Insisten en tales comicios aunque los resultados no sean producto de la expresión genuina de la voluntad popular. Creen que depositar la boleta en la urna es sinónimo de elegir, cuando en este como en muchos otros casos no es así, porque el proceso tiene vicios que no permiten la realización de elecciones democráticas, sino simplemente la ejecución de un acto mecánico previamente condicionado.
No es la primera vez que se presenta esta situación en México. Todo lo contrario. Fue la norma durante los más de 70 años del priiato, cuando las elecciones eran simplemente un ritual para validar el proceso de renovación de autoridades. Pero al margen de esa reiterada simulación, en las últimas dos décadas hay varios antecedentes de jornadas electorales desarrolladas bajo el asedio de la inseguridad, la violencia y/o el descontento social.
La primera y más significativa, por todo lo que involucró, fue la ocurrida el 21 de agosto de 1994 en Chiapas, para elegir gobernador en plena crisis por el alzamiento zapatista del 1 de enero de ese año. En los estertores del priiato, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y sus fieles seguidores ordenaron que se organizaran las votaciones y que ganara el candidato a gobernador del PRI, Eduardo Robledo Rincón, con un poco más de la mitad de los votos (50.5% fue el resultado oficial), tal como lo habían hecho en su caso seis años antes.
Las autoridades electorales cumplieron las instrucciones y Robledo pudo tomar posesión de la gubernatura el 8 de diciembre de ese mismo año, en presencia del flamante presidente Ernesto Zedillo; pero eso no fue suficiente para que pudiera gobernar (otra de las confusiones comunes en México) y, por lo tanto, el 14 de febrero (69 días después) tuvo que renunciar a su cargo (aunque para evitar la convocatoria a nuevos comicios lo hizo bajo la forma de licencia indefinida).
Julio César Ruiz Ferro rindió protesta como gobernador el 17 de febrero de 1995, pero tampoco pudo concluir el mandato, pues la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 lo obligó a dimitir. Roberto Albores rindió protesta el 7 de enero de 1998.
Es evidente que se cumplió con el acto protocolario, pero fue inútil, ya que el designado apenas superó los dos meses como gobernador, agudizó la ingobernabilidad en la entidad y obligó a la designación de otros dos gobernadores en esos seis años. Primero fue el descontento social imperante en la entidad la causa de la renuncia de Robledo; y después fue la violencia la que obligó a dimitir a su sucesor.
Asimismo, la violencia y la inseguridad generadas por el crimen organizado han impactado severamente los procesos electorales en otras dos entidades en el último lustro. Primero en Tamaulipas, donde los cárteles amenazan, atentan contra candidatos y los asesinan; el más sonado fue el de Rodolfo Torre Cantú, candidato priista a la gubernatura, el 28 de junio de 2010, a escasos seis días de la jornada electoral. En el primer caso, Egidio Torre Cantú, hermano del candidato asesinado y postulante sustituto, resultó elegido y todo indica que podrá concluir su mandato, aunque no gobernar su entidad, que sigue controlada por el crimen organizado, a pesar de las intervenciones del gobierno federal.
En el segundo caso, en Michoacán, Fausto Vallejo fue elegido gobernador y tomó posesión el 15 de febrero de 2012, pero en abril de 2013 solicitó licencia para atender problemas de salud; el interino, Jesús Reyna García, se halla en estos momentos encarcelado y bajo proceso por sus presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios. Vallejo regresó al poder en octubre del 2013, y cuatro meses después, en enero del 2014, el presidente designó a Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Finalmente Vallejo renunció a su cargo el 18 de junio y su hijo Rodrigo Vallejo fue arrestado, también por vínculos con la delincuencia organizada, en agosto de ese año. En este caso pudieron igualmente celebrar las votaciones y el mandatario tomar posesión, pero tuvo que dimitir y el estado quedó sumido hasta ahora en una severa crisis de ingobernabilidad.
En Guerrero se conjugan los dos factores: inconformidad social y violencia e inseguridad generalizadas por la presencia del crimen organizado. Aunque se logre controlar a los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de la Asamblea Nacional Popular, que retomaron su plan de acción para impedir los comicios, el crimen organizado mantiene el control de amplias zonas del territorio estatal e incidirá en la designación de candidatos, condicionará el voto de comunidades o municipios enteros y determinará buena parte del resultado que arrojen las boletas depositadas en las urnas.
Podrán instalarse las casillas y los habitantes de Guerrero podrán votar, aunque la ciudadanía no estará eligiendo a sus autoridades, pues no existen las condiciones para postular libremente candidatos, ni hay opciones para elegir y emitir un voto libre y secreto.
En lugar de persistir inercialmente en una ruta que ha demostrado repetidamente su fracaso, las autoridades electorales y las civiles deben considerar seriamente recurrir a la alternativa planteada en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, declarar el estado de emergencia y suspender por un tiempo limitado derechos y garantías. Una vez que se logre restablecer el orden, el Senado –de conformidad con el artículo 76 de la misma Constitución– debería designar un gobernador provisional que convoque a elecciones.
Con características distintas, la situación de Michoacán es exactamente la misma, por lo cual también hay que explorar esta ruta. Basta de simulaciones. Hay que reconocer la gravedad de la crisis y encararla realista y decididamente. Cualquier otra opción lo único que provocará es el agravamiento de la ingobernabilidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
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