Así lo denunciaron Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, quienes responsabilizan al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, de cualquier escalamiento de violencia.
Después del episodio ocurrido en Iguala, en donde siete personas fueron asesinadas y 42 estudiantes siguen en calidad de desaparecidos, habría ocurrido esta serie de reuniones privadas con la cúpula del Gobierno del Estado para presionar por la libertad de Nestora u otro grupo de supuestos dirigentes sociales que están presos.
“Nosotros somos dirigentes sociales, no somos nuevos en ese asunto, no es la primera vez que nos sentamos a negociar con el Gobierno Estatal o Federal; gobierno perredista o priista.
“Lo que nosotros venimos a plantear es cómo encauzamos políticamente este tema y que no nos metamos en el asunto jurídico, para no litigar un asunto que quién sabe en qué termine, tratemos de llegar a un acuerdo político”, se escucha la voz de uno de los negociadores ante las autoridades de Guerrero que fueron grabados sin darse cuenta.
Los audios fueron difundidos por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, luego que se diera a conocer la petición que el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, hizo al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
El gobernador le solicitó que se desistiera de la acción penal en contra de Nestora Salgado, coordinadora regional de la Policía Comunitaria, que está presa en el penal de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, desde el año 2013.
“Si hay un escalamiento de violencia, responsabilizo al gobernador de Guerrero”, acusó Miranda de Wallace, quien pidió al Gobierno Federal monitorear de cerca lo que ocurre entre dicho grupos que simpatizan con guerrilleros de la zona y el PRD.
La insistencia perredista
Los activistas Miranda y Martí, acompañados por víctimas de secuestro de Nestora Salgado y sus policías comunitarios, denunciaron la intervención activa y persistente de un grupo de diputados federales del PRD, quienes se muestran a favor de que la “Comandanta Nestora” y otros supuestos dirigentes sociales de la región sean excarcelados.
Las negociaciones ocurrieron cuando la presión por el tema de Ayotzinapa estaba por todo lo alto y se intentó negociar con el gobierno la libertad de Nestora, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a cambio de que el resto de las organizaciones afines bajaran el tono de las exigencias y desmanes en Guerrero con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En este grupo de diputados perredistas que intervienen por la libertad de Nestora se encuentran Margarita Elena Tapia Fonllen, Carlos de Jesús Alejandro, Vicario Portillo Martínez, José Luis Muñoz Soria, María de Lourdes Amaya Reyes y Roberto López Suárez.
Los legisladores que se han trasladado hasta el estado de Guerrero para negociar la libertad de Nestora son: Arturo Campos Herrera, Francisco Ambrosio Abad, Ángel García García, Florentino García Castro y Benito Morales Justo.
Todos han insistido en buscar una ruta más allá de la jurídica para buscar la libertad de Nestora.
En el caso específico del diputado federal Roberto López, manifestó públicamente que sostiene intercambios con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para hablar de la posibilidad de que Nestora Salgado sea internada en un reclusorio de la Ciudad de México, una vez que se apruebe su traslado de Tepic, Nayarit, y a fin de que pueda ver con mayor frecuencia a familiares y abogados.
¿Se encuentra enterada la dirigencia del PRD de estas acciones de sus diputados? Se le cuestionó a Miranda de Wallace.
La activista respondió que el grupo de diputados federales del Sol Azteca intentó meter un punto de acuerdo respecto a este tema, por lo que, infiere, la dirigencia del PRD que encabeza Carlos Navarrete debe estar enterada.
En las reuniones privadas que fueron grabadas, algunas de las cuales se han desarrollado en la Casa de Gobierno y en las oficinas de la secretaría de Turismo del estado, algunos de los supuestos líderes sociales que abogan por la libertad de Nestora reiteran que la salida al problema debe ser política, aunque están enterados que la fundadora de la policía comunitaria de Olinalá es acusada por secuestro.
Pese al testimonio de las víctimas, que narran de frente las vejaciones que sufrieron en manos de Nestora y sus policías, son varios factores que intervienen a favor de ella: el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Anthony Wayne, quien ha solicitado oficialmente la revisión del caso; el PRD, a través de sus diputados federales, otras organizaciones afines y el despacho de abogados Gómez Mont, que lleva el litigio.
Víctimas mantienen su acusación
Un grupo de víctimas que fue detenido y secuestrado por Nestora Salgado y su grupo de policías comunitarios en el municipio de Olinalá, Guerrero, se trasladó hasta la Ciudad de México para acompañar a Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.
Las víctimas Eugenio Sánchez González, Dulce Rubí Burgos Pérez, Yesenia Castillo Meza, Armando Patrón Jiménez y Gustavo Rodríguez Patrón sostienen su acusación de secuestro contra Nestora Salgado.
Armando Patrón Jiménez, síndico del Municipio de Olinalá, quien fue detenido por Nestora y sus comunitarios, explica que la población del municipio se encuentra temerosa ante la posibilidad de que la líder de las policías comunitarias quede libre.
Aunque se dijeron gente de bien, los habitantes de Olinalá ya preparan una contraofensiva: armarse y dar la pelea a Nestora y sus policías comunitarios.
“Saldrá a matarnos”, expresa nerviosa y a punto del llanto Dulce Rubi, una jovencita que estuvo secuestrada por Nestora y sus comunitarios por poco más de tres meses, periodo en el que fue obligada a realizar trabajos forzados en la zona de la montaña.
Refiere que el haberse atrevido a denunciar a Nestora y sus policías le negó toda posibilidad de estudiar, ya que las autoridades de la escuela simpatizan con el movimiento del magisterio disidente de la CETEG en la región y saben que ella es una de las denunciantes que llevó a Salgado a la prisión.
A la fecha, Dulce Rubí no puede pisar las instalaciones de la escuela.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
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