El organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani sentenció que “además de manifestar su intención de sabotear procesos electorales, y en una nueva y grave acción, inédita en México, provocaron con violencia e irresponsabilidad a las fuerzas armadas en las propias instalaciones de éstas”.
En tono de molestia, el líder empresarial reprochó que “estos grupos” han irrumpido con violencia en reuniones privadas y eventos de la sociedad, como lo hicieron la semana pasada en un foro empresarial en Chilpancingo, violentando derechos humanos como el de reunión y libre tránsito”.
No sólo eso, el líder de la CCE pidió a las autoridades actuar ya contra quienes “toman tanto autopistas y casetas de cuota, sin que nadie lo impida, como unidades de transporte de pasajeros, carga y distribución comercial, que en muchos de los casos son incendiadas o estropeadas. Se han destruido instalaciones privadas y públicas: oficinas, postes de luz, semáforos, entre otros”.
De los normalistas desaparecidos, el CCE se limitó a decir que “desde el sector empresarial hemos reiterado el reconocimiento y la empatía con las causas que han inspirado una legítima indignación nacional e inclusive internacional, como la desaparición de los estudiantes normalistas y el clima de inseguridad, injusticia y desgobierno que se vive en algunas zonas del país”.
Nada más. De ahí el reproche a las autoridades y a quienes exigen justicia a casi cuatro meses de la desaparición de los normalistas:
“Tenemos que insistir en que no hay justificación para los delitos que están cometiendo grupos cuyo actuar demuestra que su vandalismo persigue otros fines: propósitos políticos, alejados de las demandas de justicia de las verdaderas víctimas de crímenes o violaciones a derechos humanos”, señaló.
Más aún, el CCE lanzó una advertencia a los tres niveles de gobierno al asegurar que “los problemas y los riesgos crecen, mientras que una parte de la clase política mexicana se alista para los procesos electorales, desentendiéndose de los compromisos y responsabilidades asumidas, y en muchos casos dejando sus cargos para buscar otros sin resolver los retos más acuciantes de la sociedad”.
Y remató así: “Hoy la mayor exigencia a las autoridades, de los tres órdenes y los tres poderes de gobierno en México, es que pongan el fortalecimiento del estado de derecho como prioridad máxima”, ya que “en las últimas semanas ha habido una escalada de expresiones de violencia y provocación a las instituciones del Estado y a la sociedad por parte de estos grupos de protesta”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
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