No obstante, estimó que la presión internacional puede contribuir a la resolución de este caso, pues “al gobierno de la República, al Ejército y a todas las instituciones les conviene que este asunto se aclare y que los responsables se confronten ante la justicia; esa es la única solución, no hay otra”.
Gallardo, quien estuvo casi nueve años en una cárcel militar por haber propuesto un ombudsman para los miembros de las fuerzas armadas, dijo que desde antes de la aparición del reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher él había dicho muchas veces que “la única forma como se puede hacer un evento de esa magnitud (el operativo contra los estudiantes) es con la colusión y participación del Ejército, pues Guerrero es el estado más militarizado de la República, además de que hay una alta presencia de la Policía Federal”.
En entrevista con Apro, el militar retirado explica: “Era imposible que el Ejército no se diera cuenta; los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional tienen monitoreado cualquier movimiento que haga la disidencia, en este caso concreto los estudiantes de Ayotzinapa; el Ejército sabe en tiempo real a dónde van, si tomaron un autobús o no, y en un momento dado está en posibilidad el Ejército de haber evitado esta desaparición”.
También calificó como ilógico que a pesar de que los jóvenes fueron detenidos frente al cuartel, el titular de la Sedena dijo que esa institución no tenía conocimiento de esa acción.
“Ahora ya salió que sí tenían conocimiento y que había una comunicación estrecha, como la hay en toda la República, del Sistema Nacional de Seguridad Pública hacia los mandos militares o hacia los cuarteles; tan es así que el C4 estaba en comunicación directa con el comandante del 27 Batallón de Infantería”.
De acuerdo con el general Gallardo, lo que debe hacerse es romper el “manto de impunidad”, pues “aquí queda claro que hay una colusión por parte de las autoridades militares o civiles que permitieron que sucedieran estos hechos, sea por omisión o por acción”.
Las reformas que se hicieron al fuero de guerra en abril pasado, abundó, deben llevar a que el alto mando de la Sedena ponga a disposición de la autoridad civil a todos los militares involucrados en este asunto, porque en las reformas al artículo 13 de la Constitución quedó establecido que cualquier elemento castrense que viole derechos humanos, como es el caso, debe ser juzgado por la autoridad civil, pues de lo contrario podrían ser encubiertos por la autoridad militar.
Además, puntualizó, los mandos militares no pueden eximirse de responsabilidad por lo que hacen o dejan de hacer sus subordinados, ya que las leyes internas del Ejército señalan que el mando es responsable de la organización y la operación de sus tropas.
A juicio de Gallardo Rodríguez, a raíz de los hechos de Iguala se deben revisar las políticas encaminadas al sistema de seguridad pública en Guerrero y, por otro lado, revisar los procedimientos sistemáticos de operación que tiene el Ejército en torno a este tema, ya que está cumpliendo fuera de los cuarteles una función que es asunto de la exclusiva competencia de la autoridad civil.
“Se tiene que ver también cuáles son las órdenes que tiene el personal militar asentado en Guerrero, y a nivel nacional creo que es lo mismo, y cómo deben operar en una situación en la que estamos viviendo actualmente en México, especialmente Guerrero, debido a que esas políticas son elaboradas en el Estado Mayor de la Sedena y devienen de una información, concepción y operación de la seguridad pública a escala nacional”, expuso.
Para que no se repita una situación como la de Iguala, José Francisco Gallardo propuso una reforma legal para quitarle al Ejército la función de orden interno, pues el mexicano “es uno de los pocos ejércitos o el único en América Latina que tiene funciones de orden interno, es decir, de policía”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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