En entrevista para Aristegui CNN, indicó que el anuncio de la PGR esta semana -sobre la “verdad histórica” de los hechos- no se les notificó previamente a los padres de los estudiantes.
“De una manera objetiva y contundente señalaron 10 puntos por los cuales no se puede dar carpetazo al caso y esos 10 puntos se plantean ante la autoridad, pero también ante cierto sector de la opinión pública que quisiera ya ver a los padres en una suerte de aceptación incondicional de la versión oficial que está brindando la PGR”, expuso.
Aguirre explicó que en la investigación “se describieron muchos peritajes”, pero “han sido realizados por el área de periciales de la PGR, pero como los familiares han insistido, la identificación de genética forense tenía que realizarse también por peritos independientes. La certeza jurídica sobre la hipótesis oficial tiene que contrastarse con el trabajo de científicos independientes y eso todavía no ocurre”.
Además, dijo que la PGR da un peso específico muy importante de declaraciones de presuntos delincuentes, rendidas ante el Ministerio Público, “en un país donde tenemos bien documentado que ocurre la coacción, tratos crueles, incluso la tortura cuando las personas declaran ante el Ministerio Público, ese peso de inculpados, privados de su libertad, asegurados por el Ministerio Público, declarando. Desde luego que induce a no poder asignarle plena credibilidad a esas declaraciones, es un elemento real”.
Respecto al normalista Julio César Mondragón, quien fue desollado, Aguirre mencionó que ese homicidio “no mereció una sola mención en la conferencia de prensa y es un hecho que por su atrocidad, pero también por su relevancia para entender lo que ocurrió, debe de ser esclarecido y no ha formado parte de esta narrativa oficial de la PGR”.
Si se afirma que la de la PGR es la versión oficial y que estaríamos ante una “verdad histórica”, “la pregunta es ¿cómo podemos llegar a ese nivel de certeza, cuando no han sido detenidas personas que la propia PGR identifica como fundamentales para entender lo que ocurrió en esa versión oficial?”, preguntó.
“Hablamos de Felipe Flores, responsable de la policía de Iguala que sigue prófugo y que sigue prófugo a pesar de declarar el día 27 de septiembre ante el Ministerio Público, hablamos de Francisco Salgado Balladares, su subalterno; hablamos de Gildardo Astudillo, uno de los líderes regionales de Guerreros Unidos; hablamos de Ángel Casarrubias Salgado, otro de los líderes regionales de Guerreros Unidos. Hay una serie de personas que en la versión oficial tendrían un peso muy relevante y que hoy continúan prófugos y así no podemos hablar de verdad histórica”, enfatizó.
También recordó que “al día de hoy no hay un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada, las consignaciones han sido por el delito de secuestro, delincuencia organizada, homicidio en otros casos, pero no hay un solo acusado ante juez de desaparición forzada”.
“A cuatro meses de los hechos es difícil ver jurídicamente cómo podrán corregir acusaciones que ya han sido formuladas y el tema de la desaparición forzada es fundamental, porque no se puede equiparar secuestro a la desaparición, en la desaparición está implícito un elemento fundamental que es la responsabilidad del Estado, no es un tema de la cantidad de penas o gravedad de la penalidad como se quiso presentar en la conferencia”, detalló.
Aguirre apuntó que “en el expediente sí hay indicios para investigar al Ejército. En concreto, estamos señalando que hay una declaración de un policía, que narra cómo, al menos desde el año 2013, había dado aviso al Ejército Mexicano de que la policía de Cocula estaba controlada por César Nava, director policía municipal, y por lo tanto por Guerreros Unidos”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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