Durante la presentación del “Estudio económico de México 2015”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –en la que estuvo el secretario ejecutivo de la misma, José Ángel Gurría–, Videgaray describió lo que enfrentará este año la economía del país:
Caída pronunciada del precio del petróleo, la modificación de la política monetaria de Estados Unidos “que traerá movimientos importantes en los flujos de capitales” y un entorno de crecimiento internacional débil, particularmente en Europa, pero también en Asia y Sudamérica.
Y, por primera vez también, advirtió que el choque externo que significará la conjunción de esos problemas –fundamentalmente una disminución de los ingresos públicos– se enfrentará con recortes al gasto público y no con más deuda ni más impuestos.
Lo dijo así: “En este entorno, nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente me refiero a la política fiscal donde la decisión clara del presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público”.
Es decir, explicó, “no habrá un incremento en el déficit público; por el contrario, el objetivo este año es reducirlo, conforme se comprometió en 2013 y, por supuesto, tampoco habrá incrementos en los impuestos”.
Lo que no dijo el secretario, por supuesto, es que los expedientes de más impuestos y mayor déficit (más deuda) están agotados, sobre todo en año electoral, en el que el gobierno no se arriesgaría a emprenderla contra la población –y dentro de ella, su clientela política– imponiéndole alzas en los impuestos que, históricamente demostrado, restan votos.
Aparte de que ya el propio gobierno ha reconocido que si la economía tuvo en 2014 un mediocre crecimiento, fue precisamente por la reforma fiscal que entró en vigor ese año, que aumentó la carga fiscal de personas y empresas y que estancó el consumo, la inversión y, al final, la producción misma.
En el caso del déficit, si bien la proporción del Producto Interno Bruto es manejable y se compara favorablemente a nivel internacional, el ritmo de endeudamiento en los últimos años, sobre todo en lo que va de la actual administración, ha prendido los focos rojos y ha llevado al Banco de México a pedir a Hacienda que se modere en el uso de la deuda.
Durante la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, del 5 de diciembre pasado, se alertó sobre el fuerte crecimiento del llamado “saldo histórico de los requerimientos del sector público”, que es la medida más amplia de la deuda pública, pues, según la definición oficial, “agrupa a la deuda neta del sector público presupuestario y las obligaciones netas del Ipab, del Fonadin, los asociados a Pidiregas y a los Programas de Apoyo a Deudores, así como la ganancia o pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento”.
Se dijo en la reunión de Banxico que “de 2006 a la fecha, dicho saldo ha pasado de aproximadamente 26 puntos del PIB a alrededor de 42% actualmente, por supuesto incluyendo el incremento de 4 puntos asociado a la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, por lo que (un miembro de la Junta de Gobierno) apuntó que es urgente estabilizar su crecimiento”.
Y vaya que si ha crecido la deuda amplia. En 2006 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público cerró en 4 billones 63 mil 364 millones 300 mil pesos. El 27.6% del PIB.
Al concluir el sexenio de Felipe Calderón ya era de 5 billones 890 mil 846 millones 100 mil pesos. El 36.4% del PIB.
Es decir, en los seis años del gobierno anterior la deuda pública aumentó en 1 billón 827 mil 481 millones 800 mil pesos. Un incremento de 8.8 puntos del PIB.
Durante los dos primeros años de Enrique Peña Nieto se le han agregado a la deuda 1 billón 261mil 399 millones 500 mil pesos, hasta llegar, al mes de noviembre de 2014, a los 7 billones 152 mil 245 millones 600 mil pesos. El 42% del PIB. O un aumento de 5.6 puntos porcentuales.
De otra manera, Calderón le metió a la deuda pública un promedio de 304 mil 600 millones de pesos cada año.
Y Peña Nieto, por su parte, le agregó 630 mil 700 millones de pesos, en promedio, en cada uno de sus dos primeros años de gobierno. Más del doble que en cada año del sexenio pasado.
Por eso, Videgaray dijo que la única opción para enfrentar la disminución de los ingresos, ante un posible choque externo sobre la economía nacional, sería bajar el gasto público.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
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