Los familiares de los estudiantes desaparecidos lograron una de sus principales exigencias: entrar a las instalaciones del Ejército para buscar a los jóvenes.
Un día después de un enfrentamiento entre manifestantes y elementos del Ejército en Iguala, Guerrero, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron ayer 13 de enero con funcionarios federales.
En el encuentro, las autoridades mexicanas aceptaron la exigencia que cuausó el choque del día anterior: permitir a los padres entrar a los cuarteles militares del Ejército para buscar a los estudiantes.
Las instalaciones del Ejército “están abiertas a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, el vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, dijo este miércoles 14 de enero que “la intención es de buscar en todos los cuarteles del país, no nada más de Guerrero”.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión entre familiares y autoridades–la primera de este año–, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, confirmó el martes 13 de enero que ninguna declaración indica que elementos de Ejército o de algún cuerpo de seguridad federal participaran en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
Zerón de Lucio también informó que 97 personas han sido detenidas, que la búsqueda de los desaparecidos no se ha suspendido –a pesar de que las autoridades han informado que hay “indicios” de que los jóvenes fueron asesinados y quemados desde el 26 de septiembre pasado, cuando desaparecieron tras un ataque a tiros por parte de la policía municipal de Iguala–; agregó que habrá una reunión el 17 de enero de autoridades educativas federales y locales con estudiantes, profesores y directivos de la Normal Rural Isidro Burgos.
El titular de la Agencia de Investigación Criminal indicó que existen 82 tomos y 13 anexos derivados de las investigaciones, los cuales han sido consultados por los representantes legales de los normalistas desaparecidos del 26 de septiembre de 2014.
El funcionario de la PGR afirmó además que se giró una nueva orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda Villa por el delito de delincuencia organizada, la cual también contempla a 53 personas más.
Abundó que contra José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, y otras 45 personas se giró otra nueva orden de aprehensión por el delito de secuestro, que contempla la desaparición de los jóvenes normalistas. Abarca está preso ya, pero no se le había señalado ningún delito relacionado con los estudiantes de Ayotzinapa.
En ese sentido, Zerón de Lucio detalló que se giró igualmente una nueva orden de aprehensión contra cinco policías de Iguala por el delito de desaparición forzada, en relación con los cuerpos hallados en las primeras fosas que se encontraron en ese lugar.
El director en jefe de esa agencia de la PGR también dio a conocer que se dictó auto de formal prisión a 10 policías detenidos en días pasados por el caso Iguala, y aseveró que todas las declaraciones cuentan con sustento jurídico.
Además se han practicado 16 cateos y 385 personas han declarado, incluidos 36 militares, al tiempo que se han realizado 93 peritajes telefónicos como parte de las indagatorias.
Agregó que se han girado 221 órdenes de aprehensión, que se han agotado todas las líneas de investigación y que la búsqueda de los normalistas en ningún momento ha sido suspendida.
Zerón de Lucio fue enfático al subrayar que ninguna declaración indica que elementos del Ejército Mexicano tuvieron participación en la desaparición de los estudiantes.
También dio a conocer que durante la reunión de esta tarde, los padres de los 42 desaparecidos solicitaron una ambulancia y servicio médico para atender a estudiantes y personal de la Normal Raúl Isidro Burgos, lo cual será atendido a la brevedad posible.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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