Así lo da a conocer la organización defensora de la libertad expresión Artículo 19, luego que el pasado 8 de enero enviara un escrito a esta fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que se solicitó formalmente la intervención de la dependencia federal para investigar la desaparición forzada del director del semanario La Unión.
Ante esta petición, autoridades federales informaron a Animal Político que la Fiscalía Especial para los delitos cometidos contra periodistas sí atraerá el caso del reportero Moisés Sánchez, aunque no especificaron cuándo.
“La Fiscalía ya tiene todos los elementos suficientes para tomar una decisión”, señala al respecto Ricardo González, integrante de Artículo 19. “Y creemos que ya se tardaron mucho, sobre todo porque cuando se trata de privaciones ilegales de la libertad, o de desapariciones forzadas, las primeras 72 horas son claves”, hace hincapié el activista, que explica que a 13 días de que las autoridades no den con el paradero del comunicador, “lo más importante es sacar este caso del fuero local”.
“Cuando se hizo la reforma a esta Fiscalía (en mayo de 2013), la idea era precisamente que cuando se dudara de la capacidad o de la voluntad de las autoridades locales, la Federación pudiera atraer el caso directamente”, explica González.
“En cambio, aunque durante años se impulsó que la Fiscalía pudiera atraer los casos, ésta lo hace de manera muy discrecional y sin que estén muy claros los criterios –agrega-. Por lo que creemos que el caso de Moisés es la prueba de fuego para que la Fiscalía demuestre cómo va a utilizar sus capacidades para atraer casos de los fueros locales”.
En este sentido, Artículo 19 recuerda que en el estado que gobierna el priista Javier Duarte ya hay varios ejemplos -como el de los periodistas asesinados Gregorio Jiménez y Regina Martínez- en los que las autoridades trataron de desechar la labor periodística de los reporteros como móvil de las agresiones. Situación que se repitió un día después de la desaparición forzosa de Moisés Sánchez, el pasado 3 de enero, cuando Duarte aseguró ante los medios de comunicación que el director de La Unión no es un periodista, sino un “conductor de taxi”.
“El gobierno de Veracruz siempre trata descartar en primer lugar el ejercicio periodístico como el móvil de las agresiones a comunicadores. No quieren entrar a investigar lo que estaban diciendo estos periodistas. Se salen por la tangente porque evidentemente estos reporteros estaban haciendo señalamientos sobre corrupción, asesinatos, o sobre cuestiones de seguridad”, expone por su parte Francisco Sandoval, también integrante de Artículo 19, que insiste en la necesidad de que la Federación sea la que investigue el caso, sobre todo tras las declaraciones del mandatario descartando sin previa investigación la labor periodística del veracruzano como motivo de su desaparición forzada.
En este sentido, Artículo 19 destaca que de acuerdo con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés Sánchez aplica en al menos seis de los supuestos (que puedes leer aquí) bajo los cuales la Fiscalía puede atraer delitos contra la libertad de expresión.
En cuanto a la principal línea de investigación del caso, el procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, confirmó en el programa Punto de Partida que ésta se centra hasta el momento en la diferencias existentes entre Moisés Sánchez y el alcalde de Medellín, Omar Cruz; quien según denuncia Artículo 19 habría amenazado al comunicador tres días antes de su desaparición, debido a las notas críticas que éste publicaba en su semanario La Unión.
“La línea de investigación más sólida es parte de diferendos que existían entre Moisés y el Alcalde”, apuntó el procurador.
No obstante, fuentes de comunicación social del ayuntamiento de Medellín consultadas por Animal Político negaron que el edil panista tuviera una mala relación con el reportero, y que éste tenga algo que ver con su desaparición.
“No es cierto, no había tal diferencia con Moisés. Él venía aquí (al Ayuntamiento) y se manifestaba sin que nadie le dijera ‘ya vete Moisés’. Él hacía uso de su libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano”, apuntó comunicación social.
Días antes, el pasado lunes 11 de enero, el alcalde panista de Medellín fue “invitado” a declarar a la Procuraduría General del Estado de Veracruz sobre este caso. Durante siete horas, Omar Cruz negó haber participado en el atentado contra Moisés Sánchez.
Hasta el momento, el balance de las investigación de las autoridades de Veracruz se reduce a 13 policías municipales de Medellín arraigados desde el 7 de enero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario