México sigue agitado por la respuesta del gobierno al secuestro de 43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía municipal en el estado de Guerrero, al suroeste de México, y aparentemente asesinados por narcotraficantes. La investigación del caso parece estar estancada. La respuesta política de Peña Nieto a la masacre es una iniciativa de reforma constitucional para abolir las fuerzas municipales. Pero el Congreso podría no aprobarla, entre otras cosas porque algunas están menos dañadas que las fuerzas estatales que quedarían en su lugar.
En defensa del gobierno, el estado de derecho no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer a la policía del país. Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los mandos políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está marcado por el escándalo.
El más reciente bochorno, publicado esta semana por The Wall Street Journal, es que en 2005 Peña compró una casa de un pequeño constructor que había ganado una gran cantidad de contratos en su administración. Esto siguió después de las revelaciones de que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa de $500 mil dólares en un club de golf de moda, con un crédito del propio vendedor, una compañía propiedad de Juan Armando Hinojosa. Ese empresario ha recibido mucho trabajo del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando Peña fue gobernador y Videgaray su secretario de finanzas.
Esto confirma los nexos cercanos entre esta administración y Grupo Higa, el imperio de Hinojosa. En noviembre, el gobierno canceló abruptamente un contrato de $3 mil 700 millones de dólares, para un tren de alta velocidad otorgado a un consorcio que incluía a Grupo Higa. Días después se reveló que la palaciega casa presidencial había sido comprada con una gran hipoteca, otorgada a la primera dama por el grupo empresarial.
Ambos, Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a las que México aspira a pertenecer, el tipo de relación de rascaespaldas que aparentemente emprendieron con Grupo Higa es vista como comportamiento inaceptable.
Si se toman en serio la lucha contra la corrupción y el conflicto de interés, los líderes políticos de México pueden mirar a Brasil. Petrobras, la empresa petrolera controlada por el gobierno brasileño, está envuelta en un escándalo mucho mayor, que involucra sobornos de quizá 4 mil millones de dólares en la década pasada. Los fiscales creen que el dinero fue a parar al partido en el poder, el de los Trabajadores, y a sus aliados del gobierno. La presidente, Dilma Rousseff, presidió el consejo directivo de Petrobras durante gran parte de ese periodo.
Gracias a fiscales y cortes ferozmente independientes, y una nueva rigurosa ley antisobornos, los brasileños pueden estar confiados que los delitos en Petrobras serán investigados y castigados -incluso si el juicio conduce a la propia Rousseff. En 1992, un presidente brasileño fue sometido a juicio por corrupción; más recientemente, varios ministros se han visto forzados a renunciar por contratos controversiales o vínculos no éticos con negocios privados. Docenas de directivos de empresas del ramo de la construcción, contratadas por Petrobras, enfrentan cargos criminales.
Para que ese tipo de cosas se puedan pensar para México, se necesitan varios cambios. Las propuestas para una fiscalía independiente y una agencia anticorrupción deberían pasar por la vía rápida (tristemente, los partidarios de Peña quieren que esta última esté bajo el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad ni ha renunciado por las fallas en seguridad, las dudas en el contrato del tren o conflicto de interés. Nadie ha privado a Grupo Higa de los contratos del gobierno mientras se investiga de manera independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa.
“No se han dado cuenta que no se dan cuenta”, dijo un ex funcionario de alto rango. Pero los mexicanos ya se dieron cuenta. El índice de aprobación de Peña cayó hasta el 40%, cerca del nivel más bajo en la historia para un presidente mexicano.
Sus audaces reformas económicas aún pueden traer recompensas políticas. La división de la oposición puede ayudarle en las elecciones del Congreso que se realizarán en junio. Pero los meses pasados han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las encuestas sugiriendo que la participación en las elecciones será decepcionante, el mayor beneficiado de la escepticismo que está engendrando el presidente podría ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico, quien ha estado a punto de ganar la presidencia en dos ocasiones. México se merece algo mejor.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ THE ECONOMIST
AUTOR: REDACCIÓN.
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