El padre Gregorio López solicitó la intervención de Amnistía Internacional (AI) para denunciar las violaciones a derechos humanos por el caso de dos mujeres integrantes de las denominadas autodefensas que se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Francisco J. Mujica de Morelia, Michoacán, cuando este es un penal exclusivo para hombres.El día de ayer, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, solicitó a la Comisión Permanente que exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que realice una visita urgente a este penal, así como que inicie la queja correspondiente para verificar las condiciones de las dos mujeres autodefensas.
De igual manera pidió que mediante la cámara de Diputados se pida al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tome las medidas necesarias para que a las mujeres se les reubique en un penal femenil.
El Padre Gregorio indicó que una de ellas fue víctima de violación sexual y se encuentra embarazada, no ha sido juzgada y aparentemente las acusaciones por las que fue recluida son falsas, se le incriminó de portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, cuando no llevaba ninguna arma de fuego consigo.
Además de las acusaciones falsas, el que estén recluidas en los mismos separos que los otros 240 autodefensas hombres se encuentran doblemente expuestas a un alto grado de vulnerabilidad que las coloca en discriminación y violencia en su contra.
“Para el PRD esta situación es grave y debe cesar de manera inmediata. Las autoridades han vulnerado el principio de la debida diligencia, ya que no han actuado para evitar las discriminaciones directas surgidas de un proceso judicial que no ha tomado en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, generando con ello un trato discriminatorio y desfavorable con graves consecuencias para estas dos mujeres”, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
El Estado debe sumir la responsabilidad y procurar los derechos humanos de las mujeres en cualquier situación de vulnerabilidad, por lo que “es pertinente que las autoridades competentes inicien las gestiones necesarias para su inmediata reubicación en un penal femenil y para que se inicie la investigación por los posible delitos de violencia sexual en contra de una de ellas, para que se le brinde la atención médica, psicológica y jurídica necesaria que permita la reparación de los daños causado, así como las previsiones y la atención de salud materno infantil, que requiere por su condición de embarazo”, señala el comunicado de la legisladora, sin que se mencione el nombre y edad de las víctimas.
“Los hechos expuestos contienen elementos suficientes para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos y actos de autoridad contrarios a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contrala Mujer (Belém do Pará), así como a los principio de igualdad y no discriminación máximos estándares de la tutela pro persona (en ese caso pro mujeres) que contiene el artículo 1 constitucional”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
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