Según el mandatario, los autores de los actos vandálicos son “anarcos” del Distrito Federal y algunos otros activistas de Oaxaca.
En declaraciones a Radio Fórmula, sostuvo que dichas personas se han aprovechado de la tragedia de Iguala para cometer todo tipo de tropelías en Guerrero.
“Son personas externas, de Oaxaca, de la Ciudad de México, que aprovechan el sentimiento, el reclamo de esos familiares de los muchachos desaparecidos para realizar acciones vandálicas en contra de las instituciones”, subrayó.
Añadió: “Quien está al frente de estas acciones, tiene el objetivo de realizar un repertorio de violencia focalizada, emblemática, hacia lo que es el símbolo de las instituciones”.
De acuerdo con Ortega Martínez, las personas que realizan actos vandálicos en Guerrero se reducen “a decenas” y muchos de ellos no son de Ayotzinapa.
“Los anarcos de la Ciudad de México han estado involucrados. (Están) reducidos ya a decenas y con la advertencia de que vamos a aplicar la ley. Cuando se aplica la ley no se reprime, se aplica la ley”, advirtió.
Según el gobernador, las protestas violentas ya no son una situación generalizada en Guerrero. Antes los manifestantes eran miles y hoy son entre 150 o 200 personas, precisó.
“Los que realizan acciones vandálicas están en plena desesperación. (Están) reducidos a un grupo de vándalos que continúan realizando violencia simbólica”, insistió.
Y sostuvo que el caso de Ayotzinapa fue el detonante de una crisis política y social “que se venía gestando en el interior de las instituciones” en Guerrero.
Ayer, padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente se manifestaron frente a la sede de los juzgados Primero y Séptimo de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde incendiaron una patrulla y se enfrentaron a pedradas con policías estatales en pleno centro de Chilpancingo, Guerrero.
Los manifestantes, encabezados por los padres de los estudiantes, arribaron a la sede de los juzgados ubicados en la calle 5 de Mayo cerca de las 14:00 horas, para protestar ante la decisión del juez federal con sede en Tamaulipas, que negó la orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por el delito de desaparición forzada de personas.
Al respecto, el abogado de Tlachinollan y defensor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, consideró incongruente la postura del juez federal que negó la solicitud de la PGR, al argumentar que el delito de desaparición forzada no se configura porque “posiblemente los estudiantes o normalista ya están muertos”.
Por ello, dijo, acudieron a los juzgados para expresar su rechazo ante la postura del juez federal y exigieron dialogar con los jueces de distrito radicados en la capital de Guerrero para que llevaran el mensaje de los padres a la Sala Suprema del Poder Judicial de la Federación (PJF).
No obstante, al no ser atendidos, los inconformes arremetieron contra dos patrullas y una de ellas fue incendiada frente al edificio gubernamental donde se encontraban trabajadores administrativos y guardias internos del PJF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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