“El Ejército Mexicano puede mandar un mensaje de apertura, de transparencia, para entender que hoy también las fuerzas militares son instituciones de la democracia”, refirió sobre
“Entendemos que pueden verse estas instalaciones como instalaciones de seguridad nacional, pero también entendemos que la generación de certeza, trasparencia en la normalidad democrática, puede ayudar a estos fenómenos, creo que hay que alejarse de divisiones, de amenazas y riesgo como si se estuviera atentando contra las instituciones nacionales, me parece que el Ejército y el gobierno mexicano tienen una clara oportunidad, para mandar un mensaje de transparencia y confianza”, subrayó.
Además, señaló que para visitar los cuarteles -como lo piden los padres de Ayotzinapa-, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puede ser decisiva.
Sobre la asistencia técnica que la CIDH brindará en este caso, Icaza explicó que un grupo de expertos independientes “busca ser una unidad de trabajo profesionalizada, autónoma, independiente y con una alta capacidad técnica que esencialmente van a desarrollar tres trabajos contenidos en un documento de asistencia técnica”.
“Son tres líneas: la primera es la realización de una evaluación de qué está haciendo el Estado Mexicano en materia de planes de búsqueda; la segunda, es una revisión del trabajo que se hace en materia pericial y en materia penal, que tenga inclusive que ver con trabajos de criminalística; y la tercera, es una evaluación-revisión de lo que se hace en materia de atención victimal”, detalló.
“Son estos tres grandes componentes los que dotan en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzianapa, el grupo de expertos puede hacer también recomendaciones de carácter general, el problema en estructural que pueda ser atendido, este grupo de expertos bajo la figuras jurídicas mexicanas como la coadyuvancia u otras, pudiera incluso hacer denuncias penales si se encuentran elementos para ubicar algunas responsabilidades como resultado de su trabajo”, agregó.
Pero aclaró que “la responsabilidad de la investigación de los hechos es del Estado Mexicano, de la Procuraduría General de la República (PGR) y las instancias competentes. No le toca a la cooperación internacional sustituir a los actores, es su atribución y más en este caso, porque estamos ante un escenario de desaparición forzada, un escenario de desaparición forzada supone una responsabilidad de los agentes del Estado y por lo tanto una responsabilidad del Estado, que es ineludible”.
Detalló que el grupo de expertos “viene a intervenir para coadyuvar, para generar los mayores elementos de certeza, tratar de contribuir a generar una dinámica institucional que ayude a la no repetición de estos hechos, o en su caso a generar capacidades institucionales para investigar de mejor manera este tipo de fenómenos”.
También recordó que en el caso Ayotzinapa “hay un hecho de responsabilidad local en Iguala y estatal en Guerrero y que es un fenómeno del que se tienen que hacer cargo también las autoridades de ese nivel, porque no se puede desdibujar la responsabilidad de estos niveles de gobierno dejándolo solo en un debate a nivel federal”.
“Queda la preocupación de que los esfuerzos no están siendo el tamaño del desafío, México es un país con muchos recursos y muchas capacidades y ojalá pusiera más recursos y más capacidades en buscar a las personas, que el interés que ponen los partidos políticos en buscar votos con recursos públicos”, apuntaló Emilio.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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