Al rendir su informe en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también señaló como autoridades con más casos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), con mil 177 quejas.
Siguen la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 642; Policía Federal, 580; ISSSTE, 538; Secretaría de Educación Pública (SEP), con 530; Procuraduría General de la República (PGR), con 487; Instituto Nacional de Migración (INM), con 450; a la Secretaría de Marina Armada de México, con 374, y el INFONAVIT, con 326 quejas.
Indicó a los senadores y diputados que con relación a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH, todas ellas del ámbito municipal, el organismo nacional ejercerá plenamente sus facultades.
“Es de subrayarse que cinco autoridades no aceptaron las recomendaciones del Ombudsman nacional. Me refiero a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuacotzingo, Guerrero; Florencio Villarreal, Guerrero, y Guachinango, Jalisco. La CNDH ejercerá plenamente las facultades con que cuenta ante el rechazo o incumplimiento de sus recomendaciones”, subrayó.
En cuanto a la información cuantitativa de las acciones desarrolladas, González Pérez explicó que se revisará el diseño y esquemas operativos para que los programas de atención se enfoquen a las víctimas y a los temas prioritarios de cada área, a fin de que se refleje la incidencia real de las acciones en la materia a la que sean dirigidas.
Precisó que en adelante, la CNDH será acuciosa en la evaluación, seguimiento y ponderación de la eficacia de estas acciones, para garantizar su contribución a la convivencia democrática, cuyo centro sea el respeto a los derechos humanos.
Agregó que en lo sucesivo, el informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión presentará un reporte de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades renuentes a colaborar o a cumplir recomendaciones y, por supuesto, las reformas necesarias que abonen a mejorar el respeto y defensa de los derechos humanos
González Pérez también informó que se establecerán criterios objetivos para la calificación de las violaciones graves a derechos humanos, con parámetros sustentados en prácticas internacionales en favor de la protección a las víctimas.
En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta (enero-diciembre 2014) este organismo nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla.
Dicha recomendación fue con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, y refirió que ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento.
Indicó que se emitió una Recomendación General sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos.
“Es pertinente señalar que en este tipo de recomendaciones sería deseable que las mismas requirieran la aceptación por parte de las autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual, se tendrían que promover las reformas legales conducentes para que tuvieran mayor fuerza y su contenido sirviera para formular políticas públicas”, apuntó.
Al concluir su informe, planteó a los legisladores que la lucha en contra de la impunidad y en favor de la vigencia del Estado democrático y social de derecho es hoy un clamor nacional, pero la condición para avanzar decididamente en esta área es el combate frontal contra la corrupción.
“Requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUIN NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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