, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, propuso crear una Comisaría Judicial.
“Para que los jueces puedan cumplir con su obligación, de denunciar los hechos de que tengan conocimiento de tortura y de otros delitos contra derechos humanos, de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Con eso queremos romper este espacio de impunidad, este círculo vicioso, que impide perseguir los delitos”, precisó.
La presentación fue el último evento encabezado por Sllva Meza, quien este 10 de diciembre rendirá su informe final de labores.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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