En noviembre de 2009, destacó la señora Rodríguez, los siete agentes federales fueron comisionados como escoltas de quien sería el nuevo director de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Hidalgo, sin embargo, no les proporcionaron recursos ni medios adecuados para trasladarse a dicha localidad, por lo que contrataron a un conocido para que los llevara desde el DF hasta Michoacán en su camioneta particular, y en el trayecto fueron secuestrados. No obstante, la Policía Federal se percató de su desaparición hasta ocho días después.
“Mientras que por el lado penal hay 33 presuntos sicarios de los Caballeros Templarios sometidos a proceso, encarcelados por su participación en el secuestro y desaparición de los agentes y el civil –explicó Araceli Rodríguez–, por el lado administrativo no hay ningún funcionario sancionado, a pesar de que cometieron diversas irregularidades que impidieron una búsqueda efectiva de los muchachos.”
Entre las irregularidades cometidas “por al menos seis mandos” de la Policía Federal, ennumeró, se encuentran “el no haber realizado una planeación adecuada de la comisión a la que fueron enviados; no se gestionaron los viáticos correspondientes para el traslado; no se les proporcionaron los recursos materiales necesarios para su comisión; se omitió supervisar el cumplimiento de su comisión; se omitió apoyar a los agentes comisionados y a sus famiiares, una vez que transcurrió el tiempo razonable para que se tuviera información de su arribo al lugar de la comisión; y por último, también proporcionaron información carente de veracidad en torno a la situación de mi hijo Luis Ángel, cuando el Órgano Interno de Control comenzó a investigar el caso.”
Aunque los mandos de la Policía Federal “no cometieron directamente la desaparición forzada –subrayó–, sí son responsables de haber propiciado que el crimen se cometiera, ya que mandaron a los muchachos a Michoacán con sus propios medios, no les proporcionaron vehículos oficiales, ni custodia adecuada, y tampoco se preocuparon por verificar si habían llegado bien o cuáles dificultades iban enfrentando. Por eso, se dieron cuenta de que los muchachos estaban desaparecidos ya que habían pasado seis días desde su secuestro, y si se dieron cuenta fue porque mi otro hijo, que también es agente de la Policía Federal, exigió que la institución hiciera algo para localizar a su hermano”.
En 2013, explicó, la Secretaría de la Función Pública detectó que el sargento Luis Ángel León Rodríguez no había realizado su declaración patrimonial, por lo cual solicitó información sobre este elemento a la Policía Federal, institución que, en vez de notificar que el uniformado había sido secuestrado en cumplimiento del deber, informó que se encontraba en activo, razón por la que se inició una investigación en contra del agente.
Ofendida por el hecho de que las autoridades citaran a comparecer a su hijo como parte de dicha investigación, aún cuando estaba desaparecido, la señora Rodríguez se presentó en su lugar ante el Órgano Interno de Control, para explicar que debido a su condición de víctima de privación de la libertad le era imposible realizar el trámite que le demandaban, y fue gracias a esto que la Secretaría de la Función Pública abrió un nuevo expediente, ahora contra los funcionarios que propiciaron, por sus omisiones, que los agentes fueran secuestrados.
“Este expediente de la Función Pública concluye que hubo distintas irregularidades cometidas por al menos seis funcionarios de la Policía Federal, aunque pueden ser más responsables –afirmó la señora Rodríguez–, sin embargo, el contralor que lo elaboro, Jean Paul Aguilera, fue despedido y su sustituto, el licenciado Juan Manuel Herrera Campos, dio por cerrada la investigación sin imponer ninguna sanción contra los implicados, aún cuando esa es precisamente la atribución de la Función Pública.”
De esos seis mandos policiales, destacó, “algunos siguen en la corporación y otros ya no están, pero eso no importa, porque la Función Pública puede resolver sanciones administrativas en su contra aún cuando ya no sean funcionarios e, incluso, si la falta lo amerita, es su obligación iniciar acciones penales, sin embargo, el nuevo contralor no hizo nada de esto, sólo cerró el expediente y lo turnó a la PGR, donde no pueden proceder contra estos funcionarios porque, para ello, es necesario que formalmente la Función Pública inicie una denuncia en su contra, lo cual no ocurrió.”
Esta medida, “con la que se intenta dar impunidad a los funcionarios, que por acción y omisión dejaron solos a los siete agentes y al civil desaparecidos”, fue denunciada el pasado lunes por la señora Rodríguez, por lo cual, reconoció, “la Secretaría de la Función Pública me ofreció revisar el expediente y la próxima semana tendremos una reunión, para que me den una explicación.”
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
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