El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.
Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.
El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.
El diputado federal López Suárez comenta que el domingo 11 –tres días después de la petición del gobernador al fiscal–, autoridades de Guerrero le advirtieron que Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, de México SOS, se pronunciaron contra la libertad de Nestora pues, arguyeron, “ha indignado a sus víctimas y sus familiares”.
Al conocerse la petición de Ortega Martínez, cuenta López Suárez, Martínez Chávez localizó a una de las presuntas víctimas de la comandante de la PCO para que contara a los medios las atrocidades que sufrió por parte de Nestora, quien la tuvo encarcelada para “reeducarla”. El exsubprocurador también se acercó a Miranda de Wallace y a Martí para decirles que ella es una “secuestradora peligrosa”.
Martínez Chávez, dice el legislador, fue subprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero y antes fungió como abogado de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los bares Cadillac y Lobohombo en la Ciudad de México.
Durante un tiempo él fue defensor de giros negros en el Distrito Federal e incluso en un principio litigó en favor de 14 personas que trabajaban en el bar Cadillac, detenidas en un operativo de julio de 2013 acusadas de presunta participación en la trata de personas.
Y ese es uno de los delitos que Nestora combatió en Olinalá cuando estuvo al frente de la PCO, por considerar que era explotación sexual y laboral que afectaba a mujeres y hombres: a ellas las prostituían, a ellos los integrantes de Los Rojos los usaban para el trasiego de drogas, como sicarios y para cometer actos de extorsión.
Ella afectó la ruta del trasiego de droga y el abigeato de ese grupo criminal, recuerda López Suárez. E insiste en que Martínez Chávez está detrás de las denuncias de Miranda de Wallace. Hay elementos que nos llevan en esa dirección; uno de ellos, dice, es que el único que sabía dónde estaban las presuntas víctimas de Nestora es precisamente Martínez Chávez.
Sin embargo ellas aparecieron en la conferencia organizada el lunes 12 por Miranda y Martí para dar a conocer fragmentos de la grabación de un encuentro del 1 de julio de 2014 en el cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador guerrerense Iñaki Blanco y el propio Martínez Chávez, sostiene el legislador.
Asimismo entregó a Proceso la versión íntegra de lo que se dijo en esa reunión en la cual Blanco, custodiado por Martínez Chávez, se lanzó contra Nestora y defendió a sus presuntas víctimas. Ese mismo discurso fue presentado por la señora Miranda en su conferencia de prensa.
El arresto
El 27 de octubre de 2012 Nestora Salgado fue designada comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, municipio que colinda con Puebla y donde, según las autoridades federales, está asentado el grupo criminal de Los Rojos.
Diez meses después, a mediados de agosto de 2013, un grupo de ganaderos fue emboscado. Dos de ellos murieron y uno desapareció. Los familiares acudieron con el síndico procurador del ayuntamiento, Armando Patrón Jiménez, a levantar la denuncia, pero no se les atendió.
Decidieron ir con Nestora, entonces dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien sí los atendió. Y cuando fue a recoger los cuerpos de los ganaderos encontró a Patrón Jiménez en la escena del crimen, “borrando evidencias”.
Nestora lo detuvo y lo trasladó a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para que fuera juzgado. Cinco días después, en un operativo conjunto, efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la estatal la arrestaron y la acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Liberaron al síndico y a otros 40 detenidos.
En el encuentro del 1 de julio de 2014 en Casa Guerrero con Blanco y Martínez Chávez, los legisladores perredistas y dirigentes sociales solicitaron a Aguirre Rivero la liberación de la comandante.
Según el video mostrado por el diputado López Suárez, ese día el procurador, respaldado en todo momento por Martínez Chávez, expuso: “Quiero hacer un respetuoso llamado para atender a las víctimas (de Nestora). Para que esta mesa esté completa se requiere la asistencia de las mismas y de sus abogados… Hago un respetuoso llamado porque (entre ellas) hay dos menores de edad.
“Pareciera que de repente queremos borrar y desaparecer a estas personas (las detenidas en la Casa de Justicia). Lo cierto es que al estar ellas en casas de justicia estuvieron en condiciones deplorables, con toda clase de castigos y el artículo 36 de la Ley 701 que reconoce usos y costumbres, no dice qué es lo que se entiende por sistema de justicia…
“El problema es que parte de las personas fueron sujetas a sanciones y medidas de rehabilitación (pero) tenemos un severo problema en cuanto a la aplicación del derecho. Estas personas no tuvieron oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.
“Y algo muy importante: no aparecen las supuestas víctimas u ofendidas; tampoco ha aparecido un expediente debidamente integrado para sustentar una imputación y la imposición de una sanción a estas personas.
“Reitero el caso de los menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Esto me parece absurdo… ellos fueron juzgados como cualquier otra persona, sin que en ningún momento se les permitieran medios de defensa (aun cuando) ningún artículo de la ley 701 refiere que se puede solicitar dinero a cambio de que alguien sujeto a una medida de reeducación (sea liberado).”
Añadió: “Ellos temen que al ser puestos en libertad atenten contra sus personas. Nosotros, en atención a las órdenes del señor gobernador, les implementamos asistencia jurídica, psicológica y social.
“Quiero recodar que una de las personas que estuvo sometido a medidas de reeducación en la Casa de Justicia fue agredido a machetazos. Él hace imputaciones contra integrantes de la CRAC-PC, particularmente contra Nestora Salgado.”
Luego de que el funcionario, respaldado por Martínez Chávez, abogó por las supuestas víctimas, incluido el síndico Armando Patrón, Aguirre Rivero se incorporó a la reunión y declaró: “Quiero dejar muy claro que la detención (de Nestora) no fue interés del gobierno.
“De mi parte –añadió– hay la voluntad política. Si hay que trasladar a la compañera Nestora a la Ciudad de México, yo no tengo ningún problema; y si tengo que hacer alguna gestión, la haré.”
Los legisladores le mencionaron, según el video, una ley de amnistía como salida, pero le pidieron a Aguirre Rivero que su gobierno se desistiera de su acusación.
El entonces mandatario respondió: “Lo que yo no quiero es que siga en la cárcel. Para decirlo en cristiano: no me interesa. Además, ustedes han hablado con Nestora de que habrá nuevas reglas…”
“Y ella está de acuerdo”, respondieron los legisladores.
En otra parte del video se escucha a los diputados cuando le aclaran a Blanco y a Martínez Chávez que ellos no estaban ahí para tomar clases de derecho, sino para encontrar una vía política y la pronta liberación de Nestora.
La andanada de Miranda
Después de que un juez federal reconoció que Nestora Salgado fue nombrada comandante por usos y costumbres, consideró que no cometió ningún secuestro, pues sólo cumplió con sus obligaciones, y la exculpó del presunto delito de delincuencia organizada, el jueves 8 el gobernador interino Rogelio Ortega pidió a la autoridad local desistirse de esos cargos.
Entonces Miranda de Wallace y Martí exigieron a Ortega Guerrero respetar la autonomía del fiscal Godínez Muñoz en el caso de Nestora y presentaron en la conferencia de prensa del lunes 12 a una de las presuntas víctimas de la comandante: Dulce Rubí Burgos Pérez, quien dijo haber sido detenida por la CRAC-PC el 8 de junio de 2013.
“El lugar donde estuvimos era horrible, fue lo peor que nos pudo haber pasado en la vida. Había ahí menores de 13 años; nos golpeaban, nos maltrataban… Por las malas condiciones en que nos tenían nos salieron piojos.
“Yo soy una víctima de secuestro de la señora Nestora Salgado. Como víctima sólo pido que se haga justicia… Y es que el tiempo que estuvimos ahí encerradas no nos daban de comer. Nos ponían a trabajar muy duro. Yo estuve enferma los tres meses y nadie me atendió”, narró Burgos.
El martes 13, Francisco Flores Jiménez, otro de los presos en la Casa de Justicia liberados en agosto de 2013 por las fuerzas especiales, organizó una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, para dar su versión:
“Yo vine a desmentir todo lo que dicen las chamacas (en alusión a Dulce Rubí). No es verdad, la señora Nestora siempre nos trató (bien), de una manera que valorizáramos las cosas, el trabajo y a los compañeros de la (Policía) Comunitaria; nos daba comida buena, de la que había”, expuso.
Sobre las menores detenidas dijo que sus madres, que hoy son las principales acusadoras de la comandante detenida, le pidieron que ingresaran a sus hijas en la Casa de Justicia, porque “no entendían”.
También reveló que el día que lo liberaron junto con el síndico Armando Patrón y otros presos, el funcionario “nos dijo a todos que denunciáramos a Nestora Salgado por secuestro. Yo me negué”.
Después de la conferencia, Flores Jiménez regresó a Olinalá. Pero tuvo que salir de la comunidad, pues Patrón los amenazó a él y a su familia y le advirtió que no siguiera hablando, comenta el diputado López Suárez.
El viernes 23, dice, Flores Jiménez pidió protección al gobierno estatal ante las amenazas de síndico. El secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, le propuso presentar una denuncia formal contra su acosador para poder ayudarle.
Asimismo, insiste, fue Martínez Chávez quien puso en contacto a las personas liberadas de la Casa de Justicia con Miranda de Wallace, “pues él fue abogado en el caso de su hijo desaparecido”.
Martínez Chávez defiende lo mismo a propietarios de giros negros, como Alejandro Iglesias Rebollo, que a las madres de Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez, hijos de presuntos capos de la droga en Tepito, quienes desaparecieron en el bar Heaven en mayo de 2013.
Fue él quien formó el expediente contra los implicados en el Pemexgate al ser asignado al Ministerio Público de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR.
López Suárez reitera: detrás de Miranda de Wallace y de Martí está el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, “pues sabe que si Nestora sale libre va a detallar cómo le armaron delitos y cómo convencieron a la gente para que la acusaran de secuestro”.
Alejandro Martí ha sido mal informado sobre el caso Nestora, comenta el legislador, pero Miranda sí tendría que explicar “cuál es su relación con Martínez Chávez, vinculado con tráfico de mujeres de Europa y
Centroamérica”.
Proceso buscó a Martínez Chávez en la agrupación de Miranda de Wallace para conversar con él, pero no lo encontró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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