Peña Nieto ya enfrentó este mismo escenario en 2013, cuando se negociaba la reforma energética y la reforma hacendaria.
En ese año, apesar de la existencia del Pacto por México, el PAN condicionó su voto aprobatorio a la reforma energética a cambio de la aprobación de la reforma político electoral.
Por su parte, el PRD pidió la creación de un fondo dentro del Presupuesto de Egresos, que diera más recursos a la capital del país para el 2014, a cambio de su voto en la reforma hacendaria.
Ahora, la moneda de cambio con el PAN será la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados. Además, la posibilidad de que Acción Nacional pueda llevar mano en el nombramiento del Zar Anticorrupción, que deberá realizarse en el Senado.
La negociación llega también en tiempos electorales, a seis meses de que el país salga a las urnas a elegir a los nuevos 500 diputados federales y en 17 entidades haya elecciones locales, nueve de ellas para elegir a un nuevo gobernador.
Para su análisis, la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo fue enviada al Senado y turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos Segunda y Puntos Constitucionales. Cada una de ellas, presidida por senadores de diferentes partidos políticos.
En la Comisión de Justicia preside Roberto Gil Zuarth, senador por el PAN, quien ya ha dejado ver que aunque la intención de los priistas y el Gobierno Federal es que esta iniciativa quede aprobada antes de concluir el actual periodo de sesiones, es probable que no transite tan fácil si no se da algo a cambio.
“Va a depender de la voluntad política de las partes. Si el gobierno y su partido entienden que la única posibilidad de equilibrio y de consenso es aprobar su iniciativa tal y como la mandaron, vamos a tener muy pocos márgenes de entendimiento; pero si hay apertura para discutir y analizar otras propuestas que están en el Congreso, habremos de encontrar márgenes de consenso de manera más clara”, advirtió Gil.
El panista puso sobre la mesa las iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción y otras con las de desaparición forzada, de tortura o el fortalecimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encuentran “durmiendo el sueño de los justos” en comisiones presididas por el PRI.
“Si hay voluntad política para construir un paquete integral de reformas que fortalezcan la seguridad y el Estado de Derecho, Acción Nacional va a concurrir. Hay propuesta, hay ideas, hay iniciativas; lo que falta es voluntad política para concretarlas”, sentenció Gil Zuarth.
La negociación a varios frentes
Con el PRD, la negociación podría ser más complicada.
La crisis interna que vive el partido del sol azteca, pone al Ejecutivo en la disyuntiva de con quién negociar, pues la existencia de “varios PRD” puede dificultar el trato con el sector que pueda garantizar un voto aprobatorio.
Una parte de la negociación cayó en manos de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, presidida por el perredista Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales opositores a Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD y quien ya sugiriera que será complicado pasar en fast track la iniciativa presidencial.
Encinas advirtió que las reformas propuestas por el Ejecutivo podrían tener un uso político por la discrecionalidad con la que se podría tratar, por ejemplo, la disolución de los ayuntamientos.
“Bastará la presunción, el hecho de que exista un indicio para que el fiscal general, a través del secretario de Gobierno, le solicite al Senado de la República la disolución del ayuntamiento.
“No hay autoridad jurídica, no hay un debido proceso y la discrecionalidad con la que se pude aplicar esta medida, sin lugar a dudas tendrá que aplicarse un enorme uso de carácter político”, consideró Encinas.
A esta discrecionalidad se suma la imposibilidad que tendrán los ayuntamientos de presentar una controversia constitucional contra la medida; es decir, no podrán defenderse.
Tanto el PAN como el PRD coinciden en que se debe combatir la infiltración del crimen organizado no solo en los municipios, sino en todos los niveles de gobierno.
Y aunque el PRI y el Ejecutivo pretenden que se avalen estos cambios antes de que finalice el 2014, si sus opositores mantienen su postura y no se logra una negociación con ambas partes, esta reforma podría aprobarse hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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