.jpg)
El ahora exgobernador sostuvo una reunión con diputados federales que daban seguimiento al proceso penal de “comandanta”, detenida por el Ejército Mexicano desde el 22 de agosto de 2013 en la cabecera municipal de Olinalá acusada de al menos 50 secuestros.
A principios de este año, el gobernador interino del estado, Rogelio Ortega, solicitó al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal en favor de Nestora.
Pero liberarla abriría la puerta para excarcelar a todos aquellos que están presos por pertenecer a las Policías Comunitarias y que enfrentan cargos por lesiones, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Federales y hasta terrorismo.
Policías Comunitarias y autodefensas, tendrían que ser medidos con la misma vara.
Bajo esta premisa, bastaría con que cualquier gobernante de un estado donde se presenten autodefensas solicitara el desistimiento de cargos de quienes hayan sido detenidos.
Así, Salvador Jara -gobernador suplente de Michoacán- podría exigir la libertad de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas.
Las autoridades de Guerrero han evaluado que, si se aprueba una Ley de Amnistía, además de Nestora se beneficiaría a al menos 50 de los llamados ‘presos políticos’ detenidos desde 1996 por su participación en actividades de la Policía Comunitaria, movilizaciones políticas y reivindicaciones sociales.
Todos ellos están asociados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) e incluso del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Por esa razón, cuando comenzaron los acercamientos entre el gobierno de Ángel Aguirre y dirigentes de diferentes grupos sociales de Guerrero, se advirtieron los riesgos de avanzar con la liberación de la “comandanta”.
El argumento es que podrían ser liberados delincuentes de alta peligrosidad acusados por delitos del fuero común.
‘Favorece la impunidad’
El documento mediante el cual se analizó el caso de Nestora Salgado detalla que la posible liberación de la “comandanta” podría generar un efecto cascada en otros estados o en el ámbito federal.
“Favorece la impunidad de organizaciones y activistas de perfil contestatario: policías comunitarias, magisterio, fachadas, antisistémicas”, apunta.
Sin embargo, desde que Rogelio Ortega tomó el mando como gobernador interino de Guerrero ha insistido en que Nestora no cuenta con delitos federales y sí tenía autoridad para retener a personas, pues pertenecía a la Policía Comunitaria.
“Se le acusa a la ciudadana Nestora Salgado de 50 secuestros, pero el juez la exoneró de un delito federal (…) Ella podía retener a las personas por ser policía comunitaria”, indicó el gobernador interino, el 15 de enero en una entrevista radiofónica.
Ortega basa su declaración en la Ley número 701 del Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, norma que reconoce y da validez a sistemas normativos internos basados en usos, costumbres y tradiciones.
Pero dicha Ley precisa que el sistema de justicia indígena no debe ser impartido por las autoridades indígenas a su libre arbitrio,
“Antes bien, el sistema normativo interno de justicia debe observar los principios procesales previstos en la constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y particularmente, la dignidad e integridad de las mujeres”, refiere.
Además, en sus declaraciones ante el Juez Cuarto de Primera Instancia de Tepic, Nayarit, Nestora reconoció que no pertenece a ningún grupo indígena y que no fue elegida por los pueblos indígenas náhuatl o tlapaneco, sino por habitantes de la cabecera municipal de Olinalá después de unirse a los policías comunitarios.
Los límites de la ley
Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad y catedrático de la UNAM, explica que los grupos de autodefensa tienen sustento legal en la Constitución, por lo tanto, su existencia no está fuera de la ley.
Sin embargo, especifica que si dichas organizaciones armadas no entregan de inmediato al sospechoso de un delito y asumen funciones de ministerio público y juez, entonces sí violan la ley, tal fue el caso de Nestora.
Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero, ha abogado por la libertad de la líder comunitaria.
El peregrinar de Nestora
El caso Nestora, divide
Desde la semana pasada, la exigencia para que Nestora Salgado y otros presos políticos sean liberados subió de tono.
El Movimiento Popular de Guerrero ha sido el principal promotor de la libertad de la “comandanta”.
Sin embargo, las demandas del grupo -creado en 2013 con el objetivo de revertir la reforma educativa del Gobierno Federal- van más allá. Exigen la libertad de todos los presos políticos.
Juan Rendón Mancilla, integrante del Consejo de Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro, describe que la figura de Nestora como “comandanta” surgió de un movimiento ciudadano legítimo a finales de 2012, cuando la comunidad de Olinalá se cansó de los secuestros, asesinatos y extorsiones cometidos por el grupo delictivo de “Los Rojos”, grupo vinculado a los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, refiere Rendón Mancilla, ella se negó a dejar las armas y comenzó a juzgar bajo su criterio.
Quienes ahora la acusan, aseguran que la “comandanta” detuvo, privó de su libertad y exigió a familiares un pago para liberar a los detenidos. Por eso, se rehúsan a que quede libre.
El lunes 12 de enero, los presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, hicieron un llamado al presidente, Enrique Peña Nieto y a las autoridades del Poder Judicial para que revisen el caso y se lleve a cabo un debido proceso.
En conferencia de prensa, señalaron que la liberación de Nestora es “ilegal y contrario a derecho”.
“El gobernador Rogelio Ortega no tiene facultad para solicitar la libertad de Nestora”, acusaron.
Wallace aseguró que algunas de las presuntas víctimas de la “comandanta” temen por su seguridad ante la posibilidad de que Nestora que de libre.
Por su parte, Martí manifestó que la justicia en la entidad está rebasada, ya que Guerrero es un estado “narcoguerrillero”.
Al día siguiente, los familiares de Nestora enviaron un comunicado público a los medios para desmentir a Miranda de Wallace y reiteraron que han acudido a todas las instancias legales nacionales e internacionales y desde la perspectiva de derechos humanos para demostrar la inocencia de la líder y coordinadora de la Policía comunitaria de Olinalá.
En el documento, los familiares la “comandanta” también señalaron que la postura, tanto De Wallace como Martí, podría obedecer a un interés político y discriminatorio.
La Amnistía como ley
La aprobación de una Ley de Amnistía, tanto federal como estatal, ha sido una demanda histórica y recurrente de grupos armados, organizaciones fachada, radicales y de perfil contestatario.
A nivel Federal, en la historia reciente de México se emitieron tres:
En 1976
Benefició a 230 activistas, en su mayoría universitarios involucrados en el conflicto estudiantil de 1968.
En 1987
Que favoreció a mil 539 personas, muchos de los cuales formaron parte de grupos subversivos o delinquieron impulsados por móviles políticos.
En 1994
La cual pretendía beneficiar a personas que participaron en los hechos de violencia ocurridos en Chiapas del 1 al 20 de enero de 1994. Ninguna persona se acogió al beneficio.
A nivel estatal
En Oaxaca
> A finales del 2000, se aprobó una Ley de Amnistía que benefició a más de 200 personas, 60 de las cuales fueron excarceladas, la mayoría formaron parte del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
En Guerrero
> Se promulgaron leyes de amnistía en 1978, 1981 y las más reciente en el 2002 a noviembre de 2003. En la última fueron liberadas 24 personas acusadas por delitos no graves del fuero común.
El peregrinar de Nestora
Desde que fue detenida, la líder de la CRAC ha encendido el debate sobre si es una activista o una delincuente.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario