Se trata “tanto de policías municipales y personas vinculadas a la delincuencia organizada”, cuyos familiares se acercaron a AI para denunciarlo, dice en entrevista Perseo Quiroz, director ejecutivo de la organización no gubernamental.
“Tenemos conocimiento de tres casos, pero eso no implica que sean los únicos. Sabemos que hay un grupo de padres de familia de los detenidos que están organizándose, que están intentando salir a la luz pública (pero) esperaremos sus tiempos”.
Afirma que el equipo de AI aún se encuentra en el proceso de documentación de los casos, toda vez que se trata de una “una alegación seria” en medio de un contexto en el que tortura es una práctica “sistemática” en México.
La denuncia cobra relevancia ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ha basado el avance de las investigaciones en las declaraciones de los detenidos.
El 7 de noviembre pasado, el procurador Jesús Murillo Karam informó que tres integrantes del cártel Guerreros Unidos confesaron que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y posteriormente calcinados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, aunque hasta el momento no hay resultados científicos contundentes que confirmen los dichos.
Hace dos meses, las autoridades mexicanas enviaron al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, 16 restos humanos calcinados que fueron hallados en el río Cocula, los cuales presuntamente pertenecen a los normalistas que fueron atacados en un primer momento por policías municipales en Iguala, un municipio cercano, el 26 de septiembre pasado. En un informe presentado esta semana, los expertos dijeron que fue imposible identificar el perfil genético de los restos. Sin embargo, en diciembre dijeron que sí lograron identificar al estudiante Alexander Mora Venancio.
Aunque se pregunta a Quiroz si los denunciantes fueron torturados para conseguir alguna declaración, asegura que aún se encuentran en el proceso de investigación.
“No tenemos conocimiento de todo, pero cuando el procurador da esa conferencia de prensa y muestra a los jóvenes detenidos, varios de ellos claramente aparecen golpeados. No estamos diciendo que ellos sean porque no hemos tenido conocimiento, pero se levantan todas estas dudas en un contexto donde la tortura es usada sistemáticamente”.
Érika Guevara, directora de regional para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que ante esta sospecha, la PGR “tiene la responsabilidad de iniciar una línea de investigación seria frente a alegaciones de tortura como uno de los delitos y crímenes internacionales en materia de derechos humanos”.
De acuerdo con cifras de las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y 2011, recibió 110 denuncias por tortura y 4,732 casos de maltrato. En tanto, la PGR, abrió 58 averiguaciones previas entre 2008 y 2011 por este delito, pero solo cuatro resultaron en acusaciones directas y no hubo ninguna en sentencia, revela el informe de AI.
Cuando se investiga un probable caso de tortura, se aplica el Protocolo de Estambul, un mecanismo adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 y mediante el cual se documentan los tratos recibidos y se entrega un reporte a las autoridades.
El Ejército debe ser investigado
En conferencia de prensa, los representantes de Amnistía Internacional pidieron que la PGR inicie una línea de investigación sobre la probable participación de elementos del Ejército en los ataques a los jóvenes normalistas el 26 y 27 de septiembre pasado.
“En medio de las preocupaciones sobre la posible complicidad de las autoridades locales y del ejército, es aún más importante que cada línea de investigación se explore a fondo y que no se deja piedra sin remover”, dijo Érika Guevara.
Esto porque a casi cuatro meses de los hechos, las investigaciones encabezadas por la PGR han sido “limitadas e insuficientes” para conocer con el paradero de los jóvenes, mientras que las detenciones de los que se cree como autores materiales han obedecido por los delitos de delincuencia organizada y no por lo ocurrido en Iguala.
Incluso, Perseo Quiroz advierte que parecería que existe un intento de deslegitimar la demanda de los padres de las víctimas, al hacerlos parecer como “intransigentes”, luego de la exigencia por revisar los cuarteles militares.
Ambos integrantes de AI explicaron que los jóvenes que sobrevivieron al ataque han denunciado que elementos del Ejército les negaron el auxilio a los heridos, los insultaron e ignoraron la denuncia sobre el ataque que habían recibido por parte de policías locales la noche del 26 de septiembre.
Guevara aseguró que la denuncia debe tomarse en cuenta, pues “no sería un caso aislado, existe un patrón que va desde la tortura hasta la desaparición forzada” por parte de autoridades del Estado.
México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, que no dista de la que tienen países en conflicto armado”, asegura Guevara; prueba de ello es que hay más de 23 mil desaparecidos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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