En casi todos los casos difíciles las autoridades basan sus juicios en la verdad jurídica y, con base en la comprobación de declaraciones y pruebas científicas, se emiten las sentencias. Para el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el procurador Jesús Murillo Karam actuó al revés por conveniencia.
Sin pruebas contundentes y sólo basadas en dichos conformó la “verdad histórica” sin poder corroborar la historia de la supuesta incineración de los estudiantes confundidos con rivales por el grupo criminal de los Guerreros Unidos.
La investigación de Murillo Karam bien podría irse a la basura si no ofrece la certeza que la sociedad busca en la desaparición de los estudiantes rurales en la que estuvieron involucrados el Ejército, la Policía Federal, el exedil de Iguala y Ángel Aguirre.
No son suficientes 39 confesiones si éstas no son comprobadas, tampoco la detención de 99 personas –policías municipales y sicarios— si no están quienes son autoridades y no actuaron. No hay ninguna verdad si lo único que se quiere es construir a modo una versión y cerrar el caso para que los responsables, entre ellos personajes con intereses políticos dentro del propio gobierno federal, no sean tocados.
Enredado en su propia maraña, Murillo Karam presentó la versión oficial sin tener prueba alguna que corrobore las confesiones de los criminales y policías. Su historia de que se usaron llantas, plástico, gasolina y desperdicios del basurero de Cocula para incinerar 43 cuerpos, sin que nadie se hubiera dado cuenta, carece de sustento pericial y ningún especialista independiente la acepta como cierta.
La participación directa o indirecta del Ejército y la PF la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, es una línea de investigación que ni siquiera se tocó en el informe de Murillo, quien a pregunta expresa de los reporteros dijo que no se tenía prueba alguna de dicha participación en la desaparición de los estudiantes normalistas.
“No hay razón, no hay nadie quien haya intervenido en nada en absoluto. No hay un solo elemento del Ejército que haya intervenido, excepto la ida a la clínica, en donde las declaraciones dicen que fueron, revisaron y se fueron”, aseguró el procurador cuando en la conferencia de prensa se le inquirió si había llamado a declarar a algún miembro del Ejército.
Ahogado en su peor crisis, al gobierno de Peña Nieto le urge dejar atrás el caso de Ayotzinapa. “No podemos quedarnos atrapados en Ayotzinapa”, pidió Peña en un acto previo a la conferencia de Murillo Karam, en la cual éste quiso dar como cerrado el caso de los estudiantes desaparecidos.
Peña y su gobierno le apuestan al desgaste y al cansancio de una buena parte de la sociedad agobiada por la crisis, la violencia y el crimen organizado; pese a ello, esa ciudadanía se ha manifestado en las calles desde el año pasado, sobre todo exigiendo justicia para Ayotzinapa. Tal vez vayan menguando las protestas por este caso, pero seguramente habrá nuevas manifestaciones sociales de repudio al gobierno que cada vez muestra más su ineficacia, inoperancia e incapacidad, un gobierno digno de ser echado al basurero de Cocula.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
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